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Parana » Radio La Voz
Fecha: 21/09/2025 07:22
El nombre de Federico Uriburu, exfiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, es hoy el reflejo más crudo de un sistema que protege antes que sancionar. En septiembre de 2025, fue denunciado por abuso sexual de una adolescente y la privación ilegítima de la libertad de otras dos menores, mientras trabajaba como chofer de una aplicación. Pero su historial de denuncias no empezó ahora: es una trama de más de cinco años marcada por acosos, abusos y encubrimiento. La primera señal llegó en 2020, cuando la abogada Florencia Alberto lo denunció por acoso en un bar de Nogoyá. Poco después, sumó un episodio aún más grave: un acoso de connotación sexual, en el que Uriburu llegó a mostrarle la foto de un allanamiento para intimidarla. Ese hecho por sí solo debió haberle costado el cargo. Pero no pasó nada: entre el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García y el coordinador fiscal Jorge Gamal Taleb, la denuncia fue archivada como “absurda”. Luego, cuando fue trasladado a Rosario del Tala, el escándalo se agravó: una empleada judicial lo denunció directamente por violación y hechos gravísimos. Esa causa lo obligó a renunciar al cargo de fiscal, aunque el sistema volvió a mostrar su cara más oscura: Uriburu siguió cobrando un sueldo como empleado legislativo durante años, algo que recién se conoció públicamente tras el último episodio con las menores. La impunidad tenía firma y recibo de sueldo. Detrás de esta protección hay nombres. García conduce el Ministerio Público desde 2008 y mantiene una relación con la jueza Marcela Badano, integrante de la Cámara de Casación Penal, máximo órgano provincial de condena. Una situación polémica: el jefe de los fiscales convive con una jueza que revisa las sentencias más duras. En paralelo, Taleb consolidó poder en las jurisdicciones de Victoria–Gualeguay–Nogoyá, después de haber sido Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados en tiempos de Jorge Busti, contemporáneo al período en que se incubó el escándalo de los contratos truchos y desapareció documentación clave de la Legislatura. El saldo es claro: Un exfiscal con denuncias reiteradas de acoso, abuso y violación, que nunca pisó la cárcel. Un Procurador General que ratificó archivos incomprensibles y arrastra cuestionamientos éticos propios. Un coordinador fiscal con pasado político en la Legislatura, en los años más turbios de corrupción. La denuncia de Florencia Alberto fue la primera alarma. Lo que siguió en Tala, con una empleada judicial que habló de violación, fue la confirmación de que el problema era sistémico. Y el último caso con tres menores terminó por mostrar la obscenidad: Uriburu seguía cobrando sueldo del Estado hasta hace días. La pregunta es inevitable: ¿cuántas víctimas más se habrían salvado si el poder judicial hubiera actuado cuando correspondía?
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