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» Diariopinion
Fecha: 19/09/2025 17:33
La provincia de Formosa atraviesa un escenario de fuerte tensión política, con la Unión Cívica Radical (UCR) como principal fuerza opositora desplegando acciones tanto en el plano judicial como legislativo. La reciente jura de la nueva Constitución provincial y la imputación penal contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Miriam Radrizzani, han encendido el debate sobre la ética en la gestión pública y los límites de la reelección. La diputada provincial Agostina Villaggi desglosó los ejes de la estrategia radical: frenar un nuevo mandato del gobernador Gildo Insfrán y su vice, Eber Solís, y avanzar en la destitución de Radrizzani. Alternancia en el poder: la batalla por la cláusula transitoria Villaggi celebró la incorporación del artículo 156 a la nueva Constitución, que limita las reelecciones indefinidas. Para la legisladora, esta modificación «devuelve la institucionalidad a la provincia de Formosa permitiendo la alternancia en los cargos del poder ejecutivo». Sin embargo, advirtió que ese logro quedó empañado por la aprobación de la cuarta cláusula transitoria, que habilitaría una nueva postulación de Insfrán y Solís en 2027. "Nosotros no estamos de acuerdo con la incorporación de la cláusula cuarta transitoria que habilitaría un nuevo mandato más a Insfrán y a Solís", cuestionó. En ese marco, la UCR presentó un nuevo expediente para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la cláusula, además de sumar un pedido dentro del mismo proceso en el que el máximo tribunal ya se había pronunciado sobre la reelección indefinida. El objetivo, explicó Villaggi, es darle a la Corte "herramientas para que puedan expedirse dentro de ese mismo expediente". La diputada reconoció que los tiempos judiciales pueden ser extensos, pero aseguró que el radicalismo está preparado para recurrir a medidas cautelares, como ocurrió en San Juan y Tucumán, donde la Corte suspendió elecciones. "Tenemos herramientas jurídicas para que en el 2027 Insfrán y [Solís] no vuelvan a postularse para los cargos", afirmó con contundencia. El juicio político a Radrizzani: ética y moral en debate Otro de los frentes abiertos es la situación de Miriam Radrizzani, presidenta del Tribunal de Cuentas, imputada por "presunta estafa procesal". Según Villaggi, la funcionaria falsificó "instrumentos públicos para quedarse con una vivienda que no le correspondía", lo que agrava una denuncia previa de usurpación. La diputada recordó que hace tres años la UCR ya había impulsado un juicio político contra Radrizzani, pero el oficialismo bloqueó la iniciativa. Hoy, con la imputación vigente, el bloque opositor redobla su ofensiva. «Vamos a impulsar con más fuerza [el] juicio político», adelantó Villaggi, y advirtió: "Esperemos que el oficialismo no la apañe, no sean cómplices de esta maniobra defraudatoria". La legisladora cuestionó además la falta de idoneidad y conducta ética de la funcionaria: "Una persona que usurpa una vivienda que es ajena no cumple con los requisitos de idoneidad y conducta ética y moral que exige el cargo". Y concluyó con un mensaje lapidario: "Imagínate que si en el ámbito privado actúa de esta forma, no me quiero imaginar cómo debe actuar en el ámbito público". Con estas declaraciones, Villaggi dejó en claro que la UCR no solo busca impugnar un caso puntual de presunta corrupción, sino instalar en la agenda provincial un debate más amplio sobre la ética, la alternancia y la transparencia en la gestión pública.
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