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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 05/10/2025 04:53
La Cámara Federal de Salta ordenó la apertura a juicio oral contra un hombre de 51 años acusado de trata de personas y coacciones La Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó llevar a juicio oral a un hombre de 51 años acusado de captar jóvenes a través de redes sociales con falsas ofertas laborales para luego retenerlos en Jujuy bajo amenazas, exigencias económicas y presuntos intentos de abuso sexual. La resolución, firmada por la jueza Mariana Catalano, aprobó en simultáneo la acusación fiscal por el delito de coacciones y la imputación de la querella por trata de personas con fines de explotación, agravada por el uso de violencia y engaño. Las actuaciones ahora serán remitidas al Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, donde se encuentra domiciliado el imputado, de nombre Héctor Farfán, quien enfrentará cargos por hasta 10 años de cárcel y permanecerá con restricciones hasta que se desarrolle el juicio. De acuerdo a la sentencia dictada este viernes, la investigación comenzó en noviembre de 2023 a raíz de la denuncia presentada en la Unidad Capital de Trata de Personas y Violencia de Género de la policía de Tucumán por Mario, quien buscaba dar con el paradero de su hijo, identificado como L.S.O.. El joven había viajado desde San Andrés, Cruz Alta, provincia de Tucumán, hacia la ciudad de Salta tras responder a un aviso en Facebook para trabajar en tareas de seguridad. Sin embargo, días después, envió un correo electrónico en el que relataba que lo habían obligado a vender su celular, que su cuenta de WhatsApp estaba intervenida y que permanecía retenido en condiciones precarias, con alimentación insuficiente, sin higiene y bajo constantes amenazas. A raíz de ese mensaje, el padre se trasladó a la ciudad de San Salvador de Jujuy y logró rescatar a su hijo junto a otro joven, A.A.R., también oriundo de Tucumán. Ambos declararían después que Farfán, quien se presentaba bajo el nombre falso de Javier, los había entrevistado varias veces antes del viaje y que, como parte del proceso, incluso les pidió que enviaran fotos con ropa ajustada o sin remera como condición para postularse. Posteriormente, los trasladó en colectivo a Jujuy, donde pasaron la primera noche en un albergue y, más tarde, fueron alojados en una habitación abandonada con humedad, donde dormían en el piso. Durante la instrucción de la causa los damnificados afirmaron que el imputado les prometió trabajos de seguridad que nunca se llegaron a concretar. Por el contrario, el hombre los responsabilizaba por supuestas pérdidas económicas, exigiéndoles dinero bajo la amenaza de tener contactos en la Aduana y en la Policía Federal. El acusado, de 51 años, captaba a jóvenes a través de publicaciones en redes sociales con falsas ofertas laborales para luego quedar retenidos bajo amenazas (Foto ilustrativa: Andina) En esa línea, L.S.O. contó que tuvo que vender algunas pertenencias para cubrir los gastos que le imponía el acusado. A.A.R., en tanto, relató que su familia se vio obligada a poner a la venta su moto para cumplir con las exigencias económicas del acusado. Ambos coincidieron en que Farfán había intentado besarlos, tocarlos y abusar de ellos en distintas oportunidades. Un tercer joven identificado como V.E.G., oriundo de la ciudad de Salta, declaró que en septiembre de 2023 fue entrevistado “junto con otros tres chicos más” por el hombre de 51 años para trabajar de custodio en diferentes fiestas. El encuentro primero se llevó a cabo en una estación de servicio cerca de la terminal de ómnibus central y luego en un bar, donde “consumieron bebidas alcohólicas y ‘Javier’ les pidió que todos lo besaran en la boca como parte del trabajo, porque a veces los artistas solicitaban eso”. V.E.G. recordó que en ese momento accedió a besarlo y que el presunto empleador “le tocó los genitales por encima del pantalón". Al poco tiempo, todos los entrevistados viajaron a Jujuy para trabajar supuestamente en una fiesta por el día del estudiante, y al no conseguir alojamiento se quedaron en la casa de un familiar de uno de los jóvenes. En ese lugar, según el declarante, Farfán le exigió a uno de ellos mantener relaciones sexuales delante del resto “como parte de sus funciones”. Cuando V.E.G. manifestó que se iría de la vivienda, el hombre empezó a amenazarlo diciéndole que “tenía a su familia vigilada y que debía pagarle $1.000.000 por el contrato firmado". El joven logró escapar horas después mientras todos dormían. Por otro lado, una cuarta víctima de 20 años, G.B.R., declaró en cámara Gesell en diciembre de 2024 que Farfán le ofreció un empleo como seguridad de artistas con una remuneración mensual de 580.000 pesos. Dijo que fue llevado a una casa “desordenada y sucia” en Jujuy donde se le prohibió usar el celular y mantener contacto con el exterior. Explicó también que el acusado intentó acercarse “íntimamente a él, diciéndole que lo cuidaría y le tocaba los brazos y el torso”. Según la investigación de la fiscalía federal, Farfán actuaba con la ayuda de Darío Sosa –ya fallecido– y utilizaba un certificado de discapacidad para trasladarse gratuitamente con acompañantes entre las distintas provincias. Así las cosas, la fiscalía federal de Jujuy imputó al hombre bajo el delito de coacciones en perjuicio de dos personas en concurso real, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, con un pedido de tres años y seis meses de prisión efectiva. A su vez, la defensora pública de víctimas formuló una acusación autónoma por trata de personas con fines de explotación, bajo la figura de reducción a la servidumbre agravada por engaño y violencia, de acuerdo con la ley 26.364. En consecuencia, solicitó una pena de diez años de cárcel e inhabilitación absoluta, además de la reparación por el daño patrimonial y moral. La jueza Mariana Inés Catalano, de la Sala II de la Cámara Federal de Salta, reenvió el expediente para que se realice el juicio oral Ante estos planteos, y después de desarrollar una reseña de las actuaciones, la jueza Mariana Inés Catalano resolvió admitir ambas acusaciones y homologar el acuerdo firmado entre la defensa y la fiscalía respecto a las pruebas que se analizarán a lo largo del juicio. Además, prorrogó las medidas de coerción que pesaban sobre el imputado: la obligación de no obstaculizar la investigación, la promesa de someterse al proceso y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas. Estas restricciones seguirán vigentes hasta la audiencia de debate. Por último, la magistrada de la Sala II de la Cámara Federal salteña ordenó remitir el expediente al TOF de Jujuy para que se sorteen los jueces que intervendrán en el juicio.
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