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» El Ciudadano
Fecha: 29/09/2025 21:00
Fuente, Data Clave Mauro Federico Ivy Cángaro La red es compleja, pero clara. Para entenderla, podríamos imaginar una pizarra de vínculos como suelen mostrarse en las películas de investigación criminal, donde unen fotos y nombres con hilos rojos. Este esquema podría replicar ese método. Empecemos por uno de los personajes principales, que nuclea a todos los demás: José Luis Espert. El 27 de agosto y en pleno acto de campaña en Lomas de Zamora, algunos vecinos airados arrojaron brócolis sobre las cabezas de Javier y Karina Milei. Junto ellos estaba el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza, quien raudo escapó en una moto conducida por un barrabrava y se perdió con destino incierto. Luego, ya lejos de agresiones, dijo a la prensa: “Quiero condenar el segundo acto de violencia, en el inicio de la campaña. Ya tenemos que condenar dos hechos de violencia en territorio kirchnerista. Si no tenemos en claro que acá hay un enemigo de la libertad que es el kirchnerismo, podemos llegar a equivocarnos”. Y como en todos sus actos y declaraciones de campaña, cerró con su slogan: “Para los delincuentes, cárcel o bala”. La firmeza de sus dichos y convicciones, que parecen irreductibles frente al delito, pueden tener que ver con otra jornada que podría haber terminado en tragedia y que le tocó vivir. Fue en la noche del 6 de agosto de 2019 cuando, a las diez de la noche, se dirigía a los estudios de Crónica TV para una entrevista. Lo acompañaba Luis Rosales, su candidato a vicepresidente en la fórmula que él encabezó por el Partido Despertar para los comicios presidenciales de 2019. En los estudios del canal, el candidato describió la situación a la periodista Nancy Pazos: «Veníamos desde el norte para acá por Madero. Antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor. El impacto se sintió fortísimo y si lo que tiraron le hubiera dado al conductor, hubiera sido gravísimo. No sabemos si son piedras o balas», dijo Espert, con notable sangre fría cercana a la despreocupación. Se salvó porque los vidrios eran blindados, y luego las pericias parecen haber confirmado que efectivamente fueron balazos, dato corroborado años después y en entrevista con Baby Etchecopar por la inefable diputada Lilia Lemoine quien, en ese momento, estaba en la vereda de enfrente de quien hoy considera el mejor candidato de LLA. Por entonces Lemoine aseguró que fueron tiros destinados a Espert, por haberse quedado con dineros del narcotráfico destinados a la campaña, “tongo” que ella se encargó de desbaratar, sin que llegue a ahondar cómo lo hizo y si eso tuvo una consecuencia judicial, como hubiera correspondido. La camioneta en la que Espert, en plena campaña, se trasladaba pertenecía al narco Federico Andrés Machado, más conocido como “Fred”; un “entrepreneur” quien entre otras lindezas se dedicaba al tráfico de estupefacientes en avionetas de su propiedad que, a su vez, rentaba a otros emprendedores del rubro, y que lideraba una banda criminal recientemente desarticulada en Estados Unidos por la Corte Federal del Distrito Este de Texas. Federico Andrés “Fred” Machado fue detenido en abril de 2021 en Neuquén y se encuentra con prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma (recordemos estas dos locaciones) a la espera de su extradición a Estados Unidos en el marco de la causa FGR 2609/2021 “Machado Federico Andrés s/ extradición”. En noviembre de 2024, su cómplice Debora Lynn Mercer-Erwin fue condenada por estos delitos a 16 años de prisión y otros seis partícipes de dichas maniobras ilícitas se encuentran a la espera de sus respectivos juicios orales. La fiscalía norteamericana, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico liderada por Machado y su socia Debra demostró que existió por lo menos un pago realizado por estos peligrosos criminales a José Luis Espert. Según contabilidad secreta de la organización hallada por los investigadores, el diputado nacional aparece como parte de nómina de personas vinculadas al esquema criminal bajo la carátula de “cómplice”, y en virtud de ello se detalla un pago realizado el 1° de febrero de 2020 mediante un giro de US$ 200.000. Buena parte de esta información fue consignada en una denuncia elaborada por el dirigente de Patria Grande y candidato a diputado nacional Juan Grabois, basada en una investigación propia en la que aporta pruebas sobre los vínculos