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    Fecha: 29/09/2025 13:33

    En la antesala del día D de la política argentina, los gobernadores se mueven entre el pragmatismo y el desencanto, mientras Milei enfrenta su desgaste más profundo. En paralelo, el oficialismo nacional muestra una desconexión peligrosa con la realidad y en Posadas asoma un conflicto local que expone cómo las tensiones entre poder y gestión atraviesan todos los niveles. Restan menos de 30 días para el día D del año político nacional. En el calendario de la política argentina, un mes es una eternidad: el tiempo suficiente para que ocurran hechos inesperados, cimbronazos capaces de alterar cualquier previsión y consecuencias que todavía nadie puede anticipar. El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas, en todas las provincias, para definir la nueva composición del Poder Legislativo nacional. De esos resultados dependerá buena parte del futuro del proyecto libertario encabezado por Javier Milei, un dirigente que en 2023 alcanzó la presidencia con el respaldo de más del 56% en la segunda vuelta contra Sergio Massa, pero que hoy, según las encuestas más recientes, enfrenta los niveles más bajos de aceptación desde que llegó a la Casa Rosada. En ese tablero movedizo, los gobernadores cumplen un rol central. No tienen expectativas respecto de la Nación, pero cargan con la obligación de sostener sus territorios, administrar recursos escasos y, aun en la adversidad, garantizar gobernabilidad. Son ellos quienes, con pragmatismo, ofrecieron respaldo a Milei desde el minuto cero de su gestión. Una mayoría amplia eligió tenderle la mano en nombre de la estabilidad, pero los resultados nunca llegaron a sus provincias. Una frase del personaje central de la serie “Todo un hombre” (Charlie Croker, interpretado por el genial Jeff Daniels) bien podría ilustrar esa relación: “pedir préstamos no es malo, lo malo es cuando te quieren cobrar”. Y los mandatarios provinciales sienten que, tras meses de apoyo, lo único que recibieron fueron deudas políticas e incumplimientos. Ni siquiera el respaldo del Tesoro de Estados Unidos calmó la tensión. La llegada de dólares para contener la corrida cambiaria trajo como condición retomar el diálogo con los gobernadores y reconstruir el control político en el Congreso. Pero, en los hechos, las reuniones no ofrecieron certezas. Varias provincias se resisten a sacarse la foto de la gobernabilidad antes de las elecciones, temerosas de que ese gesto se transforme en un costo político cuando la ciudadanía se exprese en las urnas. El antecedente de la elección bonaerense dejó una advertencia: el voto puede volver a reflejar la necesidad de aires de cambio que aún interpelan a gran parte de la sociedad. El XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías, que reunió a seis gobernadores este jueves, fue la vidriera de ese malestar acumulado. Todos coincidieron en los reproches: promesas de obras que nunca se ejecutaron, la exclusión casi total del Presupuesto 2026, el sesgo centralista de las políticas nacionales y la falta de apertura para discutir proyectos clave, como la transferencia directa de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Cada uno, con matices, describió la misma sensación: la de haber apostado a un entendimiento que nunca se concretó. Entre ellos estuvo el misionero Hugo Passalacqua, quien, según publicó Infobae, se mostró abierto a retomar el vínculo con la Casa Rosada. “Si se puede retomar el diálogo en 15 minutos, mejor”, bromeó, sintetizando con humor el pragmatismo de un dirigente que no desconoce la magnitud del desafío. Porque más allá de la tensión, los gobernadores saben que deben gobernar, cuidar a sus familias y administrar sus provincias con la mayor responsabilidad posible. La cuenta regresiva hacia el 26 de octubre avanza sin pausas. Milei llega a esa cita con el capital político en revisión y con el reto de recuperar confianza allí donde más lo necesita: en las provincias y en el Congreso. Los gobernadores, por su parte, ya entendieron que no pueden esperar demasiado de la Nación, pero tampoco pueden darse el lujo de romper todos los puentes. En esa tensión entre pragmatismo y desencanto se juega buena parte de la política de este tiempo. Y es allí donde se pondrá a prueba la capacidad del sistema para sobrevivir a los cimbronazos de esta eternidad que falta hasta el día D. Desconexión Del lado del oficialismo nacional, el grado de desconexión con la realidad quedó en evidencia en una frase que difícilmente pueda olvidarse. Javier Milei, en su afán por defender a su hermana Karina frente a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, lanzó: “¿Se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100?”