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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 26/09/2025 13:36
“Lo sabe Dios”, dijo De Pablo, economista y asesor financiero de Javier Milei, mientras los mercados hacían temblar las bandas de flotación y nadie sabía cómo contener la corrida cambiaria que se desató la semana pasada. Pocos días antes, el 15 de septiembre en una cadena nacional, Milei había presentado los lineamientos del Presupuesto 2026, que definió con orgullo como “el más chico de los últimos 30 años”: un presupuesto de ajuste que ignora claramente el mensaje de las urnas y profundiza un rumbo económico que muestra graves signos de fragilidad. Entre los múltiples aspectos del Presupuesto, uno merece atención especial: el resaltado “equilibrio fiscal”. La regla fiscal que propone Milei no es un simple principio contable: establece que la prioridad absoluta del Estado es mantener las cuentas equilibradas a cualquier costo. En la práctica, esto significa que si la recaudación cae, las partidas de gasto se recortan automáticamente, sin importar a quién afecte. Es decir, los derechos sociales y las políticas públicas quedan subordinados a la necesidad de pagar deuda y sostener la especulación financiera. No se trata solo de ajustar el gasto; se trata de institucionalizar el ajuste como norma permanente. La regla fiscal convierte cualquier crisis, caída de ingresos o desaceleración económica en excusa para recortar jubilaciones, educación, salud y programas sociales, asegurando que los sectores más vulnerables paguen el costo del “equilibrio”, mientras los grandes acreedores quedan protegidos. Un ejemplo concreto de cómo funciona esta regla se dio con el ida y vuelta de las retenciones durante esa misma semana. La semana anterior había comenzado con una corrida cambiaria, y el Ministro de Economía Caputo había declarado: “voy a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”. Pero este lunes hubo dos novedades simultáneas: primero, se anunciaba la baja de retenciones a cero para asegurar la liquidación de dólares que el Gobierno necesitaba; segundo, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, manifestaba públicamente su apoyo a Milei. Este respaldo tiene implicancias profundas. No se trata solo de un gesto político: abrió la puerta a un swap de 20.000 millones de dólares, promesas de inversión y la posibilidad de que fondos norteamericanos compren bonos argentinos. Todo esto buscaba calmar a los mercados antes de octubre, es decir, antes de la segunda instancia electoral en menos de un año. Esto no es una interpretación personal: es lo que dijo Bessent y luego también el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es la segunda vez que el Gobierno busca un rescate externo: primero con el FMI y ahora con el Tesoro estadounidense. La señal es clara: cualquier decisión económica crítica queda subordinada al respaldo externo, y no hay certezas sobre lo que ocurrirá después de octubre. Esto deja expuesto algo que hay que considerar: es un apoyo político a la campaña electoral de Javier Milei y todavía no sabemos a cambio de qué. El mecanismo de las retenciones, sin embargo, mostró una lógica inesperada: tres días después de la baja, cuando ya se había producido la liquidación de dólares, volvieron las retenciones al nivel anterior. Resultado: cinco cerealeras se llevaron 1.600 millones de dólares de ganancia, equivalente aproximadamente a la pérdida de recaudación del Estado. Mientras tanto, los productores no recibieron un peso. La celebración de algunos que pensaron que era una política para aliviar o impulsar al sector duró muy poco. ¿Quién paga esa fiesta? No será sorpresa si la motosierra cae sobre los mismos de siempre: lo que se pierde por la caja de los grandes exportadores se compensa con recortes sobre jubilaciones, educación, salud y programas sociales. Hay plata para cinco cerealeras, pero no para los remedios de nuestros abuelos. Es paradójico que esa misma semana, el Jefe de Gabinete Francos devolvió al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad porque no especificaba de dónde saldría la partida para financiarla. La regla fiscal del equilibrio, entonces, funciona solo para proteger la deuda y la especulación financiera, no para garantizar derechos ni políticas públicas. Lo que mostró esta semana es más que un ajuste: es la dependencia de la economía argentina a caprichosas decisiones externas. El apoyo público de Scott Bessent y la búsqueda de rescates reiterados (en abril este mismo gobierno acudió al FMI) revelan un Gobierno que, en lugar de fortalecer la producción, el trabajo y la soberanía, prioriza calmar a los mercados y proteger a los grandes jugadores financieros. Mientras tanto, los argentinos de a pie siguen esperando soluciones que nunca llegan: los derechos sociales quedan subordinados a la urgencia de los mercados y la especulación. La pregunta es clara: ¿vamos a seguir aceptando que nuestro futuro dependa del visto bueno de otros, o vamos a recuperar la independencia y el control de nuestra economía?
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