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» Misionesopina
Fecha: 06/11/2025 20:58
El comisario Rubén Dos Santos, jefe del operativo policial que intervino en un presunto caso de abuso sexual y posible trata de personas en San Ignacio, denunció haber sido amenazado por el intendente de esa localidad, Esteban Romero. Tras el episodio y ante la falta de respaldo institucional, el oficial pidió su retiro voluntario de la fuerza, a menos de tres meses de acceder a la jubilación. Según relató su hermano, Gustavo Dos Santos, en diálogo con Radio Up, el hecho ocurrió días después del procedimiento realizado el 27 de octubre. “Mi hermano estaba cambiando las gomas de su vehículo cuando el intendente pasó, dio la vuelta y volvió para encararlo. Le dijo: ‘¿Sabés quién soy yo?’, y cuando mi hermano respondió que sí, le contestó: ‘Ya me encargué de que te trasladen y de que dejes la fuerza’”, relató. Luego agregó que Romero lo habría amenazado con hacerlo “desaparecer del pueblo”. El propio Gustavo aseguró que el episodio fue denunciado ante la Jefatura de la Policía en Posadas, aunque cuestionó la respuesta institucional: “Cuando mi hermano llamó al jefe de la Unidad Regional XIII, le cortó la llamada diciendo que el intendente lo estaba llamando. Después supimos que incluso le tomaron denuncia al intendente diciendo que mi hermano lo había amenazado”. Testigos citados por la emisora afirmaron que fue el jefe comunal quien se acercó al comisario y lo increpó en tono violento, “apuntándolo con el dedo como si fuera un arma”. El traslado de Dos Santos a Eldorado se concretó días después, pero el comisario decidió no acatar la orden y formalizó su pedido de retiro voluntario, al considerar que la situación representaba una “degradación institucional”. La familia del oficial sospecha que el conflicto se originó a raíz del operativo que dirigió en San Ignacio, en el que fueron demorados tres hombres acusados de abuso sexual. El procedimiento habría incomodado a sectores locales con vínculos en la administración municipal. Mientras tanto, la causa por el hecho que motivó el operativo continúa bajo investigación en el Juzgado de Instrucción de Jardín América. Desde el Programa Provincial de Lucha contra la Trata aclararon que, por el momento, el expediente está caratulado como abuso sexual y no como trata de personas. El episodio reavivó el debate sobre la autonomía policial frente al poder político local. En San Ignacio, la comunidad observa con preocupación cómo un funcionario electo es acusado de intimidar a un agente que simplemente cumplía con su deber
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