. Una expresión que, más allá de la intención, terminó funcionando como un retrato brutal de la lógica que parece imperar en la gestión: la naturalización del privilegio, el desprecio por la transparencia y la falta de conciencia del impacto social de cada palabra que pronuncia un presidente. El reciente viaje a Estados Unidos, con foto y anuncio junto a Donald Trump, no alcanzó para torcer la percepción dominante en el llamado círculo rojo. Por el contrario, quedó claro que los sectores de poder económico le soltaron la mano a Milei y que no pondrán un peso más hasta después de las elecciones de octubre. Ni la épica libertaria ni el alineamiento con Washington lograron lo que el presidente esperaba: credibilidad y respaldo en el mercado local. La medida de retenciones cero al agro, presentada como un alivio para todo el sector, terminó revelando su verdadero alcance: fue un acuerdo cerrado en Rosario antes del viaje a Estados Unidos, que benefició exclusivamente a cuatro grandes cerealeras. Las pymes agropecuarias, los productores medianos y pequeños, siguen igual o peor que antes. El relato de libertad y competencia se redujo, en los hechos, a un beneficio concentrado, sin derrame, sin plan productivo y con la sensación creciente de que las promesas de cambio se transformaron en privilegios para pocos. En ese clima de desconfianza, la visita de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano, aportó un dato político que muchos sospechaban. En Misiones, explicó que el presidente Milei delegó su faceta política en la familia Menem, a quienes definió como una dinastía que solo está en la política para hacer negocios. Con la misma crudeza, reconoció por qué se fue de La Libertad Avanza: el presidente no cumplió el contrato social que había establecido con sus votantes y terminó reproduciendo lo mismo que juró combatir. Su testimonio, más allá de lo individual, refuerza la idea de que el oficialismo perdió el rumbo político y la confianza de quienes, hasta hace poco, lo defendían. Esa distancia entre el discurso y la realidad política, entre lo que se promete y lo que se cumple, genera un clima de vacío que cada vez se siente más. Bersuit Vergarabat lo dijo hace más de veinte años en su canción Desconexión sideral: hay un momento en que la política, como ciertos personajes de la canción, parece vivir en otra dimensión, ajena a lo que pasa en la calle. Hoy ese verso funciona como metáfora de un gobierno que parece flotar en un limbo propio, desconectado de la tierra que pisa y de la gente que debería gobernar. Radicados En Posadas, el municipio enfrenta un conflicto latente con la empresa de transporte San José, perteneciente a la familia Horianski, dueña de Kenia, una de las empresas que presta servicios en varias localidades de Misiones. La firma se quedó hace dos años con la concesión de las líneas que antes explotaba la tradicional Bencivenga (14, 16, 23 y 28) y otras dos que pertenecían a Don Casimiro (11 y 26), compañía que mantiene un dominio casi monopólico sobre el sistema de transporte en el área metropolitana de Posadas, Garupá y Candelaria. En un inicio, San José se presentó con una imagen renovada: colectivos nuevos, todos equipados con aire acondicionado y en buen estado. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a acumularse las quejas de los usuarios de distintos barrios por la baja frecuencia de los servicios. Esta situación fue reconocida incluso por el propio municipio, a través del secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, quien confirmó que la falta de viajes y el escaso movimiento de pasajeros, obligó a que las empresas comiencen a sacar servicios en determinados horarios. El problema actual, sin embargo, va más allá de la calidad del servicio. Lo que hoy preocupa a las autoridades locales es que la empresa tendría inscripto todo su parque automotor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando las ordenanzas que regulan el transporte en Posadas exigen que los vehículos estén radicados en el propio municipio. La falta de cumplimiento genera un vacío legal que amenaza con escalar en un conflicto mayor. Por ahora, la discusión no pasó de advertencias y cruces de declaraciones. Pero la tensión podría crecer en cualquier momento, sobre todo tras una frase que se atribuye a voceros de la compañía: “Cuando los funcionarios traigan sus autos registrados en San Carlos (Corrientes), nosotros traemos nuestros colectivos”. Un comentario que expone la delgada línea entre el reclamo empresarial y la disputa política, y que anticipa un choque inevitable si no se logra encauzar el problema por la vía del diálogo y el cumplimiento de las normas. Por Sergio Fernández

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