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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/10/2025 02:40
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que autoridades chinas detuvieron a casi 30 pastores, predicadores y feligreses de la iglesia protestante no oficial Sión los días 10 y 11 de octubre en siete ciudades, entre ellas Beijing y Shanghai. HRW, con sede en Nueva York, informó en un comunicado que entre los arrestados figura el pastor y fundador de la congregación -Ezra Jin Mingri, de 56 años-, detenido en Beihai, provincia de Guangxi. Según HRW, la oleada de detenciones forma parte de una persecución estatal contra miembros de iglesias protestantes no oficiales en China, una campaña que alcanza a decenas de personas por su afiliación religiosa. La organización pidió al régimen chino que libere “de inmediato” a los detenidos y exigió que, mientras sigan arrestados, las autoridades informen a sus familias sobre su situación y permitan el acceso a abogados de libre elección. Yalkun Uluyol, investigador de HRW citado en el comunicado difundido el martes por la ONG, afirmó que China sigue una estrategia para “reestructurar la práctica religiosa y favorecer los intereses del Partido Comunista”, lo que ha intensificado la presión sobre las congregaciones que se resisten a la subordinación ideológica. El informe subraya que las iglesias protestantes no oficiales sufren “constantes presiones” dentro de una política de control religioso que se habría endurecido desde 2016, cuando el presidente Xi Jinping anunció su intención de “sinizar la religión”. Desde entonces, las limitaciones a la libertad religiosa han incluido la demolición de cientos de templos y cruces; la prohibición de reuniones en iglesias no reconocidas oficialmente; restricciones al acceso y la distribución de la Biblia; la confiscación de materiales religiosos no autorizados; y bloqueos tecnológicos, como la prohibición de aplicaciones relacionadas. HRW destaca que la campaña contra la disidencia religiosa también se traduce en persecución del budismo tibetano y del islam, extendiendo la represión más allá de las comunidades protestantes. Uluyol señala que la supresión de la práctica religiosa en China está “ligada a sus esfuerzos por reforzar el control ideológico, tanto a nivel nacional como internacional”. La organización pidió a gobiernos extranjeros que presionen a Beijing para que rinda cuentas por las violaciones a la libertad religiosa y adopten medidas para defender este derecho fundamental en el contexto chino. A finales de septiembre, HRW denunció también una nueva propuesta de ley china sobre la “unidad étnica” que, según la ONG, pretende reforzar aún más el control ideológico estatal y justificar la represión de minorías. Maya Wang, subdirectora para Asia de HRW, advirtió en un comunicado que “los tibetanos, uigures y otras personas que defienden a las minorías pueden esperar una represión gubernamental aún mayor” si se aprueba la llamada Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso, de 62 artículos y presentada ante la Asamblea Popular. El texto señala que la norma formaliza el marco ideológico de una “conciencia común de la nación china”, permeando ámbitos como la educación, la religión, la historia y la cultura. Por ejemplo, el artículo 14 propuesto plantea que las autoridades deben “establecer y destacar los símbolos culturales chinos” en espacios públicos, la arquitectura y atracciones turísticas. Otros artículos, como el 23 y el 40, buscan modificar hábitos y costumbres en áreas como la planificación de la vivienda y el matrimonio, promoviendo la “unidad étnica” y la transformación de prácticas sociales para garantizar el “progreso”, e impidiendo que se impongan barreras religiosas o étnicas a las uniones matrimoniales. HRW agregó que el proyecto prevé la difusión global del ideario estatal chino mediante funcionarios y representantes, con el objetivo de consolidar la uniformidad ideológica entre “compatriotas taiwaneses” y ciudadanos chinos en el exterior, y contempla sanciones contra quienes, aun fuera del territorio nacional, puedan “socavar la unidad y el progreso nacionales o incitar a la división étnica”. Sobre el alcance de la iniciativa, Wang advirtió que “el proyecto de ley sobre unidad étnica es un esfuerzo flagrante del Gobierno chino por controlar la opinión y la expresión de la gente sobre China, tanto dentro como fuera del país”, e instó a los Estados a exigir la retirada de la ley y el cese de la persecución contra las comunidades de minorías étnicas y sus defensores. (Con información de EFE y EP)
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