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Parana » Paginajudicial
Fecha: 24/10/2025 17:09
Siete años después de la implementación de la ley provincial de narcomenudeo, en las próximas semanas comenzarán a funcionar mesas de trabajo entre operadores de la justicia federal y los tribunales provinciales. Se trata de una estrategia de intercambio de información para eficientizar la lucha contra las grandes bandas del narcotráfico. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La adhesión de Entre Ríos a la ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, la llamada ley de narcomenudeo, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. A partir de 2018, los fiscales provinciales asumieron facultades para perseguir, juzgar y reprimir el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que es para consumo personal o la entrega ocasional y gratuita; y cuando se trate de tenencia para consumo personal. La ley de narcomenudeo suponía aprovechar la presencia de jueces, fiscales y, principalmente, de la Policía de Entre Ríos en todos los departamentos para desbaratar los kioscos de droga. Siete años después, el fracaso es estrepitoso. Puede leerse a partir de una multiplicidad de factores. Uno de ellos es la atomización de las investigaciones, el posible entorpecimiento de causas seguidas en el fuero federal y una caída estrepitosa en el número de causas iniciadas en comparación con las que se activaban para 2018. Con ese norte, en 2019, se modificó la ley nacional que persigue el tráfico de drogas introduciendo, en las provincias que asumieron la investigación del narcomenudeo, la creación de mesas de intercambio de información entre la justicia federal y los tribunales provinciales. Revertir un fracaso En la dinámica de un delito que trasciende fronteras provinciales, e incluso de los países, el narcomenudeo es la última etapa de la cadena de tráfico. En ocasiones, son estrategias de supervivencias; en otros casos, se trata de acciones de consumidores que se dedican a la venta al menudeo para financiar sus propias adicciones. Hace algunas semanas, en una participación en el programa El Ventilador (Canal Once), el fiscal José Ignacio Candioti, hizo hincapié en que “la persecución penal debe ir contra quienes lucran con la muerte, con quien se enriquece con el negocio, y el desafío de los operadores judiciales debe ser desbaratar a las grandes bandas criminales, no ir contra los consumidores, a quienes hay que darles la posibilidad de que se recuperen”. En esa incursión televisiva Candioti agregó: “Los operadores judiciales no podemos hacernos los distraídos e involucrarnos, como toda la sociedad, en la lucha contra el narcotráfico aportando criterios que tengan en cuenta lo que está ocasionando el narcotráfico a nivel mundial”. En aquella modificación legal que insta a la conformación de mesas de trabajo interjurisdiccionales se planteó que resultaba “esencial para poder llegar hasta las cúpulas de las organizaciones de narcotráfico establecer un mecanismo que de manera dinámica, rápida y coordinada intercambie y analice información judicial” y se advirtió que “el sistema tradicional de compartimentos estancos que ha caracterizado a las causas penales resulta funcional al delito organizado cuando se trata de la prevención y represión del narcotráfico”. Lo que plantea, en el fondo, es que no se puede investigar el narcomenudeo en forma aislada de la cadena de tráfico y sin entender la relación entre los regentes de los kioscos de droga que abundan en los barrios de cualquier ciudad con las organizaciones narcocriminales de mayor envergadura. La conformación de las mesas de intercambio de información emerge como una necesidad para coordinar la distribución de competencias para investigar y juzgar distintos hechos; efectivizar la persecución de los eslabones más bajos perseguidos en la justicia provincial, de modo que se pueda también iniciar o guiar investigaciones que permita escalar en la cadena; y la formación de equipos conjuntos para abordar de forma simultánea la investigación de hechos que impacten en los procesos en los que intervengan fiscales federales y provinciales, tales los objetivos que se plantea la Procuración General de la Nación al impulsar esta nueva estructura. La intención es que la mesa de intercambio de información empiece a funcionar en las próximas semanas, según se indicó a Página Judicial. En principio, con la participación de los jueces y fiscales federales de primera instancia de Entre Ríos, fiscales provinciales que tengan a su cargo investigaciones por delitos de narcomenudeo y representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que colabora en la investigación de delitos complejos en las provincias argentinas. Tal vez podrían sumarse el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía. Las reuniones, una que vez que se operativice la nueva estructura, se tendrían una periodicidad de tres meses, para mantener abiertos los canales de comunicación y generar el espacio de intercambio de información entre los operadores judiciales. Tal vez sea un primer paso.
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