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» Diario Cordoba
Fecha: 02/11/2025 16:40
El Gobierno todavía mantiene la confianza en reconducir la relación con Junts tras la ruptura del acuerdo de investidura avalado de forma mayoritariamente por las bases de la formación que lidera Carles Puigdemont. Mientras no se ponga sobre la mesa una moción de censura, aseguran que hay margen para el diálogo, “votación a votación”. Sin embargo, por lo pronto asumen que tumbarán la senda fiscal, el primer paso necesario para la elaboración delos Presupuestos. También reconocen la dificultad para sacar adelante medidas de corte más progresista, como las previstas en fiscalidad en materia de vivienda. Junts prioriza una ley contra la ocupación que no está en la agenda del Ejecutivo y los socialistas apuestan por medidas fiscales y endurecer la regulación en los alquileres de temporada y de habitaciones. Unas diferencias que, dicen, no son nuevas. Un diputado socialista que forma parte de la comisión de vivienda relata la complejidad para acercar posiciones con Junts en esta materia desde el arranque de la legislatura. Pero lejos de tirar la toalla, el Gobierno quiere poner sobre la mesa sus propuestas para combatir el problema de la vivienda y lo hace con el convencimiento de presionar a los posconvergentes porque serían “buenas para España y para Cataluña”. Para ello se ha activado la ponencia para la regulación de los contratos de alquiler temporales. La clave será Junts, que ya tumbó en el Congreso el pasado año un primer intento en este sentido. Posteriormente, permitió su admisión a trámite, pero avanzando que para su aprobación exigiría cambios de calado en la norma. Entre los socios del Ejecutivo son todavía más cautos y ven a los posconvergentes alineados con el bloque de la derecha de PP y Vox. En el PNV se refieren directamente a la existencia de una “mayoría negativa”. Esta misma semana, tras romper con el Gobierno, los posconvergentes facilitaron en el Congreso que se aprobase una iniciativa del PP sobre la Fiscalía. En la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’, el representante de Junts, Eduard Pujol, dejó igualmente claro a Pedro Sánchez cuál es la nueva realidad. "Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y vivir en la debilidad parlamentaria. Tiempo al tiempo", concluyó tras llegar a acusarlo de “trilero”. La primera prueba de fuego para calibrar el recorrido y alcance del paquete de medidas en vivienda será el próximo 11 de noviembre, cuando se vote en el Congreso una medida para penalizar fiscalmente la compra de una tercera vivienda. Se trata de una iniciativa de ERC y a la que se añade como dificultad extra los vetos cruzados entre las dos formaciones independentistas catalanas por su competición electoral. Fiscalidad de la vivienda En el PSOE aplauden que se vayan a debatir las iniciativas registradas sobre fiscalidad vinculadas a la vivienda, aunque ponen más el foco en la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% o la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, “para evitar la compra especulativa”. Apuestan asimismo por modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), elevándola del 15% al 25%, y aumentando la fiscalidad de la vivienda vacía. Uno de los negociadores del Gobierno con Junts traslada que “siempre confío en que Junts se reposicione”. Por ello, se mantiene la pretensión de presentar y llevar a votación los Presupuestos, aunque se gana tiempo con un trámite sin prisas. Ni siquiera se ha convocado aún el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), necesario para aprobar en el Consejo de Ministros la senda de estabilidad. Un trámite que, tras dar por perdido el apoyo de Junts, se deberá llevar en dos ocasiones al Congreso antes de formular el proyecto de Presupuestos. Fondos europeos en el aire La votación de totalidad de estos no se produciría así hasta el entorno del mes de febrero o, incluso, marzo. “Tomaremos el tiempo que sea necesario”, apuntan las mismas fuentes responsables de las negociaciones con los socios. De la presentación de presentarlos “cuanto antes” se ha pasado a ralentizar la tramitación, todavía sin arrancar y acumulando ya un mes fuera del plazo marcado por la Constitución. De forma preventiva en el Ejecutivo siguen sosteniendo que es viable prolongar la legislatura hasta 2027, aun sin aprobar unas cuentas públicas. Las vigentes son las de 2023, aprobadas con otra composición en el Gobierno y, especialmente, en las Cortes. Como principal salvaguarda se recurre al flujo de los fondos europeos. Un camino en el vuelve a interponerse Junts, además de Podemos. Los próximos desembolsos dependen de que se cumplan con una serie de reformas, y los morados ya amenazaron con tumbar hacer tres semanas la ley de movilidad sostenible que contenía medidas pactadas con Bruselas supeditadas a un próximo desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.
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