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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 28/09/2025 15:08
El debate político argentino se enciende con una iniciativa que busca redefinir el lugar de los vapeadores en el mercado. Mientras algunos celebran una posible victoria para la salud pública, otros temen un golpe duro al comercio y a miles de puestos de trabajo. La fecha que se baraja, 2026, funciona como límite y como reloj de arena: quedan dos años para decidir qué país quiere ser Argentina frente a la nicotina electrónica. El tono del Congreso ha sido prudente pero firme: “si hay daños, deben prevenirse; si hay dudas, debe primar la cautela”. A la par, usuarios organizados reclaman que no se confunda reducción de daños con promoción del consumo, y piden soluciones más matizadas que un cierre total del mercado. Panorama legislativo El texto que circula en comisiones apunta a vetar la comercialización de dispositivos y líquidos de vapeo, con excepciones muy acotadas para fines médicos o de investigación. La redacción incluye penas económicas, decomiso de mercadería y controles fronterizos más estrictos. Según fuentes del oficialismo, la propuesta se apoya en el principio de precaución ante evidencia todavía disputada. Desde la oposición, algunos promueven un régimen alternativo: licencias, impuestos específicos y estándares de calidad en lugar de un bloqueo general. Reacciones del sector Los comercios especializados hablan de un impacto inmediato. “Si se aprueba así, el mercado se va a ir a la informalidad”, advierte un referente de tiendas del AMBA. Fabricantes locales señalan que podrían perder inversiones y que se afectaría la innovación en productos de menor riesgo. Del otro lado, organizaciones de médicos y sociedades científicas piden avanzar sin vacilaciones. “El objetivo es proteger a los adolescentes. La publicidad y los sabores facilitan la iniciación”, señala una neumonóloga de un hospital público porteño. Para padres y docentes, el vacío regulatorio es un problema concreto en las aulas y en la calle. Salud pública y evidencia La discusión se apoya en estudios que muestran riesgos respiratorios, exposición a nicotina y potencial de dependencia, especialmente en jóvenes. Hay trabajos que plantean un posible menor daño respecto al cigarrillo convencional, pero persisten interrogantes sobre uso dual, largo plazo y atractivo para menores. “Las políticas deben impedir que los niños se enganchen con la nicotina”, remarcan epidemiólogos que piden reglas claras. En paralelo, defensores del enfoque de reducción de daños proponen empaques neutros, límites de nicotina, trazabilidad y fiscalización intensiva como vía intermedia. Comparativa regional Para calibrar la decisión, el Congreso mira a la región y a Europa. Un panorama simplificado muestra tendencias y brechas de enfoque: Qué cambiaría para consumidores y comercios Si el proyecto avanza sin modificaciones, el mapa diario de compra y uso cambiaría de forma visible. Los puntos más sensibles serían: Cierre progresivo de tiendas especializadas y retiro de stock autorizado. Restricción de publicidad y exhibición en canales físicos y digitales. Refuerzo aduanero para limitar ingresos informales y ventas online transfronterizas. Mayor énfasis en programas de cesación tabáquica con terapias aprobadas. Servicios de streaming de TV online Fiscalización en entornos escolares y sanciones por venta a menores. Economía, comercio e informalidad El Ministerio de Economía anticipa efectos en recaudación por IVA y empleo en cadenas de distribución. Los analistas temen un corrimiento a la ilegalidad, con líquidos sin etiqueta ni control de calidad. “Una norma dura sin capacidad de control puede ser letra muerta”, señala un experto en mercados ilícitos. Los defensores del proyecto responden que con aduanas reforzadas, operativos coordinados y campañas de prevención, el desvío puede mitigarse. Sugieren articular con provincias para evitar “turismo de consumo” y ventas por delivery sin trazabilidad. Educación y comunicación Más allá de las sanciones, la clave está en comunicar con claridad. Programas escolares que expliquen riesgos y mitos, guías para familias y campañas públicas sin mensajes ambiguos pueden marcar la diferencia. “Si solo se prohíbe, la curiosidad hace el resto; si se educa, baja la demanda”, resume una psicóloga comunitaria. Lo que viene En las próximas semanas, el texto puede recibir cambios: una moratoria gradual, un esquema de licencias transitorias o más recursos de control. El reloj corre hacia 2026 y el país deberá elegir entre prohibir de forma tajante, regular con mano firme o diseñar un camino mixto que combine salud, evidencia y realismo económico. Como dijo un legislador en pasillos del Congreso: “No decidimos sobre gadgets, decidimos sobre futuro”. Fuente: Santa Fe Canal
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