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» Elterritorio
Fecha: 09/11/2025 07:39
Fundación Alameda denunció ante la Procuraduría de Trata de Personas posible explotación sexual contra joven de 18 años. Apartaron a un sargento sospechado. domingo 09 de noviembre de 2025 | 2:00hs. La denuncia inicial fue por abuso sexual: la radicó la víctima el 27 de octubre en la Comisaría de la Mujer local. El jueves último la Jefatura de la Policía de Misiones confirmó que apartó preventivamente al sargento ayudante Carlos D., sospechoso de abusar sexualmente de una joven de 18 años en un camping de San Ignacio, y de integrar una presunta red de trata de la que la víctima habría logrado salir y denunciar, después de varios días amenazada y sometida. El caso, con asiento judicial en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, disparó alertas, e incluso reavivó historias de familias sobrevivientes de trata. La rápida repercusión permitió que llegara a oídos de especialistas en la materia a nivel nacional. Entre ellos, la Fundación Alameda, desde donde advirtieron una serie de irregularidades que para sospechar que se trataría de un hecho de explotación sexual y que funcionaría con presunta connivencia de la fuerza policial. Por ello, el miércoles 5 de noviembre radicaron una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, y de acuerdo a lo que pudo confirmar José María Serbín, delegado en el NEA de la Fundación a El Territorio, el organismo nacional ya inició un expediente y trabaja en las investigaciones preliminares (IP) para determinar si el episodio que sufrió la joven -oriunda de Loreto- se enmarca en este delito que preocupó y puso en vilo a toda una comunidad. Lo que surja de estas primeras pesquisas, explicaron, se elevará a la Fiscalía Federal de Oberá para que decida cómo seguir. Por el momento, la Fiscalía Dos de Jardín América debe determinar su competencia para investigar el hecho. El sumario no tuvo mayores novedades en la última semana, de acuerdo a lo que pudo saber este diario a través de voceros del caso. La mentira del trabajo De acuerdo a la denuncia que realizó la joven en la Comisaría de la Mujer de San Ignacio, el vínculo con uno de los sospechosos se remonta a días antes del operativo. Pareja de una amiga suya, frecuentaban reuniones. “Le tomé confianza (reconoció) y le pedía plata, no todos los días. Pero llegó un momento en que era mucho dinero: como yo no tenía la plata, me decía ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme’ y me empezó a dar cocaína para que venda”, relató. Bajo esa dependencia económica y amenazada, la joven cumplió con esas tareas hasta saldar su deuda. “Cuando ya estaba todo, le pagué la cuenta y me ofreció un trabajo en Loreto. Yo acepté, pero como me pagaban muy poco, me ofrecieron otro”, recordó. El día que la citaron para hablar sería el comienzo de lo peor. “Me mandó un remís y me pidió para hablar en el camping (La Familia). Me ofreció el trabajo y yo le dije que tenía que pensar”. Decidida a irse del lugar, la frenó uno de los tres sospechosos -aunque no detenidos- del caso. “Me ofreció acercarme a mi casa, le dije que no- ‘Es muy lejos’, decía, así que subimos al auto y empezamos a tomar; dimos vueltas, volvimos al mismo lugar y empecé a marearme”, recordó. “Cuando llegué a la cabaña sentí como un pinchazo (...) Cuando desperté había 5 hombres al lado mío, me desperté con dolor”, describió. Esa serie de hechos y el modo en que fue engañada motivaron a la Fundación a denunciar lo sucedido ante la PROTEX. Entre los indicios de trata, advirtieron “el engaño en la captación de esta joven por parte de algunas personas, entre ellos alguien vinculado a la fuerza policial de Misiones, y después el hecho de que encontraron a esta persona en una cabaña junto a varios, y que aparentemente fue drogada”. El especialista recalcó que “esta chica fue llevada engañada a un supuesto trabajo, donde es aparentemente captada. Pero además ya había sido captada con anterioridad: la estaban usando específicamente como un soldadito del narcotráfico, que suele ser muy común en redes de trata”. En particular, disparó preocupación el hecho de que uno de los sospechosos fuera un sargento, identificado por la propia víctima. “Mayormente el delito de trata tiene la particularidad de que siempre hay algún funcionario