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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/10/2025 02:35
Esta mañana, el economista Claudio Lozano (Presidente de Unidad Popular), junto a la Ingeniera María Eva Koutsovitis (fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos), al Abogado Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) todos candidatos a diputados nacionales por CABA y al abogado Marcos Zelaya, presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal 10 (registrado bajo el nro. CFP 4117/2025), por violación de la ley 26.351, para evitar la práctica especulativa según la cual los exportadores (entre los que se cuentan Cargill, LCD, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra), declaran ventas sin contar con la mercadería física en su poder, para asegurarse una alícuota tributaria favorable. La denuncia no aparece como un hecho aislado, ya que el propio Lozano es parte de los debates públicos que en nuestra historia reciente involucran a los exportadores de granos, desde la discusión por “la 125”, hasta esta denuncia, pasando por la investigación y denuncia contra Vicentín que tuvo como protagonista al actual candidato a diputado por Unidad Popular. En medio del tembladeral provocado por la resolución 125 a cargo del ministerio de economía que comandaba Martín Lousteau durante el primer gobierno de Cristina Fernández, el entonces diputado Claudio Lozano, denunció el gran negocio que estaban haciendo las cerealeras. Al conocer éstas de antemano la decisión del gobierno de subir las retenciones, se apuraron a declarar exportaciones al momento en que la retención era del 27%, mientras que de implementarse la 125, las retenciones pasarían a representar el 44% móvil. De ese modo, se quedaban con una diferencia cercana a los 1.500 millones de dólares, monto parecido al que embolsarán actualmente. Junto con Lozano, lo denunciaba por entonces el ex diputado Mario Cafiero: “Desde enero de 2007 al 31 de mayo de 2008, sobre un volumen de exportación de 21.286 millones de dólares se recaudaron por retención 4984 millones (equivalente al 23,4 por ciento), cuando debería haberse recaudado 6432 millones. La diferencia de 1447 millones de dólares es defraudación al fisco practicada por los exportadores y pagada por los productores” (declaración reproducida por Sebastián Premici en Página 12, 27/06/2008). La ley 26.351, conocida como “Martínez Raymonda” (por la autoría del diputado del Partido Demócrata Progresista), aprobada el 4 de diciembre de 2007 y promulgada de hecho en enero de 2008, se proponía regular la relación entre la fecha de compra de los granos a exportar y la de la Declaración Jurada de Venta al Exterior. En su primer artículo queda claro el problema: “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento.” Le ley llegaba tras los primeros debates en torno a la resolución 125, que el gobierno no lograba aplicar. Lozano recuerda: “Lo denunciamos en la Cámara de Diputados delante de la propia representación institucional de las cerealeras que, finalmente, debieron reconocer ante todo el plenario de las comisiones que lo que nosotros estábamos denunciando era cierto”. Se trató de un instante en que la distinción entre exportadores y productores se divisaba con claridad en el marco del propio Parlamento, pero, ¿cuál iba a ser la actitud del gobierno y cuál la de los representantes de las entidades agrarias? Lozano continúa: “Recuerdo que tuve que exponer esta situación en un plenario que estaba siendo conducido por el abogado Héctor Recalde (hoy fallecido), quien al final de mi exposición les preguntó a las cerealeras si las cosas eran tal cual el diputado Lozano las sostenía, y las cerealeras contestaron que de acuerdo a la legalidad existente ellos tenían que pagar una retención de algo más que el 20% y no la que en todo caso surgiese de la aprobación de la 125 (una vez que la resolución fue sometida a su tratamiento parlamentario)”. Foto: Pedro Pérez El entonces diputado Rafael Martínez Raymonda había llamado a Claudio Lozano, dada su actuación en las discusiones parlamentarias, para pedirle colaboración en el armado de la ley mencionada y aún vigente, según la cual las cerealeras tienen que acreditar que cuentan con los granos para exportar al momento de la declaración jurada. De lo contrario los exportadores debían pagar la retención correspondiente al momento de la compra de los granos. Como problema adicional, el ex senador por Frente para la Victoria, Roberto Urquía, de la Aceitera General Deheza –hombre del agro dentro del esquema del kirchnerismo– introdujo una modificación a la ley: cuando el exportador debía, en el caso de no haber comprado previamente el grano al productor, pagar las retenciones vigentes (alícuotas actualizadas calculadas sobre el precio FOB actualizado), la “corrección” proponía actualizar la alícuota pero no así la base imponible. Por eso la entonces senadora peronista por Entre Ríos, Blanca Osuna, presentó un proyecto para subsanar la jugada del senador agropecuario, ya que, como bien marcaba Osuna en los fundamentos de su proyecto, se trataba de evitar la ‘privatización de las retenciones’ esto es, que el exportador dedujera en su compra al productor una retención que finalmente no pagaba.” (S-1850/08) Y en referencia a la modificación introducida por Urquía, escribe Osuna: “Para ser más claros: si cambió la alícuota entre la declaración de la venta y la concreción de la misma se utilizará la mayor de dichas alícuotas pero el cálculo se hará sobre el precio de la declaración con lo cual el Estado sigue perdiendo la diferencia al no actualizarse el precio del grano vendido, por quedar este fijado al momento del registro original de la operación.” Como se sabe “la 125” no logró la aprobación del senado gracias al desempate en favor de las entidades agrarias por parte del ex vicepresidente