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» Nova Entre Rios
Fecha: 18/09/2025 20:03
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comparó el gasto anual de la Ley de Financiamiento Universitario con recortes en planes sociales, subsidios y aumentos de impuestos. En conferencia de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni cuestionó con dureza la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo costo anual asciende a 1,9 billones de pesos. Para poner en perspectiva la magnitud del gasto, el funcionario presentó ejemplos concretos que van desde el congelamiento de programas sociales y subsidios hasta un eventual aumento del IVA. También incluyó comparaciones con el presupuesto de los poderes del Estado y criticó la reciente aprobación de la ley de emergencia pediátrica, a la que también calificó de insostenible. Manuel Adorni comparó el gasto con subsidios y planes sociales. Adorni explicó que los 1,9 billones de pesos que demanda la ley universitaria representan cifras difíciles de sostener para las arcas públicas. En ese sentido, detalló que sería lo mismo que suspender todos los planes sociales durante tres meses o eliminar los subsidios energéticos por cuatro meses. El vocero presidencial también sostuvo que este gasto se asemeja a quitar los subsidios al transporte por un año y medio, o incluso a prescindir del presupuesto completo del Poder Judicial por cinco años. “Habría que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a sus sueldos por cuatro meses para sostener la ley que ellos mismos aprobaron”, lanzó con ironía. Otro de los escenarios que planteó fue el de un aumento del IVA del 21% al 24% durante 45 días. Sobre este punto, Adorni señaló que implicaría trasladar la carga directamente a la sociedad: “Habría que ver cómo le explican a la gente que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos”, advirtió. Manuel Adorni cuestionó el impacto de la ley pediátrica. En otro tramo de la conferencia, Adorni mencionó la ley de emergencia pediátrica, que implica un gasto de 130 mil millones de pesos anuales. Según indicó, ese monto es equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses. Para el vocero, este ejemplo evidencia la contradicción de una dirigencia política que impulsa normas de alto costo sin contemplar de dónde saldrán los recursos. “La pregunta es si la casta política está dispuesta a eliminar estos beneficios para financiar una ley que ellos mismos impulsan”, subrayó. El funcionario cerró su mensaje destacando que estas comparaciones no buscan exagerar, sino dimensionar la gravedad fiscal que generan decisiones de este tipo. “Lo que se votó es un horror en términos de responsabilidad fiscal”, concluyó.
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