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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 29/09/2025 10:44
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), víctimas del feminicio narco en Florencio Varela. El reciente triple crimen ocurrido en Florencio Varela ha puesto en evidencia una realidad alarmante: la presencia de organizaciones criminales peruanas en Argentina, con vínculos históricos y actuales que involucran desde el terrorismo del pasado hasta el narcotráfico en la actualidad. Según informes de inteligencia y fuentes policiales, estos grupos, algunos de ellos ligados en tiempos pretéritos a Sendero Luminoso, han logrado consolidar una estructura criminal que se extiende en varias regiones de nuestro continente, con ramificaciones en el tráfico de drogas, extorsiones y lavado de dinero. Sendero Luminoso, fundado en los años 70 por Abimael Guzmán, fue responsable de una sangrienta guerrilla que dejó miles de muertos en Perú. Tras su captura y la muerte de varios de sus líderes, las células dispersas y los disidentes se transformaron en grupos operativos con menos pesoideológico, pero igual de peligrosos, ligados principalmente al narcotráfico y las actividades ilegales en la región andina. Casi dos décadas después, las autoridades peruanas advierten que estas redes han migrado y consolidado presencia en países vecinos, aprovechando los débiles mecanismos de control y la falta de infraestructura legal en ciertas zonas, potenciadas por las conexiones transnacionales existentes. Una característica distintiva de esta organización que aun permanece activa en el VRAEM Peruano( Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) es la extrema crueldad que han desplegado en sus incursiones armadas, tanto en la zona rural como urbana, detalle que alguno de sus ex miembros han reeditado hacia el interior de las organizaciones criminales de las que formaron (y forman) parte. Recientemente se ha especulado con la posibilidad de que, quien es intensamente buscado en función de las sospechas que sobre el pesan como líder del grupo delictivo que estaría detrás de los brutales homicidios de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fuese un joven de 23 años de edad que se haría llamar como pequeño “J” o M.A.O., quien, de acuerdo a los escasos datos que se manejan al respecto, sería el ciudadano peruano Julio Valverde Noguera (a) “Julito” o “Pequeño J”, supuesto líder de una banda marginal y violenta radicada en el barrio Zavaleta, del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sospechada de encontrarse detrás de las ejecuciones y de mantener vínculos con un grupo criminal que se expande desde el norte de la Republica del Perú, al que se los conoce como “Los Pulpos”. Política migratoria, ¿herramienta estatal o criminal? Planteado de esta manera suena provocador, pero, todo tiene un motivo y este es, la finalidad de una herramienta legal que contempla las complejidades de los nuevos escenarios donde el crimen organizado transnacional marca agenda. En esa lógica y atento a los hechos que se registran hace décadas en la región y particularmente en nuestro país, la gestión del presidente Macri a través del DNU 70/17, publicado el 30 de enero de 2017, modificaba la Ley de Migraciones (25871) para establecer mecanismos que permitieran expulsar del país en forma inmediata a extranjeros ligados a cualquier proceso penal, sin importar las características, ni el tipo de infracción, ni las penas, ni si existía condena o no. Aquella disposición autorizaba también la deportación por faltas administrativas en el trámite migratorio. Hubo cerca de 3000 expulsiones por año durante el gobierno de Cambiemos. De 1760 expulsiones en 2014 y 1908 en 2015, se saltó a 5110 en 2018 y en 2019 fueron 4111 en virtud del decreto; el Decreto 70/2017 determinó que tener antecedentes era una causal para la negación de ingreso o permanencia en el país y eso no significaba necesariamente tener una condena sino que era suficiente un procesamiento firme. De acuerdo con un informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en base a cifras oficiales, entre enero de 2018 y septiembre de 2019, se dictaron órdenes de expulsión a 2.809 personas por ingreso irregular, y otras 2.128 por irregularidades en sus trámites migratorios. Por su parte, se ordenó la expulsión de 2.310 personas con condena no firme o antecedentes por cualquier delito, y 1.642 por