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Concordia » Realnoticias
Fecha: 30/09/2025 17:58
El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró que no negociarán ni retrocederán en la decisión de eliminar el subsidio al diésel, que desde su entrada en vigencia generó una serie de manifestaciones que derivaron en al menos un muerto, decenas de heridos y cientos de detenciones. El paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene marchas y bloqueos en varias provincias del país en rechazo a la eliminación del subsidio. Así lo informó la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, en su habitual conferencia de prensa semanal. “El Gobierno del presidente Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder. Retroceder significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan“, insistió. Criminalizar un reclamo legítimo La decisión, anunciada a mediados de septiembre, implicó un aumento del precio del diésel de 0,48 dólares por litro a 0,74 dólares por litro. El Ejecutivo justifica la eliminación del subsidio como parte de una estrategia para redirigir los recursos públicos y combatir el contrabando de combustibles, que según estimaciones oficiales representaba un gasto estatal de más de 1.100 millones de dólares anuales. El Ejecutivo condenó los hechos violentos y calificó algunos de ellos como actos de “terrorismo”. Esta versión fue fuertemente rechazada por las autoridades de la Conaie. El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Alberto Ainaguano, consideró que la protesta forma parte de un reclamo legítimo de los pueblos originarios. “No somos terroristas, somos pueblos originarios de aquí, nosotros somos milenarios. Nos siguen a todos los lados; mientras la seguridad nos sigue a nosotros, la inseguridad crece exponencialmente en el país“, apuntó el líder indígena. Escalada de violencia La tensión en las calles escaló durante el fin de semana. El domingo, se registró la muerte de un manifestante en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, durante el paso de un “convoy con ayuda humanitaria” escoltado por las Fuerzas Armadas. El Gobierno sostiene que el convoy fue emboscado por grupos violentos y que el personal militar respondió en defensa propia, pero no suministró pruebas.En esa línea, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que lo ocurrido “no fue una protesta, sino una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales“. El fallecido fue identificado como Efraín Fuerez, comunero indígena de 46 años. La Conaie lo describió como un “líder comunitario y padre de familia“, y denunció que habría recibido tres impactos de bala por parte de efectivos militares. La Fiscalía General del Estado informó que abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Videos difundidos por organizaciones sociales y medios locales muestran actos de represión en distintas localidades. En uno de ellos, se observa a militares golpeando a dos personas en el suelo. Otro registra la agresión a un soldado por parte de un grupo de manifestantes. “Ni los espacios de salud ni de ayuda humanitaria fueron respetados“, apuntó la CONAIE. El convoy atacado estaba liderado por el propio presidente Noboa, junto a los ministros del Interior y de Defensa. Anterior al hecho, el mandatario había llevado a sus redes su interpretación de las manifestaciones: “No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”, escribió en un mensaje en sus redes. Un nuevo estado de excepción Ante la escalada del conflicto, el Ejecutivo declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país, con toque de queda nocturno en cinco de ellas. La medida autoriza el uso de la fuerza pública y restringe el derecho a reunión. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, Mary Lawlord, expresó su preocupación alrededor de lo que consideró una “represión violenta” de movilizaciones pacíficas. “Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo“, apuntó en sus redes sociales. La represión también afectó los servicios básicos. La Empresa de Agua Potable de Ibarra reportó la rotura de una tubería bajo el puente de Rumipamba, lo que dejó sin servicio a la zona. Además, la Conaie y otras organizaciones denunciaron cortes de señal de internet y telefonía en comunidades indígenas, lo que impide documentar la represión. También acusan al Ejecutivo de “militarizar los territorios indígenas” y de intentar “silenciar las protestas“. Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador alertó sobre “el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos” debido al despliegue militar. La organización INREDH rechazó “el uso letal e ilegítimo de la fuerza” y exigió una investigación independiente sobre la muerte de Fuerez. La coordinadora de la organización, Dayuma Amores, denunció que las fuerzas de seguridad estan cometiendo “terrorismo de Estado“. Un enfrentamiento histórico A pesar del clima de conflictividad, Jaramillo anunció que en las próximas semanas se espera una visita de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, en el marco de una cooperación bilateral en materia de seguridad. Parte del plan incluye la posible instalación de bases operativas del Departamento de Seguridad Interior en territorio ecuatoriano. En paralelo, la Conaie insiste en que el paro continuará “por tiempo indefinido” hasta que se deroguen las medidas. Entre sus demandas figuran también la reducción del IVA del 15 al 12 por ciento y el rechazo a la convocatoria de un referéndum previsto para noviembre que, entre otras propuestas, contempla la creación de una Asamblea Constituyente. Mientras tanto, las calles de ciudades como Ibarra, Otavalo y Cotacachi siguen siendo escenario de movilizaciones, bloqueos, y una creciente polarización política y social. Las movilizaciones actuales remiten a las de 2019 y 2022, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente. En ambas ocasiones, la Conaie logró forzar la derogación de medidas similares de ajuste económico y eliminación de subsidios, tras masivas protestas que dejaron varios muertos y cientos de heridos. Según datos oficiales, los pueblos indígenas representan cerca del 8 por ciento de los 17 millones de habitantes del país, aunque sus líderes sostienen que la cifra real se acerca al 25 por ciento, con base en estudios antropológicos.
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