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Concordia » Hora Digital
Fecha: 19/09/2025 01:43
El vocero presidencial Manuel Adorni lanzó declaraciones incendiarias este jueves, criticando el rechazo en el Congreso a vetos presidenciales. Según Adorni, "lo aprobado ayer cuesta 1,9 billones de pesos", una cifra que equivaldría a "suspender el presupuesto legislativo por 4 meses" o medidas drásticas como "subir el IVA 3%", "suspender los planes 4 meses" o eliminar "el presupuesto judicial". Estas palabras, pronunciadas en un contexto de derrotas legislativas para el Gobierno de Javier Milei, parecen más una amenaza velada que un análisis económico serio. Una retórica que ignora prioridades reales Las propuestas de Adorni no solo suenan populistas y desconectadas de la realidad social, sino que revelan una estrategia de confrontación que prioriza el ajuste fiscal sobre el bienestar ciudadano. Sugerir recortar sueldos a diputados y senadores podría interpretarse como un llamado a la austeridad, pero ignora que estos representan solo una fracción mínima del gasto público. Peor aún, amenazar con suspender planes sociales –que benefician a millones de vulnerables– o elevar el IVA, un impuesto regresivo que golpea más a los pobres, expone un cinismo político que usa la crisis como excusa para polarizar. Presión al Congreso y costos para la democracia En el marco de rechazos a leyes como las de financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y los ATN, Adorni busca presionar a legisladores preguntando si "están dispuestos a no cobrar su sueldo". Esta táctica no solo deslegitima el rol del Congreso, sino que erosiona la democracia al sugerir que el equilibrio fiscal justifica ataques a instituciones independientes como el Poder Judicial. Expertos critican esta retórica como un intento de desviar la atención de las políticas de ajuste del Gobierno, que han profundizado la recesión sin resolver la inflación. Reacciones y el impacto en la ciudadanía La oposición ya califica las declaraciones de irresponsables y demagógicas, argumentando que el verdadero costo de 1,9 billones debería provenir de combatir la evasión fiscal o recortar gastos superfluos en el Ejecutivo, no de penalizar a los más necesitados. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un panorama incierto: ¿será el Congreso el que pague el precio, o terminará el ajuste recayendo en los sectores populares? Las palabras de Adorni no inspiran confianza, sino preocupación por un Gobierno que recurre a la confrontación en lugar del diálogo.
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