condenas no firmes por tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. En el año 2021, el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, derogo el DNU del año 2017, volviendo a lo prescripto en la ley del año 2004. No resulta casual, que iniciado el primer lustro de este siglo, hayan arribado a nuestro país, miles de ciudadanos de distintos países, en particular desde el Perú, muchos de ellos con graves antecedentes penales, replicando luego en nuestro territorio conductas criminales que en muchos casos han terminado con la vida de otras personas por acción directa, sin contar con los daños tremendos que de manera colateral genera en la sociedad el delito ligado al trafico de estupefacientes, principal actividad criminal de delincuentes procedentes de uno de los tres países productores de cocaína a nivel mundial. La ley nacional de migraciones fue sancionada el 17 de diciembre del 2003, considerado por los organismos defensores de los derechos humanos como un hecho histórico para la Argentina y el mundo debido a que estableció un precedente global al determinar el derecho a la migración desde una perspectiva de derechos humanos, desterrando el paradigma securitario y punitivo, dotando de herramientas a las personas migrantes para su regulación y, por consiguiente, la capacidad de realizar su vida en suelo argentino. Que se entienda, nadie propone la adopción de retrogradas medidas con tinte xenófobo; por el contrario, nuestro país esta y debe estar abierto a todos aquellos ciudadanos del mundo que deseen con buenas artes, radicarse, trabajar y vivir en nuestro suelo; de ahí a permitir que delincuentes extranjeros busquen explotar las vulnerabilidades que en materia de seguridad nos inflingen tratados internacionales a esta altura obsoletos y peligrosos para nuestros connacionales, es cuanto menos una enormidad que en nombre de una seguridad pública, de carácter ciudadana y democrática exige de mínima una revisión por parte de especialistas que contemplen de manera holística los derechos de todos los actores y no solo de aquellos que invocan su derecho de ser aceptados sin condiciones, como ciudadanos de nuestro país. Desde esta columna sostenemos que, la región se merece la discusión referente a modificar, aunque sea mínimamente, los Instrumentos internacionales de protección de derechos. Esos derechos no son omnímodos o no deberían serlo, pues los escenarios condicionan las respuestas y generan ventanas de oportunidad para las Organizaciones criminales que, a excepción de la Praxis actuarial de Trump (fuera de los Estados Unidos – bombardeo y muerte ante la sola sospecha) saben que el aparato estatal deberá recorrer un largo camino antes de enfrentarlos y, aun así, muy difícilmente logré anticiparse a sus acciones. Hablamos de Instrumentos datados por lo general en los años 70, 80 y 90 y, cómo podemos observar, la realidad ha puesto en tensión la idea de la superioridad estatal en términos del aparato represivo por sobre un nuevo actor que esos tratados no contemplaron (a excepción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -Convención de Palermo - y sus protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas de fuego, o bien la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las convenciones contra el terrorismo) que son precisamente las organizaciones criminales de estructuras complejas que operan en escenarios difusos o zonas grises (the gray zone) explotando de manera contundente la hibridación de conflictos, donde nadie sabe, si no cuenta con un profesionalizado aparato de Inteligencia, quien es quien ni a qué intereses responde. En este escenario ciertos instrumentos internacionales de protección de derechos, que los exegetas del romanticismo penal transforman en absolutismo formal, impiden obtener respuestas y resultados, que finalmente los padece la sociedad. La droga es solo uno de los vectores que impulsan el desarrollo de estas organizaciones. El poder es su verdadero objetivo. ¿Cisne negro? No, rinoceronte gris Los hechos que terminan configurando este triple homicidio, confirman que, en materia de seguridad pública, debe actuarse en forma proactiva, pues la información reunida en menos de 24 horas de desaparecidas las tres mujeres, de haber sido puesta en valor de manera prospectiva en el marco de un correcto análisis de Inteligencia Criminal, cualquier grupo delictivo con esta carga de letalidad, debería haber