o algún miembro del Estado, ya sea del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo. Siempre está la participación de algún funcionario, que ‘libera’ zonas o que es parte de la red para organizarla”, precisó Serbín al referirse al modus operandi con el que funciona la trata de personas. Si bien la construcción de pruebas todavía está en ciernes, lo principal, remarcó, es no dejar pasar un caso así. “Nosotros, ante la duda, lo que inmediatamente hacemos es denunciar esta situación y que la justicia sea la que investigue, que en todo caso si es que no hay trata, se comprobará que no existe y avanzarán sobre los delitos que se configuraron ahí”, añadió en entrevista con Radio Up. Sospechas de encubrimiento A la sensibilidad del caso se sumaron sospechas de posible encubrimiento institucional y trabas para el normal proceder de la denuncia. Algo sobre lo que Alameda también advirtió en un comunicado difundido en su sitio oficial, que parte de la misma denuncia de Claudio Benítez, padre de la víctima y policía de Loreto, quien acusó que -a una semana de lo acontecido- su familia no había recibido acompañamiento psicológico ni atención de camaradas de la Policía, y tampoco habían sido aceptados para acompañar a su hija a contar lo sucedido. “Benítez cree que no solamente el oficial al que encuentran con su hija dentro de la cabaña estaría involucrado, sino también algunos funcionarios de alto rango de la Unidad Regional XIII de San Ignacio, por el comportamiento que estuvieron ante él, que además era un colega”, señaló Serbín. Sucede que, al momento de radicar la denuncia, al agente “ni a su mujer los dejaron entrar con su hija, una persona vulnerable. Y además no le entregaban la copia de la denuncia a la joven”. Según señaló Serbín, “ante el pedido de la entrega de la copia, la jefa de la Comisaría de la Mujer le había expresado que todavía no la había terminado, que la iban a terminar después”. Otro punto que generó sospechas habría sido el incorrecto secuestro de los celulares de los sospechosos. “No fueron entregados inmediatamente, o a una oficial del área de ciberseguridad que los estaban solicitando”, indicó. Por esta seguidilla de conductas llamativas para un caso de esta complejidad, “apuntamos a varios funcionarios que han tenido una actitud que puede llegar a ser reprochable, que por lo menos entendíamos que sostenían algún tipo de sesgo que podría tratarse de un encubrimiento”, señaló el delegado. Intervención federal Serbín aclaró que el caso podría volver a foja cero de haber pruebas de encubrimiento policial, por contaminación u omisión de evidencia. “Corresponde ahí, en principio, que la Justicia cite al Juzgado o Fiscalía Provincial para evaluar el caso”. Explicó que “cuando hay ya una acción consumada, como la que sucedió en este caso, lo que mayormente hace la justicia federal es solicitar la causa y a partir de ahí comienza todo el proceso de investigación. Será la Justicia la que determine cuándo apartar a la fuerza policial de la instrucción. De momento, el sargento sospechoso fue separado de forma preventiva de sus funciones; al padre de la víctima le dieron licencia y al comisario que intervino en el operativo, Rubén Dos Santos, lo trasladaron a Eldorado. Proteger a la víctima desde el minuto uno Desde la Fundación Alameda recalcaron que los protocolos de intervención y protección de víctimas de trata sexual o laboral de personas deben activarse y disponerse desde el primer momento. “Ante un allanamiento que se hace -como por ejemplo el procedimiento que se hizo en la cabaña- y ante una presunción de una situación de trata, lo que primero hay que hacer es comunicar a un juzgado federal”, precisó José María Serbín. Ese Juzgado o Fiscalía es el que debe disponer la inmediata intervención del Programa de Rescate, con equipo interdisciplinario y capacitado para tomar contacto con la persona rescatada para recabar datos iniciales de lo que habría vivido. “En este programa hay personas que tienen la formación y la capacidad de poder abordar a presuntas víctimas de trata. Son auxiliares de la Justicia y quienes a veces, más en un allanamiento y en un procedimiento, se encargan de hablar con las víctimas y evaluar si existía alguna situación que pudiera referir a un hecho de trata”, explicó.
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