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» Primerochaco
Fecha: 09/10/2025 15:28
El subsecretario de Transporte del Chaco, Rodolfo Díaz, explicó los controles que realiza la provincia sobre las empresas del área metropolitana, los cambios en el sistema de subsidios y la próxima licitación de líneas de media y larga distancia. Aseguró que el Estado “no va a ceder ante amenazas” y que se apunta a “un servicio más justo, con mejor frecuencia y control”. Desde la vereda de la Casa de las Culturas, donde el equipo de inspectores realiza controles permanentes de frecuencia, el subsecretario de Transporte del Chaco, Rodolfo Díaz, repasó los principales desafíos del sector y la política que impulsa el gobierno de Leandro Zdero para ordenar un sistema “que durante años fue manejado con discrecionalidad y sin controles”. “Estamos en control permanente. Hay empresas que funcionan muy bien y otras que son mañosas, con las que hay que tener una relación firme. A veces se dialoga, y otras veces hay que aplicar el poder de policía y multar”, sostuvo el funcionario. Fin del pago por kilómetro: “Ahora se subsidia por uso real” Díaz explicó que uno de los principales cambios introducidos por la gestión actual fue el fin del sistema de pago por kilómetro recorrido, que regía desde el gobierno anterior, y que permitía a las empresas cobrar subsidios aunque circularan sin pasajeros. “Hasta 2023 las empresas cobraban por kilómetros, llevaran o no llevaran pasajeros. Hoy se paga por uso real del servicio. Eso nos permite detectar qué líneas son útiles y cuáles no”, señaló. Puso como ejemplo la línea 207, que une Fontana con Barranqueras, un recorrido extenso y con bajo nivel de usuarios. “Era una línea con un enorme gasto y poco uso. No se justificaba mantenerla tal cual estaba”, afirmó. Control de flotas y amenazas empresariales Consultado sobre la flota adquirida en gestiones anteriores, Díaz confirmó que se está realizando un relevamiento unidad por unidad para verificar qué vehículos están en funcionamiento y cuáles fueron reemplazados por colectivos viejos. “Estamos respondiendo una nota de ERSA, que como siempre lanza amenazas cruzadas. Hay líneas que por ahorrar combustible usan unidades viejas, y eso no lo vamos a permitir”, advirtió. El funcionario fue enfático en marcar distancia con las empresas que presionan mediante paros o advertencias: “Estamos cansados de las amenazas. Si alguna empresa decide irse, estamos preparados para convocar a otras. No vamos a ceder ante el chantaje”. Renovación del sistema y licitación abierta Díaz adelantó que el gobierno provincial trabaja en el llamado a licitación pública para las líneas de media y larga distancia, con el objetivo de terminar con los permisos precarios que se renovaban por decreto. “Antes las renovaciones se hacían por decreto del gobernador, a dedo, por siete años o incluso por un año. Nosotros queremos que haya licitación, competencia y transparencia. Si todo avanza bien, antes de fin de año o en febrero de 2026 estaremos llamando al proceso licitatorio”, anticipó. También confirmó que el nuevo esquema “va a terminar con los privilegios” que tenían algunas empresas que superponían recorridos o manejaban horarios preferenciales gracias a contactos políticos. Modernización: hacia el sistema “ChacoBus” El subsecretario anunció que antes de fin de año comenzará la implementación del sistema “ChacoBus”, una plataforma de control y pago electrónico desarrollada por Ecom Chaco, que permitirá seguir en tiempo real las unidades del área metropolitana. “Vamos a seguir usando SUBE, pero también implementaremos un sistema chaqueño, moderno, que permitirá saber dónde está cada colectivo y mejorar la fiscalización. Es un cambio de época”, señaló Díaz. El costo del transporte y la competencia informal El funcionario se refirió también al impacto de los servicios alternativos como Uber, remises y motodeliverys, que restaron usuarios al transporte público. “Hoy un pasaje debería costar $1.900. El usuario paga $1.300 y el resto lo cubre la provincia. Si llevamos la tarifa técnica real, estaría cerca de $2.500. No se puede seguir cargando todo al Estado”, explicó. Díaz vinculó la caída del uso del colectivo con la proliferación de motos adquiridas en planes accesibles, y advirtió sobre el costo humano de los siniestros viales: “La gente busca ahorrar, pero el costo en salud por los accidentes en moto es enorme. Tenemos que volver a priorizar el transporte público”. Seguridad y control de rutas Respecto al transporte interurbano, Díaz confirmó que las unidades pueden tener hasta 15 años de antigüedad, y en algunos casos hasta 18 con prórroga, siempre que aprueben la verificación técnica. En el área urbana, el límite baja a 10 años. También mencionó la necesidad de controlar los servicios que levantan pasajeros fuera de terminales habilitadas, una práctica frecuente en viajes de turismo o compras. “Eso no está permitido. Hay empresas que levantan gente en plazas o avenidas y no corresponde. Lo controlamos, aunque a veces se trate de servicios nacionales con jurisdicción compartida”, explicó. Garitas, recorridos y reclamos Díaz reconoció que no se ampliaron muchas garitas nuevas, pero sí se refaccionaron y modernizaron varias, incluidas las denominadas “garitas inteligentes”, instaladas en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas. También detalló ajustes en recorridos como el de la línea 106, que fusionó ramales para cubrir nuevos barrios de la zona sur y Barranqueras. Definición política: “No somos una mesa de tres patas” El subsecretario marcó una diferencia respecto a la relación entre el Estado, las empresas y el gremio UTA: “Antes parecía que el gobierno tenía un compromiso directo con los choferes. Nosotros tenemos compromiso con los trabajadores del Estado. Los empleados del transporte dependen de empresas privadas, y la relación debe ser entre ellos y sus empleadores”, sostuvo. Finalmente, Díaz aseguró que el gobierno de Leandro Zdero impulsa un modelo de transporte “basado en el orden, la transparencia y la previsibilidad”, y que “por primera vez en años se ejerce el poder de control real sobre las empresas”.
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