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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/09/2025 19:48
El Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de La Carlota resolvió prohibir la divulgación, directa o indirecta, de cuestiones judiciales relacionadas con una niña con diagnóstico de discapacidad, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. La medida fue adoptada a raíz de la exposición mediática realizada por su progenitora y por dos personas que se presentaron como abuelos maternos de la menor en una entrevista difundida en YouTube, lo cual motivó el pedido del progenitor para evitar que se siga vulnerando la intimidad de su hija. El juez Rubén Alberto Muñoz ordenó además notificar al Ente Nacional de Control (Enacom) para que se arbitren las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la manda judicial. Al evaluar la cuestión, el magistrado destacó que pudo constatar en el material periodístico que las personas entrevistadas se atribuyeron un vínculo familiar con la niña, vínculo no acreditado en autos, y que brindaron información sobre el proceso que resultaba inexacta y errónea, ya que en nada coincidía con el decurso del proceso. Sobre esta base, entendió que la divulgación pública de tales datos configuraba una afectación directa al interés superior de la menor, dada su edad, su estado de salud y las atenciones médicas que demanda. En esa línea, subrayó que la situación de la niña encuadra en los supuestos de personas en condición de vulnerabilidad, tal como lo reconocen las Reglas de Brasilia y la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23, así como la Constitución de Córdoba en su artículo 36. El juez explicó que el planteo, aunque formulado como medida autosatisfactiva, se encuentra íntimamente vinculado con el trámite de la causa y con las particularidades del grupo familiar involucrado. Señaló que, dadas esas circunstancias, se configuran elementos suficientes para proveer favorablemente a la medida cautelar solicitada. Para fundar su decisión, destacó la aplicación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley 9944 de la Provincia de Córdoba, ambas de orden público y orientadas a garantizar la máxima satisfacción de derechos y garantías reconocidos por el sistema jurídico. Principio
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