sido detectado y neutralizado (o de mínima mitigado en sus efectos), ex ante del brutal desenlace que por una supuesta venganza narco, cegó las vidas de estas tres jóvenes. Permítaseme una digresión; algunos actores politicos hablan de un cisne negro, por el momento en que se produce el evento y el impacto generado. Vale acotar que este término acuñado por el ensayista e investigador Libanes, Nassim Nicholas Taleb se refiere al “impacto que genera algo que es altamente improbable de suceder”. Pues bien, lamentablemente los hechos que motivan esta nota, a mi humilde entender, deberían ser considerados de acuerdo con la mirada de la politóloga Michelle Wuker, quien popularizo la frase que da titulo a su obra “the gray rhino” (Rinoceronte Gris), como una metáfora para describir eventos de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia que son desatendidos a pesar de ser evidentes, siendo ignorados debido a factores psicológicos y sociales. Pues la presencia de estructuras violentas del crimen organizado peruano, no es reciente en el escenario criminal argentino. Tampoco es extraño que este tipo de criminales actúen con saña y crueldad sobre personas en general y mujeres en particular, un sucinto resumen de hechos relevantes dará cuenta de lo expuesto. 2005 (29 de octubre) Masacre del Cristo Negro (Señor de los Milagros) – 5 personas muertas como resultado de un ataque perpetrado por la facción criminal liderada por Alionzo Rutillos Ramos Mariños (a) ruti, en ocasión de la celebración de la procesión realizada en el interior de la VILLA 1/11/14. El ataque fue perpetrado con la finalidad de recuperar el control territorial detentado por Marcos Estrada González (a) “El Gordo” ex socio de Ruti. 2006 (6 de abril) Muerte por sicariato del ciudadano peruano Esidio Teobaldo Ramos Mariño (a) “meteoro”, hermano de “ruti”. Asesinado por la facción liderada por Marcos Estrada Gonzalez. El ataque fue perpetrado en el territorio controlado por los hermanos Ramos Mariños, la Villa 31 (BIS). 2007 (04 de junio) Resultan asesinados por sicariato, el matrimonio peruano compuesto por Marcos Ruiz Mendoza (a) “cachanga” y su esposa Luz Irma Ruiz Guardapuccia. “Cachanga” era sicario de un grupo narcotraficante peruano con sede en Lima. Su muerte habría sido decidida desde dicho país. En el año 2010 toma estado publico la organización delictiva de origen peruano conocida como Los Espartanos liderada por Cesar Moran de la Cruz(a) “el loco Cesar”, condenado actualmente a prisión perpetua por múltiples homicidios, todos por cuestiones ligadas al narcotráfico. En los últimos años, lugartenientes de Alionzo Ramos Mariños (ruti) y de Marcos Estrada Gonzalez (El Gordo Marcos), han ocupado lugares destacados en estructuras recicladas del narcotráfico, como Raul Martin Maylli Rivera (a) “Dumbo”, prófugo durante mas de dos años de la justicia Argentina, hoy alojado bajo el programa de gestión de internos de Alto Riesgo en el C.P.F.I., es uno de ellos. Pero sin dudas lo mas parecido a este brutal triple crimen que ha sacudido anuestro país, curiosamente también se ha registrado en la Provincia de Buenos Aires, a fines del mes de junio del año 2018. En una pieza de una casilla de la Villa Itati, el narco peruano Luis Gustavo Valderrama Pac, ejecuto brutalmente a dos mujeres, Magalí Otranto de 28 años y Denise Rosana Sudera, de 30 años; este delincuente, también ejecuto de varios disparos, el día 29 de diciembre de 2018 al oficial de la Policía Bonaerense Arnaldo Andrés López, en el barrio Paraná de Florencio Varela, en uno de los campos donde se vendía droga. Valderrama Pac, conocido en Perú como “Ben 10”, tenía un pedido de captura internacional de Interpol por estar implicado en el asesinato del comandante Pedro Pablo Guerrero de la Policía Nacional peruana, ocurrido en Lima en 2014. Actualmente se halla condenado a la pena de 27 años de prisión, ejecutando la condena en una cárcel de la Provincia de Buenos Aires. Un dato curioso: Ben 10, al igual que la banda criminal peruana “Los Pulpos”, mencionada por algunas fuentes ligadas a la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, es oriundo de la localidad peruana de Trujillo, base operativa y epicentro de las actividades de dicha facción criminal. Como vemos, evidencias sobre el accionar de grupos delictivos peruanos, ligados a la criminalidad organizada transnacional, sobran.
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