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» Sin Mordaza
Fecha: 26/09/2025 20:13
En un recinto colmado y con carteles en defensa de los humedales se desarrolló la Jornada Pública en la que se expuso, en una primera instancia, la actual situación de las causas judiciales respecto a los incendios que afectaron -y afectan- a los humedales del Delta del Paraná. Luego de las explicaciones jurídicas, fue el turno de representantes de organizaciones que expresaron sus posiciones. La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, abrió la jornada pública de exposición y debate sobre el avance las causas judiciales donde se investigan los incendios en los humedales del Paraná y sostuvo que “para nosotros no es una causa más porque desde el Concejo nos hemos involucrado y todos hemos sufrido en la ciudad de Rosario por el efecto no solamente vinculado a la destrucción de nuestro ecosistema del Paraná, sino también, por la afectación a la salud pública de la población”. Agregó que requirió un urgente tratamiento de las denuncias penales para que haya verdad y justicia y se condenen a los responsables e indicó que “desde el Concejo sobre este tema en particular estamos todos de acuerdo”. El presidente de la comisión de Ecología y Ambiente, Julián Ferrero, de Ciudad Futura, agradeció la presencia de las organizaciones socio-ambientales presentes y formuló una mención especial para el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto diciendo que “no sólo mantiene la firmeza para impulsar la investigación de estas causas sino que además tiene la predisposición de haber aceptado la invitación que le hicimos y de venirse acá a hacer un detalle del estado de situación de las mismas”. El fiscal federal, Claudio Kishimoto, hizo una introducción con diferentes connotaciones jurídicas aclarando que con la reforma constitucional del año ‘94 se estableció una cláusula ambiental, que está incorporada en el artículo 41 donde todos gozan del derecho a un ambiente sano y además mencionó el artículo 29 de la Ley General de Ambiente. A partir de allí, explicó que existen tres esquemas. La administrativa que prevé el principio precautorio, es decir, tomar acciones para prevenir el daño; la civil de reparar al estado anterior al daño y la indemnizatoria, y por último la penal que es sancionador. Explicó que, “en el año 2020, la Fiscalía que en ese momento estaba radicada en la ciudad de Paraná, junto con el juez interviniente tomaron conocimiento de una denuncia formulada el 3 de marzo desde Rosario por incendios sobre 400 mil hectáreas de las islas” y añadió que “en el año 2022 se tomó el conocimiento de un hecho que fue la producción de incendios sobre más de 300 kilómetros cuadrados del humedal”. Por último, y por razones de estrategia judicial, no adelantó los argumentos de las Fiscalías ya que todas las causas están en trámite pero explicó que la persecución penal conforme la legislación vigente puede ser por los incendios según la ley de residuos peligrosos en su artículo 55 o por los daños o por el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos previsto en el artículo 248 de Código Penal y adicionó que las denuncias fueron decreciendo desde el año 2022 “porque la autoridad administrativa policial actúa inmediatamente y nos anoticia los hechos”. La subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, Juliana Conti, se refirió a la estrategia judicial municipal. Aclaró que no se pretendía un resarcimiento económico con la causa sino remarcar la gravedad del asunto. Luego hizo un recuento de los requerimientos judiciales y aseguró que si en ese entonces hubiese existido la condición de Rosario ciudad autónoma hubiese cambiado esa realidad. También recordó que ya en el 2008 la Municipalidad había hecho un planteo judicial respecto a incendios en las islas. Habló del cambio de estrategia judicial del año 2020, y la crudeza de los focos de incendio que tuvo un fuerte impacto en la salud de los rosarinos. Recordó el paso de la causa al ámbito penal, acompañado de georeferencia de los focos de incendio y la admisión del municipio como querellante. Concretamente remarcó la participación de Rosario en la causa, y la propiedad de las islas con el legado Deliot. Las intervenciones Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por los Humedales comenzó agradeciendo la masiva participación a esta instancia de debate y manifestó “creo que aún no dimensionamos las verdaderas consecuencias del humo en nuestra salud y me temo que esto volverá a suceder. Hay jurisdicciones que no controlaron el territorio y jueces que han absuelto a los imputados. Como ciudadanos tenemos derecho a la salud y un ambiente sano. El 50% de las tierras fiscales de Entre Ríos son arrendadas de forma irregular, por dar un ejemplo. Esto va a