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Parana » ER 24
Fecha: 01/11/2025 00:57
EL COLEGIO DE ABOGADOS EN VEZ DE CUIDARLOS, PERSIGUE AL QUE CRITICA Y DENUNCIA CORRUPCIÓN Mientras el Colegio de Abogados de Entre Ríos mira a los litigantes, la FACA mira a la justicia. La escena es simple y brutal: abogados advertidos, expedientes disciplinarios que crecen al ritmo de las recusaciones, y un mensaje que circula en pasillos y audiencias: “bajen el tono”. No hablamos de insultos ni de agravios personales; hablamos de crítica forense, esa herramienta básica con la que un letrado discute una resolución, señala un vicio, marca un exceso. En Entre Ríos, el Colegio de la Abogacía parece haber tomado el atajo más cómodo: perseguir al que critica. Y mientras tanto, en Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) dice algo de sentido común que hoy suena subversivo: los jueces tienen que soportar la crítica argumental y la potestad disciplinaria no es del estrado, es de los Tribunales de Ética. La declaración de la F.A.C.A., aprobada por unanimidad el 12 de septiembre de 2025 en la Junta de Gobierno de Junín de los Andes, no es una formalidad. Es un llamado de atención a una práctica que se extiende: castigar la disconformidad técnica como si fuera una falta de respeto. La Federación, que reúne a colegios de todo el país, fue clarísima: la crítica concreta y razonada forma parte del derecho de defensa; convertirla en sanción es censura profesional. En Entre Ríos, la película corre al revés. Cuando un abogado cuestiona una resolución “como corresponde” —con fundamentos, con citas, con jurisprudencia—, aparece el expediente disciplinario; cuando señala una irregularidad, lo citan por el tono; cuando litiga con firmeza, le dicen “exceso”. ¿Exceso de qué? ¿De argumentos? ¿De casos sensibles? ¿De molestia para quienes prefieren audiencias prolijas antes que audiencias justas? La autocensura empieza a funcionar como regla de supervivencia, y ahí pierde el profesional, pero sobre todo pierde la gente que necesita una defensa que no pida permiso para incomodar. No es casual que la F.A.C.A. invocara prudencia, templanza y razonabilidad. Son palabras viejas que hoy vuelven a ser revolucionarias. Porque sin crítica no hay revisión, sin revisión no hay garantías, y sin garantías no hay Justicia. La vara es esta: el juez, como funcionario público, está obligado a tolerar la crítica argumental; y si esa crítica cruzó el límite —cosa excepcional— existen remedios legales y proporcionales. Lo que no puede ocurrir es que el disenso técnico se transforme en bozal disciplinario. La contradicción es demasiado visible: mientras el Colegio entrerriano gasta energía en disciplinar voces, la Federación nacional pide exactamente lo contrario: protegerlas. No se trata de corporativismo; se trata de Estado de Derecho. La disciplina profesional existe —y debe existir— para resguardar estándares éticos, no para domesticar el litigio. Si el mensaje que baja es “no contradigas al juez”, lo que sube es el precio de la injusticia. DECLARACIÓN FACA A RAÍZ DE SANCIONES DISCIPLINARIAS Definitiva (1) (1)Descarga La declaración de la F.A.C.A., aprobada por unanimidad el 12 de septiembre de 2025 en la Junta de Gobierno de Junín de los Andes, no es una formalidad. Es un llamado de atención a una práctica que se extiende: castigar la disconformidad técnica como si fuera una falta de respeto. La Federación, que reúne a colegios de todo el país, fue clarísima: la crítica concreta y razonada forma parte del derecho de defensa; convertirla en sanción es censura profesional. En Entre Ríos, la película corre al revés. Cuando un abogado cuestiona una resolución “como corresponde” —con fundamentos, con citas, con jurisprudencia—, aparece el expediente disciplinario; cuando señala una irregularidad, lo citan por el tono; cuando litiga con firmeza, le dicen “exceso”. ¿Exceso de qué? ¿De argumentos? ¿De casos sensibles? ¿De molestia para quienes prefieren audiencias prolijas antes que audiencias justas? La autocensura empieza a funcionar como regla de supervivencia, y ahí pierde el profesional, pero sobre todo pierde la gente que necesita una defensa que no pida permiso para incomodar. No es casual que la F.A.C.A. invocara prudencia, templanza y razonabilidad. Son palabras viejas que hoy vuelven a ser revolucionarias. Porque sin crítica no hay revisión, sin revisión no hay garantías, y sin garantías no hay Justicia. La vara es esta: el juez, como funcionario público, está obligado a tolerar la crítica argumental; y si esa crítica cruzó el límite —cosa excepcional— existen remedios legales y proporcionales. Lo que no puede ocurrir es que el disenso técnico se transforme en bozal disciplinario. La contradicción es demasiado visible: mientras el Colegio entrerriano gasta energía en disciplinar voces, la Federación nacional pide exactamente lo contrario: protegerlas. No se trata de corporativismo; se trata de Estado de Derecho. La disciplina profesional existe —y debe existir— para resguardar estándares éticos, no para domesticar el litigio. Si el mensaje que baja es “no contradigas al juez”, lo que sube es el precio de la injusticia. ¿Cuál sería el movimiento lógico hoy en Entre Ríos? Pausar sanciones vinculadas a “críticas” hasta revisar estándares; remitir legajos a la F.A.C.A. para observación institucional; capacitar a autoridades y magistrados en libertad de expresión forense, debido proceso disciplinario y proporcionalidad; y publicar criterios claros que separen crítica jurídica de agravio personal. Nada de eso recorta autoridad: la legitima. Porque este no es un pleito de escribanías. Es un tema de ciudadanía. Si a los abogados se los sanciona por discutir fallos, a vos te privan de una defensa real. El silencio en tribunales nunca es neutro: favorece a quien tiene el poder de callar. Los miembros del COLEGIO ante el JURY como el caso de GONZALO GARCIA GARRO, apoderado del PJ, hombre de ROMERO y HALLE, empleado de Diego Lara en el TRIBUNAL DE CUENTAS, que a la vez debe controlar marcan las verdaderas debilidades eticas de los LETRADOS. La F.A.C.A. ya habló y lo hizo en nombre de un mapa federal entero. Ahora, Entre Ríos decide si se alinea con ese estándar o si insiste en una pedagogía del miedo. La justicia que no tolera la crítica no es justicia: es obediencia. Y en democracia, obedecer sin discutir no es una virtud: es un riesgo.
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