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» LaVozdeMisiones
Fecha: 06/10/2025 18:26
La intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, denunció por amenazas a varios vecinos que la semana pasada se manifestaron frente al hospital local por la muerte del pequeño Erik Benjamín (8) y la Justicia impuso una restricción de acercamiento contra los denunciados, quienes ahora presentarán una nota ante el Concejo Deliberante acusando “prácticas persecutorias”. El conflicto comenzó a fines de septiembre, cuando se produjo el fallecimiento de Erik Benjamín, que en primera instancia fue atendido en el hospital Nivel I de Santa Ana y luego derivado al hospital Fernando Barreryro de Posadas, aunque para ese entonces su cuadro ya era irreversible. Según se estableció en una compleja autopsia realizada en la morgue judicial, el deceso se produjo como consecuencia de una infección generalizada que comenzó a partir de un nacido que el pequeño tenía en el ano. En ese contexto, mientras la Justicia comenzaba a indagar sobre el caso, familiares, conocidos y vecinos realizaron al menos dos protestas frente al hospital de Santa Ana, donde reclamaban por una presunta atención deficitaria hacia el pequeño. Con carteles y cánticos, los manifestantes apuntaron contra la directora del hospital, Lucía Valenzuela, y contra la propia intendenta de Santa Ana, Mabel Pezoa, quienes ahora respondieron con denuncias por hechos caratulados como “delitos contra la seguridad pública y amenazas”. De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la denuncia alcanza a varios manifestantes y al menos uno de ellos ya recibió la notificación policial de la instrucción de una causa en su contra. Se trata de una vecina a quien ahora se le impuso una restricción de acercamiento hacia Pezoa y hacia Valenzuela, medida que también implica suspender todo tipo de contacto con los denunciantes mediante vías digitales como whatsapp, facebook u otra red social. La denuncia se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas. No es la primera vez que Pezoa acude a la Justicia en forma similar. A fines de junio también denunció “acoso y difamación” al recibir mensajes intimidatorios y acusaciones en redes sociales luego de un desalojo que se ejecutó con orden judicial. Persecución La causa judicial generó otra reacción de parte de la ciudadanía, quienes decidieron unirse para redactar un escrito que pretenden presentar este lunes por la tarde ante el Concejo Deliberante. En el texto alegan que “estas denuncias, de contenido casi textual y sin fundamentos individualizados, alcanzan no solo a quienes participaron de manera pacífica y legítima en una manifestación espontánea en las inmediaciones del hospital local, sino también a personas que ni siquiera estuvieron presentes en dicha movilización —e incluso a vecinos que no residen actualmente en Santa Ana, cuyo único “acto” fue haber expresado una opinión en un grupo de WhatsApp”. Para los vecinos “este accionar demuestra la gravedad institucional y política de la situación, evidenciando un intento de criminalizar la expresión ciudadana y amedrentar la participación pública mediante denuncias judiciales sin sustento real”. En el mismo texto, explicaron que las movilizaciones se gestaron a partir del “dolor y la preocupación por la salud pública, ante falencias reiteradas del fuerza Hospital Nivel I de Santa Ana”, pero que el Ejecutivo Municipal “politizó” la situación “tildando a los manifestantes de opositores, instigadores o falsos cabecillas, e incluso señalándolos con calificativos ideológicos como “castristas”. Ante ello, los firmantes solicitan que el parlamento municipal se “expida públicamente en repudio a estas prácticas persecutorias y en defensa de la libertad de expresión y participación ciudadana”. También reclaman que el Concejo “acompañe a los vecinos denunciados en las acciones legales y administrativas que deban emprenderse para garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales” y que “considere la apertura de las actuaciones correspondientes, en el marco de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Misiones otorga a este cuerpo, a fin de investigar los hechos de persecución política denunciados y determinar las responsabilidades institucionales los que pudieran corresponder”.
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