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Parana » InfoParana
Fecha: 25/09/2025 16:06
La incertidumbre se cierne sobre 60 familias en Concepción del Uruguay ante la inminente clausura de la planta de YPF, una decisión del gobierno nacional que amenaza con dejar sin empleo a decenas de trabajadores. Marianela Marclay, candidata a diputada y actual secretaria de Desarrollo Social del municipio, denunció que la medida no solo pone en riesgo los puestos de trabajo directos, sino que también golpea a la economía local. En diálogo con el medio, Marclay aseguró que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite en todo el país. Según la funcionaria, la planta de YPF, operativa desde 1926 y una pieza clave en la economía regional, ha sufrido un desmantelamiento progresivo, con la falta de mantenimiento y el cese de abastecimiento de combustible desde hace más de un año. «Acá hay una intencionalidad totalmente pensada», afirmó Marclay, «está planificado, así como le está sucediendo a otros organismos nacionales». Una política de desmantelamiento y especulación Marclay fue enfática al vincular el cierre de la planta de YPF con la política del gobierno nacional de retirarse del sector público. La candidata peronista argumentó que la decisión va más allá de un simple negocio inmobiliario, a pesar de que la planta ocupa un predio valioso. Para ella, el objetivo es desmantelar el Estado y «sacar todo lo público», limitando el acceso a servicios esenciales y beneficios que antes eran exclusivos para unos pocos. «El Estado de lo público se creó con la intención de poder achicar la brecha entre la clase alta y los sectores más bajos», subrayó. En la misma línea, criticó el cierre de la planta de INTA en la región, una institución que, además de impulsar la tecnología y la investigación, tenía un rol social al asistir a pequeños productores y fomentar proyectos comunitarios. «Es una cuestión política, de terminar con los derechos de las personas», sentenció Marclay. Un impacto social que se multiplica Como secretaria de Desarrollo Social, Marclay detalló cómo esta política está afectando directamente a los sectores más vulnerables. Cuestionó la decisión del gobierno de no aplicar la ley de discapacidad, revelando que en la provincia se han visto casos desgarradores de personas a las que se les ha retirado su pensión. «Uno no puede defender lo que no conoce», reflexionó, sugiriendo que el gobierno toma estas decisiones sin entender el impacto real en la vida de la gente. Además, la funcionaria expuso la situación de las tarifas de servicios públicos, señalando que en su ciudad más de 300 solicitudes de tarifa social para personas electrodependientes o de bajos recursos fueron rechazadas. Este escenario, según Marclay, contrasta con la visión de desarrollo que se promueve desde el municipio, donde se apuesta por el conocimiento y el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y las universidades. «Estas son muestras claras de que no es una cuestión económica, sino que es una cuestión pura y exclusivamente política», concluyó. El cierre de la planta de YPF y otras medidas similares reflejan una preocupante tendencia que, según Marclay, no solo afecta a los trabajadores, sino que también desmantela la red de contención social y económica que históricamente ha sostenido a la población.
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