del candidato libertario con el narcotráfico y su rol en una red de corrupción que involucra también a Javier Milei, Karina Milei, Victoria Villarruel, el ex funcionario Diego Spagnuolo y otros integrantes de La Libertad Avanza. Las sospechas indican que en realidad, es una remesa de menor cuantía pero la única certificada, pues los dichos de testigos y el devenir mismo de la campaña de Espert en 2019 indicarían que, como en su momento contamos en Data Clave y en base a una investigación del periodista Sebastián Lacunza, el candidato y el narco se conocieron a principios de ese año en el Aeródromo de San Fernando, y que desde ese momento y hasta la fecha de los comicios, Espert habría recibido alrededor de cinco millones de dólares. Además, Machado le proveyó un avión y una camioneta blindada para sus traslados, algo que Espert agradeció públicamente en Bahía Blanca y en el marco de la presentación de su libro llamado, paradójicamente, “La Sociedad Cómplice”. La presentación del libro puede verse aquí, y como en el inicio del video agradece a Machado. Entre el público, al fondo se encuentra un hombre semicalvo, el primo de Machado, Claudio Alberto Cicarelli, a quien apodan “Lechuga”, con un rol protagónico en esta historia de la narco-política libertaria. Cuando Espert se vinculó con Machado, éste ya estaba siendo investigado por la Justicia y su nombre circulaba en los medios de prensa, fundamentalmente por dos casos resonantes: el del contrabando de los hermanos Juliá -Eduardo y Gustavo- hijos del reconocido militar argentino jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo, que fueron condenados a trece años de prisión por la justicia española por contrabandear una tonelada de cocaína entre Argentina y Barcelona en un avión rentado por Machado; y una segunda denuncia por vender aviones que aparecieron cargados de droga en diferentes países del cono sur, provenientes de México. Es recién el 13 de mayo de 2021 cuando el periodista Rodis Recalt reveló la primera conexión entre Espert y Machado: publicó una foto donde se ve a Espert y a su entonces jefe de campaña, Nazareno Gabriel Etchepare, posando junto al avión matrícula N28FM, propiedad de Machado. Villaverde, Lechuga y las rúculas crocantes Machado también entregó a Espert la camioneta Jeep Grand Cherokee SRT-8 matrícula OIO5929 blindada, que como contamos fue tiroteada con Espert dentro. La camioneta está registrada a nombre de Claudio Alberto “Lechuga” Ciccarelli desde el 5 de abril de 2019. Al momento de la detención de Machado en Argentina (en abril de 2021) aún contaba con una cédula azul expedida a nombre de José Luis Espert. Otra cédula azul estaba a nombre del jefe de campaña Nazareno Gabriel Etchepare. Claudio Alberto “Lechuga” Cicarelli es primo hermano y prestanombre/socio de Machado en Argentina. Cicarelli, además de tener ese parentesco con el narco es, en la actualidad, pareja de la Diputada Nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien estuvo detenida en los Estados Unidos por tenencia de cuatrocientos gramos de cocaína en un aeropuerto de Florida en 2002, como también contamos oportunamente en Data Clave. Cicarelli es, además, empresario minero. Es socio de la minera “Gold and Sand” junto a Hernán Nuñez, de Viedma, (donde está preso Fred Machado); y además es presidente de la minera “Eco Friendly S.A.” que a su vez se hizo cargo de la minera “Andacollo S.A.”, de Neuquén (donde fue apresado Machado), junto al inversor de la industria láctea Vidal Bada Vázquez, de Lácteos Vidal. La esposa de Vidal Bada Vázquez es María Cecilia Roncero, quien junto a su marido también lidera la empresa de aerotransportes “El Nacional”. A su vez, la esposa de Cicarelli, la diputada Villaverde, también se desempeña como promotora inmobiliaria junto a su marido, y fue acusada de fraude por la venta de terrenos en Las Grutas, sin permiso de construcción, lo que le valió no solo una causa judicial sino un reciente embargo por cincuenta millones de pesos. A pesar de ese historial, este año la diputada Villaverde pudo comprarse una casa de U$S395.000 en Cippolletti gracias a un crédito hipotecario del Banco Nación, que en enero le concedió 225 millones de pesos. La sucursal de Cipolletti había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos, pero la legisladora saltó el escollo y recurrió directamente a Daniel Tillard, el cordobés director general del Banco y su amigo personal quien con solo un llamado, destrabó