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Parana » Entreriosya
Fecha: 20/10/2025 23:44
La Superintendencia de Servicios de Salud registró al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), a través de la Resolución 1861/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, más de 5 millones de afiliados podrán acceder a un servicio articulado entre los Ministerios de Salud, Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud, que ofrece una alternativa eficaz para resolver conflictos en materia sanitaria. PROMESA funciona con éxito desde el 2 de septiembre y ya comenzó a conciliar entre afiliados y entidades. Se trata de una vía optativa, rápida y menos costosa para resolver conflictos vinculados al acceso a prestaciones de salud. La última semana se realizó la primera mediación con intervención del Ministerio de Salud, que concluyó con un acuerdo entre las partes, consolidando así el objetivo central del programa: brindar soluciones concretas y ágiles sin necesidad de judicializar los reclamos. Con el objetivo de ampliar el alcance y la efectividad de la medida, la normativa que crea PROMESA —Decreto 379/2025— permite que aquellas entidades no comprendidas en las Leyes 23.660, 23.661 y 26.682 puedan adherir voluntariamente al procedimiento. IOSFA lo hizo recientemente y ahora se suma la obra social más grande de América Latina, que cumple un rol fundamental en la atención sanitaria de jubilados, pensionados y sus familiares a cargo. Esta adhesión se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema que impulsa el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud y de Justicia, con el objetivo de transparentar y agilizar la gestión. PROMESA representa un avance concreto hacia un sistema de salud más eficiente, equitativo y centrado en las personas. Qué cambia en los amparos de los jubilados Hace tiempo que los prestadores de salud (y ahora toma esa bandera la gestión actual) vienen enfatizando su preocupación por la cantidad de medidas cautelares de parte de jueces que (a veces saben, pero muchas veces, no) deben evaluar los problemas con los que lidia el paciente de turno en el complejo mundo sanitario argentino, y que (para decirlo de modo informal) “por las dudas” o por el apuro considerando el perjuicio de salud que se podría generar en el demandante, resuelven, sin dudarlo, en favor del paciente. Concientes de esa problemática, hace algunos días, el Ministerio de Salud difundió con optimismo la resolución del primer conflicto destrabado en el entorno del PROMESA. Es decir, el caso de un paciente que arregló con el prestador sin haber llegado a una judicialización. En un comunicado oficial, el propio ministro Mario Lugones destacó que “las partes alcanzaron un acuerdo en sólo cuatro días” y que esa conciliación permitió que el paciente continuara con su tratamiento médico. ¿Será así de beneficioso el mecanismo para los jubilados que tengan conflictos con el PAMI, sea por medicamentos, pañales, tratamientos médicos, estadías en geriátricos o en instituciones de salud mental, cuya cobertura se interrumpa, dilate o directamente niegue? El abogado experto en temas de salud, Eugenio Semino, defensor porteño de la Tercera Edad, habló con Clarín sobre PROMESA. Destacó que esta herramienta puede tener su costado virtuoso a la hora de ahorrar tiempos y recursos, aunque opinó que es un “disparate institucional”. Dijo que el programa nació como un parche de un problema irresuelto, que es la “desmesurada” cantidad de amparos judiciales por temas de salud que llegan al sistema judicial. A la vez, continuó, esa cantidad abultada de amparos se originan en otro problema no resuelto, que son las coberturas deficientes desde los propios prestadores de salud, PAMI incluido. “El amparo es para cuando la persona está en una situación de vida o muerte, para situaciones excepcionales”, apuntó, y se mostró muy crítico con lo que llamó “industria del amparo”, que además está “alentada por el propio el Estado”, ya que es el primero en incumplir. “Hay estudios que trabajan de eso. Hay prestadores que le mandan a la persona que tiene el problema directamente al estudio tal para que haga el amparo. El Estado es el primer responsable porque no da la prestación. Y, aun si tuviera los recursos para darla, el paciente por alguna razón muchas veces no accede”, apuntó.
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