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» Radiosudamericana
Fecha: 17/10/2025 11:10
Jueves 16 de Octubre de 2025 - Actualizada a las: 23:40hs. del 16-10-2025 CHACO Comunidades indígenas del pueblo Qom denunciaron haber sido reprimidas por la policía chaqueña durante una protesta en Villa Río Bermejito. La movilización reclamaba el restablecimiento de pensiones y asistencia sanitaria, suspendidas pese a una sentencia de la Corte Suprema. "Hay una cuestión de racismo, la fiscal nunca anunció que hay indígenas heridos", expresó ante Radio Sudamericana Comunidades indígenas del pueblo Qom denunciaron haber sido reprimidas por efectivos de la Policía de la Provincia del Chaco durante una manifestación realizada el pasado martes en Villa Río Bermejito, localidad ubicada en el noroeste chaqueño, en la región del Impenetrable. De acuerdo con testimonios recogidos por organizaciones sociales y de derechos humanos, y declaraciones realizadas por el abogado Julio César García —especialista en derecho indígena y colaborador del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)—, el operativo habría dejado un saldo de cerca de 100 personas heridas, muchas de ellas con lesiones en el rostro, cuello y torso, supuestamente provocadas por postas de goma. ENDEPA, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, repudió públicamente el accionar policial y manifestó preocupación por lo que calificó como un uso excesivo de la fuerza contra comunidades en situación de vulnerabilidad estructural. El trasfondo: denuncian abandono estatal y quita de pensiones Según explicó García en una entrevista a Radio Sudamericana el conflicto se enmarca en una situación de emergencia humanitaria que afecta a unas 3.000 a 4.000 personas pertenecientes a comunidades indígenas de la región del Teuco-Bermejito. El abogado señaló que en 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó, mediante una medida cautelar, que el Estado nacional y el gobierno provincial garantizaran asistencia alimentaria, sanitaria y pensiones no contributivas a personas afectadas por enfermedades como Chagas y tuberculosis. De acuerdo con García, esa sentencia habría dejado de cumplirse desde fines de 2023. “La quita de pensiones fue progresiva, pero hoy ya son miles las personas afectadas, sin ningún tipo de cobertura”, afirmó. Denuncian represión ante "protestas pacíficas" Ante la falta de respuestas, distintas comunidades comenzaron a realizar asambleas y manifestaciones en reclamo por la restitución de las pensiones y mejoras en las condiciones de vida. Según lo declarado por García, durante una de estas protestas, la Policía intervino “sin mediación ni aplicación de protocolos adecuados”, disparando proyectiles de goma contra manifestantes. “La gente estaba desarmada. Había mujeres, ancianos, jóvenes. Nos tiraron a la cara”, relató el abogado, quien también informó que se presentó un recurso de hábeas corpus para exigir el cese del accionar represivo y responsabilidades institucionales. Falta de atención médica y omisiones en los informes García también denunció que muchas de las personas heridas no habrían recibido atención médica adecuada y cuestionó el accionar de la fiscal interviniente, Dra. Maldonado, quien —según sostuvo— no habría consignado en su informe la existencia de personas indígenas lesionadas, mientras sí reportó a 40 efectivos policiales heridos. "Hay una cuestión de racismo, la fiscal nunca anunció que hay indígenas heridos", expresó ante Radio Sudamericana Participación de organismos y falta de respuesta estatal Diversos organismos, como la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Chaco y el Comité de Prevención contra la Tortura, se hicieron presentes en el lugar para tomar testimonio y constatar el estado de las personas afectadas. No obstante, hasta el momento de publicación de esta nota, no se registraron declaraciones oficiales ni del gobierno provincial ni del Estado nacional en relación a los hechos denunciados. Sin defensor del pueblo a nivel nacional Durante la entrevista, García también subrayó la importancia de que la Defensoría del Pueblo de la Nación —único organismo con legitimación constitucional para impulsar acciones en este tipo de casos— se encuentra acéfala desde hace más de 16 años. El abogado confirmó que actualmente se encuentra postulado en el proceso de selección convocado por el Congreso Nacional para cubrir ese cargo. “La falta de consenso político impide que se nombre un nuevo defensor, y así derechos básicos como los de estas comunidades quedan absolutamente desprotegidos”, afirmó. García señaló que, además del hábeas corpus, se analizan nuevas acciones judiciales en resguardo de las comunidades afectadas. Mientras tanto, los pobladores continúan reclamando asistencia sanitaria urgente, restitución de las pensiones y cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema.
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