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» Diario Cordoba
Fecha: 03/11/2025 05:24
Álvaro García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, protagonizó presuntamente "una actuación coordinada e impulsada personalmente" para revelar datos de Alberto González Amador, el empresario que es pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. Esta es la tesis con la que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó la investigación que inició hace ahora aproximadamente un año, y que sienta en el banquillo al jefe de los fiscales españoles sin que haya sido relevado del cargo o suspendido de sus funciones. El origen de toda esta causa, que algunos califican de histórica, se originó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde acudió González Amador en marzo de 2024 tras conocer que datos confidenciales de las comunicaciones entre su abogado, Carlos Neira, y el fiscal al que había correspondido su caso por fraude habían sido utilizados en una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid. Apuntaba también al fiscal general por un delito de revelación de secretos como responsable último de la filtración del e-mail completo a determinados medios de comunicación. El asunto acabó escalando al Tribunal Supremo por la condición de aforado de García Ortiz. La defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, mantiene otro relato bien diferente: los datos revelados no vulneraron ningún secreto, puesto que ya habían sido difundidos en la prensa antes de la nota de prensa, y además la publicación de este documento obedecía a un objetivo lícito, como era combatir un bulo que tenía su origen en el propio responsable del Gabinete de Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, actuando como "aparato institucional de la Comunidad de Madrid", habría difundido que la propuesta de pacto partía de la propia Fiscalía y después se había retirado "por órdenes de arriba", con el fin de presentar a González Amador como "víctima" del Gobierno, según reza el escrito de defensa del fiscal general. Siete magistrados Estas dos tesis serán las que tendrá que analizar a partir de este lunes un tribunal que integran un total de siete magistrados del Tribunal Supremo, de tendencia mayoritariamente conservadora. El fiscal general será juzgado por los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, y Andrés Martínez Arrieta, y completarán la sala las magistradas de sensibilidad progresista Susana Polo y Ana Ferrer. La Fiscalía no acusa en este procedimiento, y argumenta en favor de la absolución de García Ortiz de la mano de los Servicios Jurídicos del Estado. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, sale de los Juzgados de Plaza de Castilla tras declarar. / Mateo Lanzuela - Europa Press Frente a estos planteamientos pleitea la acusación particular en nombre de González Amador, que pide para él 4 años de prisión. Su petición coincide con lo que reclama como acusación popular el Colegio de la Abogacía de Madrid o Manos Limpias. Otra de las acusaciones, que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, eleva su petición de cárcel para el fiscal general hasta los 6 años. Fuera del procedimiento ha quedado la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez que fue inicialmente imputada, mientras que solo por el hecho de llegar a juicio García Ortiz ya ha tenido que depositar una fianza de 75.000 euros para asegurar la responsabilidad civil a la que pudiera ser condenado. La pieza de Moncloa A la hora de validar la investigación del juez Hurtado, la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo únicamente dio la razón a la Fiscalía y las defensas sobre una afirmación concreta del instructor, que apuntó en su auto de procesamiento que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" para revelar los mensajes del pacto de conformidad. Para los magistrados que revisaron las pesquisas este extremo no había podido ser acreditado "con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible". Sin embargo, sí han sido llamados como testigos el ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato y la que fuera asesora en el Gabinete del presidente Pedro Sánchez en el momento de los hechos Pilar Sánchez-Acera. Los mensajes que ambos se intercambiaron en la mañana del 14 de marzo de 2024 podrían acreditar, según las acusaciones personadas en este procedimiento, que el Gobierno pudo acceso al e-mail que contenía la confesión de dos delitos fiscales por parte de González Amador antes de que este documento se publicara de forma íntegra en la prensa. Las dudas sobre cuál fue el momento concreto en el que la información llego a los periodistas es un elemento clave en el caso, y por ello hasta doce informadores están llamados como testigos. La búsqueda de los correos comenzó después de la publicación de 'El Mundo' hacia las 21.30 horas del 13 de marzo, de una información que señalaba equivocadamente que el pacto para González Amador había partido de la Fiscalía. Según concluye la instrucción, los datos del correo original que demostraban lo contrario se incluyeron en una información incorporada en la web de la Cadena Ser a las 23.51 horas. "Y ello fue posible porque García Ortiz recibió" de Pilar Rodríguez "copia del mismo a las 21.59 horas", una vez que a su vez se lo había reenviado a ella el fiscal del caso, Julián Salto, que tuvo que abandonar el partido de fútbol que presenciaba para enviárselo", según la tesis acusatoria. Borrado de mensajes. Otro punto nuclear del caso es el relativo al inédito registro en el despacho del fiscal general que tuvo lugar una vez que Hurtado se hizo con la instrucción del caso en octubre del pasado año. Tanto el juez Hurtado como la sala de apelaciones se han mostrado muy críticos con el borrado del móvil que realizó el fiscal general en los dispostivos electrónicos que le fueron allí incautados, "a pesar de su posición institucional". Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo / EP El auto que confirmó el procesamiento apuntaba que "es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables" y que "la desaparición de la información de los dispositivos móviles y correos desde criterios de racionalidad elementales tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación y no puede quejarse quien la hizo que ahora tiene limitada su defensa". Demandas de honor Pese a que González Amador había anunciado una ristra de demandas contra todo aquel que le había llamado “delincuente” o “defraudador confeso”, a raíz de la nota de prensa de la Fiscalía, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo frenó en seco sus aspiraciones, al rechazar la única que había materializado: la dirigida contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús montero. Para los magistrados, comentarios como el de Montero "constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables (o lo que algunos pueden legítimamente considerar como socialmente reprochable)", apuntaron.
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