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Fecha: 23/09/2025 11:34
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez habló en el programa La Barra de Casal y calificó como “nulo en realidad absoluta” e “inconstitucional” el reciente decreto del Poder Ejecutivo que suspende la aplicación de la ley del financiamiento a la Discapacidad aprobada por el Congreso y promulgada tras un veto previo. Según explicó, no existen antecedentes en la jurisprudencia Argentina de que un presidente decida suspender una ley ya vigente. Gil Domínguez remarcó que este accionar no solo contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —que tiene jerarquía constitucional—, sino que además abre la puerta a responsabilidades penales, políticas y judiciales para el gobierno de Javier Milei. El constitucionalista sostuvo que el decreto configura un desconocimiento frontal de la Constitución y de la división de poderes. El Poder Ejecutivo, recordó, tiene la obligación de aplicar y ejecutar las leyes sancionadas por el Congreso, especialmente aquellas que garantizan derechos a los sectores más vulnerables. Además, advirtió que la medida podría considerarse un caso de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el decreto publicado en el Boletín Oficial declara abiertamente que no se cumplirá con una ley vigente. Uno de los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo para justificar la suspensión fue la supuesta falta de financiamiento. Sin embargo, Gil Domínguez recordó que el artículo 19 de la ley faculta al jefe de Gabinete a redistribuir partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento, con la única limitación de no afectar los fondos destinados a servicios sociales. Por lo tanto, señaló, no existe vacío legal en materia de financiamiento. El abogado explicó que no había margen para que la justicia declarara la inaplicabilidad de la norma, ya que la ley atravesó dos veces el Congreso y superó el veto presidencial. Ante esa imposibilidad, el Ejecutivo habría inventado un mecanismo de “doble veto”, suspendiendo por decreto una norma vigente. Para Gil Domínguez, este hecho marca un paso más hacia un gobierno de tinte autocrático, que desconoce deliberadamente el proceso constitucional de formación de las leyes y el rol del Congreso en una república democrática. El especialista subrayó que la gravedad es doble: por un lado, desde el punto de vista formal, porque implica un atropello institucional; por otro, desde el punto de vista sustancial, porque afecta directamente a un colectivo especialmente vulnerable: las personas con discapacidad.
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