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  • Fiscalía de Concepción del Uruguay: una trinchera de impunidad para agresores con contactos

    Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com

    Fecha: 29/09/2025 13:52

    Compartir en: La fiscalía de Concepción del Uruguay acumula denuncias graves por encubrir a empleados judiciales acusados de violencia de género. Los escritos muestran un patrón de protección hacia el denunciado y un maltrato sistemático hacia la víctima. El acusado, FDT, empleado judicial, fue denunciado por hostigamiento desde 2011 y por amenazas en la vía pública. En septiembre de 2021, el Juzgado de Familia N.º 2 dictó una prohibición de acercamiento a 200 metros por 45 días. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2021 el agresor violó la orden en la Peatonal Rocamora, insultando a la denunciante y haciendo referencia qué no sabia con quien se estaba metiendo. Pese a la evidencia, el fiscal Juan Pablo Mariano Gile demoró la investigación, desvió las audiencias y dejó en claro su sesgo. En palabras de la denunciante: “El denunciado está violando la medida de restricción y jamás negó estar presente, pero han puesto muchísima atención en todo eso y no las irrisorias cosas que ha hecho hasta el momento, simulando cumplir con su deber y dilatando los tiempos para la prescripción”. La protección al acusado se hizo evidente en cada paso: mientras a la víctima y a sus testigos se les pedían pruebas invasivas y hasta se los sometía a interrogatorios improcedentes, el imputado obtenía beneficios. La propia Reymundo lo denuncia así: “El fiscal Gile actuó a favor del denunciado en todo el proceso, minimizando los hechos denunciados, desestimando la prueba testimonial y dilatando el proceso. Todo para proteger al victimario. Incluso se detectaron irregularidades groseras. Según la denuncia presentada en octubre de 2023: “No se avanza con la investigación porque la intención es cubrir al Sr. Tanga. Esta situación se encuadra en el delito de abuso de autoridad (…) y en tráfico de influencias, ya que se protege a un empleado de la administración pública con maniobras fraudulentas y dilatorias”. La causa expone un doble estándar indignante. Mientras en Entre Ríos hubo jueces destituidos por maltrato —reconociendo que el abuso de poder no es tolerable—, aquí, cuando la víctima es una ciudadana común, el maltrato institucional se repite y se naturaliza. Y si alguien osa cuestionar, la respuesta es persecución: como en la causa de coacciones abiertas contra un abogado por el simple hecho de ejercer su defensa en audiencia. El patrón no es nuevo. Es la misma fiscalía que blindó a Guillermo Federico Uriburu, el fiscal violador, en la causa de violación de Rosario del Tala, bajo la coordinación de Lombardi, permitiéndole seguir libre y reincidir en Paraná. Todo con la insustituible voluntad del PROCURADO JORGE AMILCAR LUCIANO GARCIA.- La frase final de la denunciante resume el drama: “Hoy en día, si quiero realizar una denuncia, parece mentira que primero tenga que saber quién es el fiscal de turno para elegir si lo hago o no, porque viviendo esto me doy cuenta de lo vulnerables que somos frente a estas personas que ocupan cargos exclusivamente para violar el deber o encubrir cosas que suceden en su ámbito laboral”. Lo llamativo es lo que siguió. Según surge de la denuncia formal, el fiscal Juan Pablo Mariano Gile, lejos de investigar con diligencia, obstaculizó la causa: demoró semanas en atender a la víctima, desvió los interrogatorios hacia cuestiones personales irrelevantes, intimidó a testigos y llegó a cuestionar a una de ellas como si se tratara de la imputada. Mientras tanto, pruebas centrales —como el entrecruzamiento de antenas de telefonía para ubicar al agresor— fueron demoradas o directamente ignoradas.El contraste es brutal: mientras a ciudadanos comunes se los persigue incluso por ejercer el derecho de defensa —como ocurre en la causa de coacciones por simples palnteos en audiencias-,un empleado judicial denunciado por violencia de género se pasear protegido por el blindaje institucional( agregar que le mejoran el puesto). La vara no es la ley: es la cercanía a los despachos. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y la víctima continúa esperando justicia. Fuente: La Caldera

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