volver a suceder, hemos perdido nos han ganado pero no está todo perdido y vamos a seguir“. Romina Araguas, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y “El Paraná No Se Toca” describió que vienen reclamando la falta de legalidad de las islas, por la caza y la pesca irregular. Aseguró que en las islas la legalidad siempre fue escasa, y dijo que la falta de agua del 2020 contribuyó a la situación de los incendios, y pidió garantizar el derecho humano al ambiente. Jesica Pellegrini, concejala de Ciudad Futura, recordó la crisis del 2020, en un marco de ciudad irrespirable por la falta de calidad del aire, los debates sobre qué hacer desde el Concejo Municipal. Hizo referencia a la negativa a constituir al cuerpo como querellante aunque destacó la participación ciudadana, y la labor de la comisión de Ecología y Ambiente. Apoyó el accionar de la Fiscalía y la Municipalidad como querellante “Es una instancia para no dar todo por perdido; prevención, reparación y sanción a los responsables”, culminó. Jorge Bartoli, representante de la organización «El Paraná No Se Toca«, expresó que en el año 2020 se advertía que se estaban cosechando las consecuencias de años de desidia. El río, que antes se percibía como un recurso infinito se ha transformado en un gigante que no cesa de emitir señales de alerta. Desde mediados de 2019, el Paraná no alcanza su altura promedio, lo que configura un panorama crítico cuya prolongación se prevé debido a la persistencia de la bajante. En este contexto, celebró que los temas ambientales sean incorporados de manera activa a los espacios de la democracia y destacó la importancia de contar con estos ámbitos para visibilizar y debatir estas problemáticas. Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgo del gobierno de Santa Fe, destacó la importancia de comunicar las acciones que se vienen desarrollando en materia de prevención y control de incendios. Señaló que, gracias a las iniciativas judiciales y al trabajo sostenido de organizaciones no gubernamentales, se ha registrado una merma en la ocurrencia de focos ígneos. Además, remarcó que la articulación interjurisdiccional resulta clave, dado que el fuego no reconoce límites territoriales y en este sentido, la provincia de Santa Fe ha puesto recursos a disposición de Entre Ríos y también ha coordinado acciones con Buenos Aires. Subrayó que se han realizado inversiones en equipamiento de protección y combate para brigadistas, así como en sistemas hidrantes. Silvia Molina, de Protejamos Nuestros Árboles Rosario, manifestó su preocupación por el avance de situaciones que afectan al entorno natural y valoró la decisión del municipio de constituirse como querellante en las causas vinculadas. Expresó también la necesidad de contar con mayor información sobre el estado actual de las gestiones iniciadas y que la salida a esta problemática debe ser colectiva, la articulación entre todos los sectores involucrados representa la única vía posible para avanzar. Finalmente, agradeció el acompañamiento de la Multisectorial por los Humedales, reconociendo su rol en la construcción de acciones conjuntas. Clara Mitchel, de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Ucel). A su turno, comenzó detallando las actuaciones del grupo de trabajo conformado en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano sobre la temática y agregó “examinamos el actuar judicial en este ecocidio, durante estos 3 años la superficie total quemada fue de más de un millón de hectáreas y casi el total es ocasionado por el accionar humano. Todos sabemos que este ecocidio volverá a suceder, no existen registros de incendios antes de los años 2000, esto empezó ahora y es clave que la justicia de una respuesta a lo que está sucediendo“. Diana Dosco, Vecinal Parque Regional Sur, celebró el encuentro y dijo que le generó mucha esperanza pero manifestó sentirse un poco “desinflada al saber que la causa está un poco trabada. El daño ambiental a veces no tiene un efecto inmediato, en algunos casos los efectos se transforman en problemas de salud crónicos, esto afecta el derecho a la vida de cualquier ser viviente. Sin mundo verde no vivimos, tenemos que cuidar este espacio, los invito a todos a involucrarnos». Matías De Bueno, de la Universidad Nacional de Rosario, planteó que “el ecocidio continúa, durante 2025 fueron más de 30 mil hectáreas incendiadas y por lo que se puede avizorar ese número seguiría en proceso. Es importante establecer un plan de trabajo, aquí estamos todas las partes involucradas. El mayor fracaso hasta el momento es que no sabemos quien enciende el fuego, quienes encienden 30 mil hectáreas en un año que es el equivalente a 200 parque Independencia de la ciudad de Rosario, como eso se nos pasó sin darnos cuenta, propongo que el desafío de aquí en