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» El Ciudadano
Fecha: 02/11/2025 16:57
En 2024 el compromiso era para 2025. No ocurrió pero ahora sí, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe confirmó que el inicio del debate oral y público de la causa conocida como Laguna Paiva será el miércoles 29 de abril de 2026. El juicio investigará crímenes cometidos en 1980, durante la última dictadura militar. En la primera elevación de la causa, cuyo nombre formal es Chartier, se juzgaron hechos ocurridos entre febrero y abril de 1980, cuando fueron secuestrados once trabajadores del Frigorífico Nelson —a diez kilómetros de Laguna Paiva—, que pertenecían a la agrupación sindical La Lucha, que a su vez integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Catalino Páez, referente del PRT, es uno de los protagonistas de esta historia: para agarrarlo a él las fuerzas represivas montaron un operativo a gran escala que incluyó a varias localidades santafesinas y bonaerenses, se llevaron a los familiares de él hasta que lo secuestraron en Lima, al norte de Buenos Aires. Junto a Catalino se llevaron a su hijo Mario, que entonces tenía 14 años. Cumplió 15 en un centro clandestino de detención. Fue el único caso de alguien menor de edad que fue juzgado en la primera elevación, ahora en 2026 se investigará, además, lo que les pasó a sus hermanos y primos, menores también. Algunos fueron llevados a centros clandestinos y otros quedaron solos, por eso la querella utiliza la figura de abandono. El más chico tenía apenas un año, los mayores no más de 13 años. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. Habrá cuatro imputados y se investigarán 29 casos que incluyen secuestros, torturas y abandono de persona. La primera elevación de esta causa tuvo sentencia en 2021, de ese juicio se desprendieron muchos testimonios que finalmente serán incluidos como casos ahora en esta segunda elevación. Los imputados son: Antonio Parvelotti, subjefe del departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Enrique Riuli, oficial del departamento de Informaciones Policiales D-2; Víctor Hermes Brusa, ex juez federal, al momento de los hechos secretario del juzgado federal; y Oscar Alberto Cayetano Valdez, oficial departamento de Informaciones Policiales D-2. En el medio falleció Fernando Sebastián Mendoza, comisario de Laguna Paiva. Había sido condenado en la primera elevación. Tal como informó este medio en notas previas, el único que, hasta ahora, no recibió ninguna condena por delitos de lesa humanidad es Parvelotti; en cambio Riuli fue condenado en Laguna Paiva I con una pena que la querella consideró muy baja; Cayetano Valdez y Brusa tienen condenas a prisión perpetua en otras causas. El personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial se ocupó de los secuestros y torturas aplicadas sobre los trabajadores del frigorífico. Más tarde, las víctimas fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles: Rawson, Caseros, Devoto y Coronda. Muchos de estos encarcelamientos siguieron hasta agosto de 1984, ya en democracia. En este nuevo juicio también se seguirá investigando secuestros a trabajadores del Frigorífico Nelson porque algunos de los acusados no llegaron a ser juzgados por estos hechos, explicó Federico Pagliero, uno de los abogados querellantes, . “En relación a las expectativas, estamos muy contentos desde Apdh con este nuevo inicio, de un nuevo debate oral y público, que es ejemplo a nivel mundial. Es un orgullo representar a los obreros del frigorífico de Nelson, a las familias de Laguna Paiva y a esas infancias que tuvieron el valor de declarar, de abrir este nuevo debate. Vamos a acompañarlos y representarlos en este nuevo juicio con mucho honor y honra. Y por supuesto exigiendo que Argentina continúe con este camino ejemplar de juzgamiento del genocidio que sufrió nuestro pueblo”, expresó Pagliero. El abogado, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) consideró que esta nueva elevación, después de movilizaciones de organismos este año que reclamaron el juicio, ayuda a “romper esta impunidad y también dar la posibilidad a este actor social que son las infancias, cuyos testimonios han sido muy duros. El Estado tiene el deber de escuchar a estas personas y reparar a esas infancias con condenas ejemplares para los genocidas que vana a estar sentados en el banquillo de los acusados”.
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