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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 01/10/2025 19:00
(ADN).- En reunión plenaria de comisiones, la Legislatura de Río Negro debatió este martes el proyecto que busca la derogación de una contribución del dos por mil sobre el monto de todos los juicios contenciosos o voluntarios que se inicien en la provincia, cuyo beneficiario es el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro (SITRAJUR). Se trata del artículo 178 de la Ley K nº 5190. La autora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), plantea que esta obligación es injusta e inconstitucional, ya que impone una carga financiera a los litigantes, quienes no reciben un beneficio directo a cambio, y favorece a una entidad sindical con el dinero de personas ajenas a la agrupación. La iniciativa tuvo un dictamen favorable, con el respaldo de los bloques Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical, CC ARI-Cambiemos y PRO-Unión Republicana, y el rechazo de Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro. La reunión se desarrolló en un clima de tensión, con la participación de la comisión directiva del gremio, que solicitó intervenir en el debate. Los fundamentos Mansilla defendió su propuesta argumentando que el Estado no debe “establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical”. La autora sostuvo que la contribución incrementa los gastos de inicio en los procesos judiciales y vulnera los principios constitucionales de legalidad e igualdad, pues impone una carga a personas ajenas a la agrupación gremial. En su exposición, enfatizó que esta obligación “nunca tendría que haber nacido”, ya que el justiciable no recibe ningún beneficio directo ni indirecto a cambio de este pago. La autora concluyó que, para los rionegrinos, el “servicio de justicia debe ser lo menos gravoso posible y al alcance de todos”. Las críticas del gremio En oposición al proyecto, el secretario general de SITRAJUR, Marcos Calarco, explicó que la contribución del 0.2% solo se aplica a los juicios patrimoniales. Refutó que no exista contraprestación, señalando que el aporte nació para llevar “un marco de equidad y de dignidad a los trabajadores judiciales”. Además, destacó la dependencia económica de ese porcentaje para la negociación colectiva del sindicato, advirtiendo que su derogación “nos deja sin negociación colectiva”, un punto que generó una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El secretario Adjunto del sindicato, Emiliano Sanhueza, manifestó su malestar porque no fueron convocados para analizar el proyecto, criticó la redacción del mismo y opinó que “se trata de una reducción salarial para el sector”. Mas adelante Pablo Barreno, Secretario General de la Primera Circunscripción Judicial, dijo que la iniciativa “es una vergüenza” y que “pretenden generar disciplinamiento” en los agentes de ese Poder. Desde el gremio se aseguró que el aporte solidario se traduce en beneficios directos para los afiliados y en servicios para la sociedad, como alojamiento económico o gratuito para la comunidad en las cabeceras de la provincia, y capacitaciones en mediación para los trabajadores judiciales. El sindicato subraya que el 2% es parte de un “salario indirecto” y considera la quita una defición del trabajador judicial, ya que genera beneficios en salud como el 30% de reconocimiento en farmacia y 100% de cobertura en estudios bioquímicos para sus afiliados. Qué fundamentaron los bloques El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) lo catalogó como una “nueva avanzada contra los sindicatos”, y cuestionó el fin de la iniciativa, sugiriendo que busca disciplinar y desfinanciar al sindicato. Magdalena Odarda, de la misma bancada, sostuvo que es una iniciativa “inconsulta e inconstitucional” y que avanza sobre la “intangibilidad de los fondos de los gremios”. Otros de los bloques que no acompañó es PJ-Nuevo Encuentro. La fundamentación estuvo a cargo de Ana Marks, quien manifestó que la propuesta “habla claramente de quien está gobernando la provincia, que va en contra de los sindicatos”. Además cuestionó el momento en que se presenta: “Estuvo frizado durante mucho tiempo y sale recién ahora, de manera inconsulta”. Contrariamente, Javier Acevedo (CC ARI-Cambiemos), anunció el respaldo al proyecto, aunque condicionó la misma postura en segunda vuelta si no se incluye la quita del mismo porcentaje a los Colegios de Abogados. En ese sentido, Lucas Pica (JSRN), explicó que esas entidades reciben dichos fondos porque realizan tareas delegadas por el propio Estado. El legislador oficialista añadió que el aporte a SITRAJUR, que ya tiene 39 años de vigencia, “no existe en ninguna otra provincia, ni tampoco para con otros gremios”. El debate sobre el tratamiento del proyecto fue controvertido, con mociones de orden de legisladores opositores para suspender el tratamiento del tema debido a la instancia internacional ante la OIT, las cuales fueron desestimadas por la presidencia de la comisión.
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