el escollo en la sucursal Cipolletti. La legisladora hoy se toma fotos en la pileta climatizada de su nueva casa del barrio privado “Los Patricios II”. La casa de Cipolletti no figura en la declaración jurada que presentó en el Congreso. Allí aparecen propiedades en Escobar, un terreno en las Grutas y otro en un barrio cerrado de Neuquén además de una lancha, un BMW X3, una Amarok y una Dodge RAM. El mismo tipo de emprendimientos minero, inmobiliario y de aerotransporte que lidera Machado y cuyo lavado de activos del narcotráfico hacía, de acuerdo a la causa en su contra que se lleva en USA, a través de empresas de minería guatemaltecas y de emprendimientos inmobiliarios en Guatemala, Colombia y México; parecen ser los que desempeñan los amigos argentinos Cicarelli, Villaverde, Vidal Bada Vázquez y Roncero. Pero hay más. La noche del 22 de enero de este año en Ibicuy, una población de 12.000 habitantes en Entre Ríos, entraron al despacho de ramos generales del pueblo dos personas que hablaban con un acento extraño para la zona, un hombre y una mujer. La dama era de una belleza llamativa, casi tanto como su ansiedad por conseguir señal de wifi y cambiar pesos bolivianos por argentinos, en un paraje que no contaba ni con señal, ni con pesos. Tampoco logró su cometido porque a los segundos llegó la policía y se los llevó detenidos. La pareja estaba compuesta por Leonardo Monte Alto Gusmao y Jade Isabela Gallau Barriga, una ex Miss Bolivia que desde hace unos meses pasó a la fama como “narco-modelo”. El apodo vino a cuento porque a metros del boliche a donde llegó por wifi, había aterrizado de emergencia con una avioneta sin nafta en la que transportaban 359 kilos de cocaína que debían llegar al aeropuerto de San Fernando. El dueño de la avioneta era un peruano llamado Saúl Ángel Villanueva Echeverría, que había comprado la nave asociado con sus dos hijos por trece mil dólares: una ganga, puesto que su valor real es de diez veces más. El trío de padre e hijos peruanos vivían sobre un boliche bailable del bajo Flores que también regenteaban, “Rumba Latina”, y donde la justicia encontró hasta un simulador de vuelo. La empresa que le vendió la aeronave a los peruanos fue “El Nacional”, que solo tiene dos empleados para mantener una flota de noventa aeronaves; la misma del matrimonio Vidal-Roncero, los socios de Cicarelli, el primo de Fred Machado y esposo de Villaverde. Espert, el afortunado Algunos indicios dan cuenta que Machado también habría lavado dinero a través de Espert, esos cinco millones que no habrían ido a la campaña presidencial sino a los bolsillos del hoy diputado nacional, probablemente la única persona en la historia de la humanidad que culminó una campaña presidencial más rico de lo que la inició. En la declaración jurada rectificativa que presentó el 18 de julio de 2022 ante la Oficina Anticorrupción dice tener el 50% de una casa de 250 m2 en Beccar que habría adquirido con “ingresos propios” el 1° de noviembre de 2019, una semana después de concluida la campaña electoral, y donde tiene la sede, también, la empresa “Varianza”. El otro 50% pertenece a su esposa María Mercedes González, una persona que el 1° de junio de 2021 se inscribió como monotributista categoría A, la más baja del impuesto. En su declaración jurada Espert también dice poseer el 100% de un BMW M240I Sedan 2 Puertas modelo 2020 (un automóvil valuado en US$ 90.000) adquirido en marzo de 2020 con “ingresos propios”, y el 50% de Varianza S.A., una sociedad que constituyó en diciembre de 2019 junto a su esposa (sociedad que, dada su falta de actividad y la total ausencia de referencias en sitios públicos, pudo haber sido utilizada como vehículo para canalizar parte del dinero de origen ilícito aportado por Machado, declarada ante la Oficina Anticorrupción como activa recién en 2024). La evolución patrimonial declarada por José Luis Espert ante la Oficina Anticorrupción entre los años 2021 y 2024 refuerza esta presunción. Según surge de las declaraciones juradas públicas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, y pasó de $29.489.019 en 2022 a $261.965.406 en 2024. Esta progresión -que representa un aumento del 789%- resulta absolutamente desproporcionada en relación con sus ingresos laborales y de rentas declaradas, incluso contemplando los generosos montos informados en tales categorías. En particular, en el ejercicio 2023 declaró ingresos netos por $54 millones, pero su patrimonio creció más de $92 