Julio Cobos. Pero la ley Martínez Raymonda conserva toda su vigencia, de modo que las cerealeras no deberían beneficiarse con la baja a cero de retenciones que súbitamente planteó el gobierno, pare devolverlas al cabo del cumplimiento del cupo a su valor anterior. Además, no hay que ser muy suspicaz para advertir que el efecto sorpresa y la ausencia completa de filtraciones de versiones al respecto, tienem que ver con un acuerdo cerrado entre el gobierno y las cerealeras a espaldas de los productores y de los ciudadanos en general. Luego, la genuflexión de la dirigencia de la Sociedad Rural y otras entidades agrarias, ¿tendrá que ver con su obstinación ideológica o recibirán su parte por debajo de la mesa? El periodista Ernesto Tenembaum, imaginó esta mañana en su programa de Radio Con Vos, cómo fue la escena: “Para mí hubo una reunión entre Caputo y su gente y las 6 o 7 agroexportadoras más importantes, donde les dijo ‘necesitamos dólares’, cuando las cerealeras respondieron que no los tenían, les dijo ‘miren que les sacamos todas las retenciones’, ‘ah entonces si tenemos’”; su remate, planteado como una conjetura, antes que como una denuncia, habla sobre algo que la justicia debería investigar: “Lo mantuvieron en secreto de tal manera que los productores no supieran y que la ganancia fuera directamente de las agroexportadoras… me cuesta pensar que no haya un retorno ahí”. Sobre lo acontecido la semana pasada Lozano sostiene que: “Acá hay una discusión entre los grandes productores y las cerealeras, ya que los grandes productores que tenían acumulados unos 10 mil millones de dólares en granos para vender (según estima nuestro compañero del IPyPP especialista en el sector, Rubén Ciani), se deberían repartir con las cerealeras los beneficios de la resignación de recursos por parte del fisco por la caída de retenciones, dada la ventana que llegaba hasta el 31 de octubre… pero al cerrarse esa posibilidad tras la declaración de Scott Bessent, el ministro de economía de Estados Unidos ordenó que había que volver a las retenciones anteriores, las cerealeras resolvieron la cuestión en apenas 72 horas y los que quedaron pedaleando en el aire son los grandes productores” La situación es completamente irregular, ya que más allá de las sospechas sobre un arreglo del ministerio de economía con las cerealeras que, para colmo, contaron con la ventaja del rulo financiero a su favor, al haber el gobierno vuelto a aumentar las retenciones habilita la aplicación de la ley Martínez Raymonda, ya que las cerealeras deberían demostrar la existencia de los granos físicos al momento de la declaración jurada, de no hacerlo, deberán pagar las retenciones vigentes al momento de comprar los granos. No hay demasiado margen para la interpretación. Por eso Lozano aclara: “Es la suba (el retorno a la retención anterior), no es la baja, si la hubieran bajado y la mantuvieran baja no habría discusión legal, el problema es que vuelven a implementar la retención en el momento en que las cerealeras tienen que comprar los granos”. Y, por cierto, las cerealeras cargan la retención a los productores. En virtud de lo ocurrido, el candidato a diputado nacional de Unidad Popular por CABA, Claudio Lozano, encabeza la denuncia penal. Entre los fundamentos de la denuncia se lee: “El Decreto N° 682/2025 no previó ni exigió el cumplimiento de la Ley N° 26.351. Los funcionarios no incluyeron la obligación de que los exportadores presentaran documentación fehaciente, como la Liquidación Primaria de Granos (LPG), para acreditar la tenencia o adquisición de los productos. La omisión de este control por parte de los funcionarios públicos (Secretaría de Agricultura y ARCA) fue una condición indispensable para el éxito del plan. La violación de la ley no solo se infiere de la estructura del decreto, sino también de los hechos posteriores a su ejecución: Rrsulta material y logísticamente imposible que el grupo de empresas beneficiadas haya podido comprar, recibir, acopiar y tomar posesión fehaciente de las casi 20 millones de toneladas de granos registradas en menos de 48 horas. Esta operación, en condiciones normales, habría requerido el movimiento de aproximadamente 650.000 camiones, lo que colapsaría la infraestructura logística del país.” La maniobra no solo generó un perjuicio fiscal directo (estimado en USD 1.750 millones si se hubieran aplicado las alícuotas anteriores), sino que también causó un grave daño a los productores agropecuarios. ¿El gobierno se volvió “degenerado fiscal de la noche a la mañana? ¿El retorno a las retenciones lo convierte en un gobierno protocomunista? Nada se sostiene políticamente ni económicamente ni comunicacionalmente en el gobierno. Pero la denuncia deja ver que tampoco se sostiene la medida jurídicamente hablando. Y es imperioso investigar por la maniobra a los funcionarios involucrados, tanto por la violación de una ley, como por la posibilidad de otros ilícitos como parte de la jugada. Por lo planteado los denunciantes solicitan (mediante una cautelar) la suspensión inmediata del decreto y la aplicación de la ley que obliga a las cerealeras a acreditar la tenencia de los granos al momento de la declaración de las exportaciones. Finalmente, la denuncia plantea la “Declaración de Nulidad y Aplicación de Alícuotas Originales” y la “Suspensión de Actos Patrimoniales”. Los denunciados son el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de economía Luis Caputo y funcionarios de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de ARCA. El poder de fuego de los exportadores es importante y la encerrona del gobierno evidente. La credibilidad social del gobierno continúa su pendiente y el declive no encuentra, por ahora, su límite. La causa fue tomada por el juez federal Julián Ercoini ¿Estará a la altura el poder judicial?
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