adelante sea que no se encienda más fuego y que si ocurre se sepa quien lo hizo». Melisa Argento, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina y el Colectivo de Acción por la Justicia Eco-social señaló que quedó en evidencia el avance de la ganadería, la expansión de la soja y el lobby para frenar leyes ambientales. Propugnó por una justicia eco-social y por leyes de la naturaleza y de cuencas y se refirió a que los incendios son la cara monstruosa por el efecto invernadero, la crisis ambiental y por el extractivismo. La concejala Norma López, de Justicia Social, propuso “reafirmar la importancia del Piecas -Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná- como marco estratégico y exigir que se publique un plan de acción concreto. Además, solicitar la asignación presupuestaria específica en la Nación y de todas las provincias para la vigilancia, restauración y control, y requerir mecanismos de participación de comunidades isleñas y organizaciones sociales”. También solicitó integrar la red de los faros de conservación y exigir que vuelvan a funcionar. Sebastián Martínez Ledesma, de la Multisectorial por los Humedales de Rosario y el Foro por la Recuperación del Paraná, detalló que “hay que defender el interés común, la casa común, donde todos podamos vivir en paz y armonía. Hay un enemigo que es invisible, prende fuego, y es bastante cobarde”. Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario, recordó las acciones de la Municipalidad y el trabajo coordinado con ciudades afectadas y la provincia de Santa Fe. Valoró la mirada estratégica, la regulación de actividades productivas, georeferencia con nombre y apellido de titulares de las tierras, y la identificación de los responsables. Valoró el monitoreo de focos ígneos, el plan de acción climática del municipio, y el plan de manejo del fuego en las islas en el Legado Deliot. Graficó la bajante del río en aquel entonces, las bajas precipitaciones y pidió avanzar con el pedido de justicia. Ernesto Javier Nuñez, asesor del municipio de Victoria. Habló del dragado del río Paraná y los problemas que ello trae aparejado. Mencionó la declaración de la emergencia hídrica en Victoria, y la aparición de grandes intereses de empresas que surgieron tras los incendios, al igual que la proliferación de terraplenes. Se sumó luego al pedido de justicia. René Marconi, reconocido ambientalista, comparó el escenario con lo ocurrido en la emergencia sanitaria. Analizó las tierras incendiadas, arrendadas, y los responsables de esas tierras. “Quienes terminaron presos?, los peones”, indicó. Por último, reclamó por el rol del Estado. Graciela Klekailo, directora del Observatorio Ambiental de la UNR, celebró el encuentro entre autoridades de Rosario y Victoria, junto a diversas organizaciones comprometidas con la temática. Recordó que en el año 2020, la Universidad Nacional de Rosario conformó un grupo interdisciplinario destinado a evaluar los efectos de los incendios sobre el ecosistema del humedal. En 2025, dicho equipo retomó los monitoreos ante la reaparición de focos ígneos, constatando impactos profundos y persistentes que afectan la biodiversidad y la calidad del suelo. Los resultados obtenidos fueron publicados y difundidos mediante acciones de divulgación científica, y los datos se encuentran disponibles como una herramienta oficial para la gestión ambiental y el acompañamiento de reclamos judiciales. Finalmente, subrayó que la base técnica y científica construida debe traducirse en decisiones concretas y acciones sostenidas de cuidado. Ivana Roberti, integrante de Nunca Más Inundaciones (Numain), advirtió sobre la persistente desatención de los gobiernos hacia el río y los barrios populares. Señaló que, durante los últimos cinco años, se ha asistido a un proceso de ecocidio pero la ciudad de Rosario convive con el humo desde hace más de dos décadas. Indicó que se trata de una problema de salud pública. En ese sentido, instó a comenzar a mirar al pueblo y al hábitat que lo rodea, y a interpelar qué políticas públicas se están adoptando frente a esta situación. Ángel Borrelo, representante de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe, sostuvo que el productor arraigado en la zona no es quien provoca los incendios y que se debe asumir un rol activo en el control y ordenamiento de las actividades que se desarrollan en el territorio. Subrayó la necesidad de que el Estado enfoque sus esfuerzos en el manejo del fuego y en la prevención, e instó a indagar quiénes son los responsables de iniciar los incendios y con qué intereses lo hacen. Afirmó que el productor radicado en la isla no se ve beneficiado por estas prácticas y llamó a superar preconceptos y dogmas, y a revisar críticamente ciertas posturas ambientalistas. Federico Vignale, de la Sociedad