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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 29/10/2025 01:26
Compartir en: La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la adquisición de suministros. Lo que comenzó como una denuncia interna derivó este martes en una serie de 15 allanamientos simultáneos en cuatro provincias, en busca de documentación y pruebas que permitan esclarecer los hechos. Bajo la coordinación del fiscal Gonzalo Badano, los procedimientos se realizaron en nueve domicilios de Paraná, dos en Santa Fe, dos en Córdoba y dos en Buenos Aires. Todos están vinculados con una causa caratulada como presunto “fraude a la administración pública”, según confirmaron fuentes judiciales. Una investigación que nació dentro del organismo La causa tomó impulso a partir de una denuncia presentada por las propias autoridades de la DPV, quienes advirtieron inconsistencias en los procesos de compra de combustibles y otros insumos esenciales para el funcionamiento del organismo. Esa presentación derivó en la intervención de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, encargada de ejecutar los operativos. El objetivo principal de los procedimientos es recolectar documentación, equipos informáticos y expedientes que puedan arrojar luz sobre el circuito administrativo de las compras investigadas. La sede central, uno de los puntos clave Uno de los allanamientos más relevantes tuvo lugar en la sede central de Vialidad Provincial, ubicada en avenida Ramírez 2197 de Paraná. Allí, los investigadores recibieron colaboración del personal del organismo, que entregó computadoras y legajos solicitados por la Justicia. Mientras tanto, desde la institución confirmaron que los empleados presuntamente involucrados fueron reubicados temporalmente en otras áreas, a la espera de los resultados de la investigación judicial. El avance del caso mantiene la atención sobre el manejo de los recursos públicos y el rol de los organismos de control. En tanto, la Fiscalía busca determinar si existió un esquema de irregularidades sistemáticas o hechos aislados dentro de la estructura administrativa de Vialidad Provincial.
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