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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 14/10/2025 06:49
Imagen destacada La industria audiovisual atraviesa una transformación sin precedentes, promovida por la revolución tecnológica, la evolución de los ecosistemas multiplataforma y el consecuente impacto en los hábitos de consumo, donde los usuarios disponen de un inmenso abanico de ofertas de contenido, disponibles cuándo quieren, dónde quieren y cómo quieren. A pesar de ser un camino repleto de oportunidades, que nos permite vislumbrar nuevos escenarios con más competencia entre los distintos sectores de la industria, una parte significativa de este ecosistema continúa limitada por leyes, reglas y carga impositiva diferencial. Y estas restricciones contrastan con el escenario de libertad que impulsa a los sistemas nuevos, que apenas dependen de la conectividad a través de internet. Desde el punto de vista del marco legal se observan intentos de adaptación y reducción de cargas en América Latina, a partir de acciones como las que está desarrollando Argentina, por medio del ENACOM, y las que ya puso en marcha Brasil, de la mano de la ANATEL, para garantizar que el sector se adentre al futuro con un esquema regulatorio más liviano. La modernización regulatoria es una necesidad urgente frente al nuevo entorno donde la conectividad y las plataformas integradas borraron las fronteras entre telecomunicaciones y medios. Los usuarios migran fluidamente, por ejemplo, entre la TV lineal, las plataformas de streaming, YouTube y aplicaciones de video de toda suerte. Esta convergencia de oferta de servicios que son sustitutos entre sí – tema no menor reconocido por la ANATEL –, exige reglas horizontales, tecnológicamente neutrales y proporcionales. No se trata de proteger modelos de negocio obsoletos, sino de garantizar condiciones equitativas para todos los actores, fomentar la inversión y asegurar el acceso universal a contenidos de calidad. La desregulación inteligente no implica desprotección del consumidor, sino aumento de la eficiencia y posibilidad de adaptarse a la nueva realidad tecnológica. Efectivamente, Argentina y Brasil lideran en camino con cambios que atienden estas particularidades. La derogación del DNU 690/2020, la flexibilización del must-carry y la reducción de reportes en Argentina, junto con la suspensión de obligaciones específicas en Brasil, son señales de un cambio de enfoque. Ambos países reconocen que el mercado relevante no es la TV paga, sino un ecosistema ampliado que incluye OTT, vMVPD, agregadores, dispositivos y, lamentablemente, también la piratería. El caso de la piratería audiovisual, competidor real e indeseado, es un flagelo de dimensiones colosales: millones de usuarios en la región, pérdidas por casi 15.000 millones de dólares anuales y más de 70.000 empleos directos que dejan de generarse. Además del daño económico, los programas, cajitas de video y las plataformas piratas vulneran datos personales y alimentan redes criminales transnacionales. Combatir este fenómeno requiere no solo la acción público-privada, sino también un entorno regulatorio que incentive la oferta legal y competitiva de contenidos. Tenemos también otra materia pendiente, las cargas impositivas diferenciales, los piratas directamente evaden cualquier carga, pero existen diferencias marcantes entre las empresas legalmente establecidas dentro o fuera de la Argentina; los competidores internacionales no se enfrentan a más de veinte tributos y tasas a nivel nacional, provincial y municipal, con presión impositiva superior al 40 %. Es indispensable una reducción de las cargas relativas a tasas regulatorias, o fondos sectoriales, o de desarrollo, con aplicación incierta o desconocida. Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria sobre los servicios digitales en la región, eso mata los planes de inversión. América Latina tiene una oportunidad histórica. Si logra alinear su marco normativo con la realidad tecnológica y de consumo, el sector audiovisual puede volver a ser un motor de crecimiento económico, inclusión digital y desarrollo cultural. Pero para eso, es necesario dejar atrás la nostalgia regulatoria y la voracidad fiscal, para construir un nuevo pacto que refleje el presente y proyecte el futuro.
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