Rural de Rosario y Comunidad Islera Asociación Civil: “Esta problemática nos involucra a todos, productores, pescadores y habitantes de las islas. Sabemos quienes prenden fuego en lugares en los que está prohibido, es la gente que va a hacer un asado o simplemente quiere calentarse, el turismo desarrollado en Victoria es principalmente de los rosarinos, hay que incentivar a los paradores como lugar seguro para que la gente se concentre y no en lugares donde está prohibido”. Sheila Carach, de Jóvenes por el Clima, destacó la importancia de comunicar cuáles son las acciones judiciales y medidas que se están llevando adelante y el valor de que las juventudes se involucren en estos temas. Remarcó el valor de los desarrollos pero siempre y cuando se tenga en cuenta el impacto que esto representa en el delta. Leonardo Scarparo, Asociación Civil Comunidad Islera, afirmó que es falso que los isleros provoquen incendios, quemar los montes y pastizales sería destruir el alimento de los animales, las reservas de invierno, y las propias viviendas. Las acusaciones que se han hecho sobre los isleños carecen de sustento, el verdadero problema es la falta de controles, los cazadores furtivos y las fogatas de turistas, y solo se pretende hacernos chivos expiatorios Juan José Roger, de la Asociación Bomberos Voluntarios Rosario, narró que “durante el 2024 desplegamos un servicio de prevención ejemplar en el Banquito de San Andrés. No fue solo patrullaje, fue presencia, fue pedagogía ambiental, fue anticipación, porque prevenir también es cuidar”. Y aludió al costo altísimo de los operativos por el despliegue personal, equipamiento, uso de embarcaciones, aeronaves para la extinción del fuego y el pertinente monitoreo y que podrían evitarse con dispositivos tecnológicos más económicos como un dron. Fernanda Del Carlo, de Salvemos los Humedales de Villa Constitución, indicó que se ven afectados por los incendios de Victoria, Gualeguay y de Santa Fe y denunció que “muchísima gente se fue a vivir a la isla porque ha sido expulsada de la ciudad por la gran pobreza”. Agregó que es un territorio desmadrado. La militante villense exigió celeridad a las autoridades al momento de los incendios que se suceden en los humedales. Jorge Postma, productor isleño aseguró que el sistema insular del Paraná es reciclable. Dijo que ecocidio no es lo que ocurre en las islas, ya que las islas después de quemadas se reciclan con nuevos pastizales. Otros de los mitos, aseguró, es la siembra de soja, ya que no se puede hacer agricultura tradicional en las islas. “La visión desde acá es solo el humo de las islas, el tema incendios es mucho más profundo. Hay problemas de falta de recursos”, marcó. Estefanía Villalba, Multisectorial por los Humedales, remarcó que las áreas de Control y Comisaría de Islas reclamaban falta de combustible para patrullar. En otro orden advirtió que hay empresarios que están ocupando espacios en estos territorios, y que hay que diferenciarlos de los isleños. Habló de la repetición de incendios en puntos específicos, e indicó que es necesario el respeto de la Constitución Nacional en lo que respecta a la salud de los todos los habitantes. “Somos humedal, necesitamos protegerlos, y más políticas del Estado”, culminó. Algunas respuestas Sobre el cierre, y a modo de devolución, Juliana Conti se comprometió a dar continuidad a la defensa y el ejercicio de la querella. Remarcó que el municipio apeló la resolución porque muchos medios probatorios no fueron considerados y reforzó el compromiso de realizar nuevas denuncias así como la participación en los espacios de debate por parte de la Secretaría de Ambiente. Además, reafirmó dar continuidad a la información pública sobre la situación y las tareas que se realizan desde la página web del municipio, con foco en las actividades preventivas y cerró poniéndose a disposición de todos los presentes para generar espacios de escucha y trabajar en conjunto. En tanto el fiscal Kishimoto, estimó como “súper interesantes” las exposiciones y en relación a la mención que hicieron sobre terraplenes, en los humedales dijo que existen causas penales en curso, para acotar que ello es así a partir de la vigencia del amparo ambiental. También sostuvo que “la justicia habla, a veces tardíamente, pero habla” y recordó que la ciudadanía tiene elementos para denunciar en el marco de la ley de manejo del fuego. Además hizo referencia al principio de democracia ambiental. Cabe precisar que también asistieron a la jornada la concejala Anahí Schibelbein, del bloque Radical, y el concejal Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, y la intendenta de Victoria, Isa Castagnino. También estuvo presente la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi.
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