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  • Quedó firme un fallo que favoreció a Cristina Kirchner y no deberá devolver $ 22.300 millones por una demanda civil

    » TN corrientes

    Fecha: 26/09/2025 12:41

    Política Quedó firme un fallo que favoreció a Cristina Kirchner y no deberá devolver $ 22.300 millones por una demanda civil Jueves, 25 de septiembre de 2025 Es la causa civil que le inició Vialidad para reparar el daño. En paralelo se mantiene activo el proceso de decomiso de sus bienes por la condena en la causa penal. La Sala III en lo Civil y Comercial -con un voto dividido-, confirmó el fallo del juez Marcelo Bruno Dos Santos que dio por caducado el proceso a través del cual el Estado le reclamaba a Cristina Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad, un resarcimiento de $ 22.300 millones por el 50% de las obras otorgadas a Lázaro Báez y que no se terminaron. De esta manera, el pago ya no puede exigirse. Mientras, en Comodoro Py tramite el decomiso por $ 685.000 millones en la causa Vialidad. “La caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, sostuvieron en un fallo de 11 páginas al que accedió Clarín, los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi. En sentido contrario votó la magistrada Florencia Nallar. De esta manera, los jueces consideraron que debía confirmarse el criterio aplicado por el juez de primera instancia, Dos Santos, quien entendió que se debía declarar operada la caducidad de la instancia en el proceso iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri. El argumento central es que la parte que acciona contra Cristina Kirchner, el gobierno nacional a través de Vialidad, no impulsó nuevas medidas durante el plazo que el Código Procesal contempla. Vencido ese tiempo, se debe avanzar hacia la caducidad del proceso. Por ese motivo fue que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Luis Goldin, se presentó en el juzgado Civil de Dos Santos para pedir la caducidad del proceso. Lo hizo en dos ocasiones hasta que el juez, finalmente, les dio la razón. Para argumentar el planteo, Goldin había remarcado que el expediente no tiene avances desde el 19 de octubre de 2023. Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Vialidad Nacional incorporó al expediente esa resolución. Si bien el gobierno buscó evitar la caducidad del proceso para avanzar con el reclamo económico. En primer lugar, sostuvo “que no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia”, ya que se sumaron "los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal”. Luego, dijo el organismo estatal que pese a que se estaba en condiciones de avanzar, Cristina planteó una caducidad del caso que le fue rechazada, "cuyo trámite se prolongó en el tiempo" porque su abogado cuestionó al representante de Vialidad, pese que se trata del Gerente de Asuntos Jurídicos. Pese a todos los argumentos expuestos, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial asistió la razón al juez Bruno Dos Santos y entendió que los plazos eran tal cual había señalado la defensa de la ex presidenta. El juez había explicado que se ordenó la digitalización del escrito de demanda por Secretaría, “lo que no fue cumplido en el momento procesal oportuno, lo cierto es que la actora tampoco lo advirtió durante el trámite de esta causa ante este Tribunal”. Por otro lado, dijo que no se observa que la falta de cumplimiento de dicho requisito hubiera impedido el avance del proceso “hacia el dictado de la sentencia definitiva”. La Cámara de apelaciones retomó algo indicado por el juez en su fallo de primera instancia: desde el día siguiente a la última actuación con “aptitud impulsoria del proceso cumplida” -que fue el 17 de marzo de 2023 con una providencia- “hasta el acuse de perención de instancia formulado por la codemandada el 18 de septiembre de ese mismo año, descontada la feria judicial de invierno”, a lo que se debe sumar la inactividad que corre desde el día después a la notificación de la sentencia que resolvió la última discusión, hasta el segundo pedido de caducidad”, se cumple el plazo que estipula el Código para contemplar la caducidad. Para fundamentar el aval otorgado al criterio del magistrado, se recordó que el instituto de la caducidad de instancia “no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes en impulsar la tramitación del juicio, desde que va más allá del interés de las partes afectadas; fundamentalmente persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”. Por eso concluyeron dos de los jueces de la Sala III que corresponde dejar firme la caducidad pedida por Cristina Kirchner. Aunque en el fuero Civil y Comercial la ex mandatario logró que finalice el proceso a través del cual se le reclamaban $ 22.300 millones por el 50% de las rutas otorgadas a Lázaro Báez que fueron abandonadas, en Comodoro Py continuará el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso fijado en $ 685.000 millones El origen del reclamo Cuando inició el juicio contra Cristina y Lázaro Báez en la justicia penal, la cifra global por las 51 licitaciones adjudicadas ascendía a 46.000 millones de pesos. Pero cuando el TOF 2 los condenó, dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron los jueces. El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi. Jueves, 25 de septiembre de 2025

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