millones en ese mismo período, lo que configura un desbalance patrimonial significativo sin justificación aparente. Este crecimiento se aceleró precisamente tras la finalización de la campaña presidencial de 2019, y coincide con la adquisición de bienes suntuarios (como el BMW M240I) y la declaración de créditos impositivos de origen no especificado por más de $4,4 millones. ¿Es el dinero de campaña que muchos dicen, entre ellos Lemoine, que Machado aportó para la campaña y que Espert tomó para sí? Más allá de los inusuales movimientos patrimoniales de Espert en las semanas posteriores a la conclusión de la campaña electoral 2019, existe una prueba fehaciente y directa de los giros de dinero sucio realizados por Machado a Espert, contenida en la documentación presentada por la fiscalía del Distrito Este de Texas durante el juicio contra Debra Lynn Mercer-Erwin: un libro contable secreto mantenido por Mercer-Erwin y Machado. En la página 18 de ese documento, se puede advertir que Mercer-Erwin y Machado anotaban el nombre de personas a las que denominan “cómplices” según el Internal Revenue Service (IRS) -agencia del gobierno federal de Estados Unidos responsable de la recaudación de impuestos- y las transferencias que les hacían. Uno de esos cómplices fue José Luis Espert, quien el 1° de febrero de 2020 recibió un giro de US$ 200.000. Por otra parte Espert dice tener emprendimientos agropecuarios en Pergamino, en un bien familiar que no declara, en sociedad con su hermano. Poco se sabe de su actividad en la región, pero lo que resulta curioso es que precisamente en esa zona hubo, solo este año, seis avionetas estrelladas, incendiadas o abandonadas, todas vinculadas al mundo narco. Spagnuolo y Oneto, parte de la red El abogado de Machado en este proceso de extradición es Francisco Oneto, quien también es abogado y apoderado de Javier Milei y de Espert. Oneto, fundamentalista de la mano dura, fue candidato a vicegobernador en la lista de La Libertad Avanza junto a Carolina Píparo, en 2023. El dato de que sea el abogado de Milei no es menor si se considera que es el presidente quien debe firmar o rechazar cualquier trámite de extradición. Previamente a que Milei tome a Oneto como su representante legal, su abogado de confianza y apoderado fue el caído en desgracia Diego Spagnuolo, directivo de ANDIS que, tras la difusión de los audios en los que contaba la operatoria de coimas implementada por Karina Milei y Lule Menem, con la “administración” de la Droguería Suizo Argentina, quedó fuera de juego. Es aquí donde se suma otra curiosidad en esta pizarra de nexos. Quien hace pocos años había presentado a Spagnuolo con Milei, y que dio inicio a una profusa amistad entre el presidente y él -vale recordar que Spagnuolo era el visitante más asiduo de la Quinta de Olivos, en donde supo compartir cenas con Mauricio Novelli, el lavador de activos a través de $Libra- fue precisamente Espert, quien también tuvo una estrechísima amistad con Spagnuolo, que hoy niega. ¿Qué une a todos estos personajes del hampa, la justicia, el gobierno y la política? El dinero y el poder. Para ello se requiere no solo de impunidad, algo que garantiza el tener “la sartén por el mango”, sino una logística que permita los movimientos. Este tipo de operatorias deben analizarse a la luz de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, en particular los establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ambos organismos identifican como patrones típicos de riesgo la constitución de sociedades sin actividad económica verificable, el incremento patrimonial abrupto sin trazabilidad de ingresos lícitos proporcionales, y el uso de estructuras personales o familiares para ocultar el verdadero beneficiario final. La Resolución UIF Nº 134/201817, aplicable a sujetos obligados no financieros, advierte específicamente sobre situaciones en las que personas políticamente expuestas (PEP) registran aumentos significativos de patrimonio sin respaldo documental suficiente. Por su parte, el GAFI, en su Recomendación 1218 , impone la obligación de aplicar medidas reforzadas de debida diligencia cuando se trate de funcionarios públicos, particularmente en operaciones de adquisición de activos o constitución de estructuras jurídicas. El escollo es que en todos esos organismos, sin distinción, los directivos pertenecen al mismo círculo presidencial. ¿Se investigarán entre ellos?
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