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Concordia » Realnoticias
Fecha: 30/09/2025 17:58
Las autoridades judiciales y policiales de Uruguay confirmaron este lunes que el atentado contra la fiscal de la Corte, Mónica Ferrero, guarda relación con estructuras criminales asociadas al narcotráfico transnacional. En el centro de la investigación aparece el grupo Los Albín, considerado el brazo ejecutor en Uruguay de la red liderada por el narcotraficante prófugo Sebastián Marset. El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa junto con otras autoridades policiales, en la que afirmó que están “preocupados pero sobre todo, ocupados” por el atentado perpetrado en el domicilio de Ferrero. Indicó que se mantuvo en contacto con el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como con la propia fiscal, para mantenerlos informados. “No nos moverán ni un centímetro y van a caer. Ya cayeron dos, y no serán los únicos ni los últimos”, enfatizó. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cuando al menos dos personas ingresaron por los techos al patio trasero de la vivienda de la fiscal, ubicada en el barrio Jacinto Vera de Montevideo. Allí realizaron disparos, detonaron una granada de fragmentación y causaron diversos daños materiales. La fiscal y su familia resultaron ilesos, pero el hecho elevó el nivel de alarma institucional y generó una reacción inmediata en todo el arco político del país. Enviar un mensaje Horas después del hecho, el Ministerio del Interior confirmó la detención de dos personas, un hombre y una mujer menores de 30 años, señaladas como integrantes de Los Albín. Según informó el propio ministro Carlos Negro, los detenidos no serían los autores materiales del ataque, pero participaron del operativo como parte del “soporte logístico”. La camioneta utilizada para facilitar el ingreso a la casa de Ferrero fue hallada incendiada horas más tarde en las inmediaciones del arroyo Miguelete. Según el ministro Negro, “hay patrones comunes” entre este episodio y otros ataques previos relacionados con Marset y su entorno. “El tipo de armamento, el modus operandi, los objetivos: todo apunta a un mismo universo criminal”, sostuvo. Los Albín, bajo el liderazgo de Luis Fernando Fernández Albín, actuaría como el brazo ejecutor en Uruguay del narcotraficante Marset, informó el diario local La República. El escándalo que tuvo de protagonista al jefe narco en los titulares del mundo estalló en 2021. Marset, quien estaba entonces detenido en Dubai con un pasaporte falso, solicitó asilo diplomático a Uruguay. El otrora gobierno de Luis Lacalle Pou le emitió un pasaporte exprés y el narco logró fugarse. El caso Marset desató una profunda crisis en Ejecutivo de derecha. La fiscal a cargo de la investigación es Angelita Romano, quien subroga a Ferrero en su antiguo cargo y coordina las investigaciones vinculadas a estupefacientes. Las pesquisas se mantienen bajo estricto hermetismo, aunque este lunes se realizaron requisas en el Penal de Libertad, donde se incautaron celulares de internos asociados a Los Albín. Según fuentes oficiales, uno de los teléfonos contenía información sobre los movimientos del líder del clan, Fernández Albín, tras la caída del cargamento en agosto. El ataque fue categorizado como un intento de homicidio. En el lugar se hallaron restos del explosivo y un pozo excavado por los atacantes, lo que obligó a realizar pericias para descartar la presencia de otros artefactos. La vivienda cuenta con una garita policial en el frente, pero el ingreso se produjo por una zona sin custodia, lo que expuso fallas en la evaluación de riesgo previa. Tras el atentado, se activó un inmediato refuerzo de la seguridad de Ferrero y una convocatoria urgente del Poder Ejecutivo. El presidente Orsi se reunió este lunes con Ferrero, el ministro del Interior y la ministra de Defensa, Sandra Lazo. “Es una grave situación. Nuestra respuesta debe ser firme. El crimen organizado no va a torcer el rumbo del Estado”, expresó Orsi en redes sociales. Una historia de violencia La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el atentado fue ordenado como venganza por el operativo “Nueva Era”, desarrollado en agosto, que resultó en la incautación de 2,2 toneladas de cocaína enterradas en una chacra de Punta Espinillo. Seis personas fueron detenidas entonces, todas con nexos con el clan de Los Albín. Se presume que la droga estaba destinada al mercado europeo y su valor final superaría los 60 millones de dólares. La fiscal Ferrero fue la encargada de impulsar esa investigación y otras similares desde su anterior rol como fiscal especializada en Estupefacientes. Por eso, tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía consideran que el ataque buscó enviar un mensaje directo al aparato judicial que investiga y persigue al crimen organizado. “La fiscal conoce bien los métodos de estos grupos criminales”, dijo Negro durante una conferencia de prensa brindada el domingo. “Este atentado no va a mover ni un centímetro el accionar del Estado”, aseguró. Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta la fiscal Ferrero. En 2020, recibió amenazas directas a su celular luego de otra gran incautación de drogas. Un mensaje firmado por el llamado “Primer Cártel Uruguayo” advertía que seguirían atentados si no se “flexibilizaba” la acción de la fiscalía. Aquella amenaza se produjo el mismo fin de semana en que una bomba molotov impactó contra la sede de la Brigada Antidrogas en el barrio Prado de la capital. El remitente del mensaje fue identificado como Rodrigo Arias, hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, en una causa que derivó en casi 40 imputaciones vinculadas al cártel que lidera Marset. A principios de mes, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para tratar el Presupuesto, la propia Ferrero se refirió explícitamente a las amenazas que continuaba recibiendo, recordó La República. “Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y, sin embargo, sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte; ya saben más o menos por dónde viene, y seguimos peleando”. Reacción política La reacción política fue transversal. Desde el gobernante Frente Amplio hasta el Partido Nacional y el Partido Colorado expresaron su repudio al atentado y su respaldo al Ministerio Público. El expresidente Lacalle Pou, afirmó que “no puede haber dos opiniones frente a estos hechos”. Por su parte, el Partido Colorado advirtió que el ataque representa un “cambio cualitativo en la amenaza a la institucionalidad democrática”. Por otra parte, la Comisión Directiva de la Unión de Policías de la Guardia Republicana en un duro comunicado responsabilizó a Negro y pidió la renuncia del ministro de Interior. “En esta situación no sólo está en riesgo la vida de la fiscal, también lo están los Policías destinados a custodiarla, quienes hoy cumplen servicio de forma estática en una garita y sin garantías reales, lo que demuestra que hubo una falla grave en la planificación (de la seguridad)”. Desde la Fiscalía General, el vocero Javier Benech destacó que Ferrero “está bien de salud” pero remarcó que el ataque representa “un escalón más en la amenaza del crimen organizado contra el Estado de Derecho” en el país. “No se trata solo de una persona: es un ataque a la cabeza del sistema acusador público”, explicó. Benech advirtió también sobre el cambio de escenario en Uruguay: “Dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un punto de acopio y distribución internacional de estupefacientes”. En esa línea, recordó que los fiscales que trabajan en estas causas “sienten que son vulnerables” y reclamó mayor protección institucional para garantizar su labor. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que no se dejará amedrentar. “No hay lugar para la impunidad. Esto refuerza, no debilita, nuestra voluntad de actuar”, concluyó Benech.
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