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Parana » Lasexta
Fecha: 18/09/2025 00:23
Un grupo de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios imputados en la causa Cuadernos se presentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 con propuestas de reparación económica para evitar el juicio, previsto para el 6 de noviembre. El debate promete ser de una magnitud inédita, con más de 600 testigos y audiencias semanales que podrían prolongarse durante años. Entre los empresarios que formularon ofrecimientos, aparece Sergio Taselli, dueño del firgorífico de Santa Elena, quien propuso pagar 14.660.000 de pesos, el aporte más bajo de la lista. El empresario aparece mencionado por Oscar Centeno -quien era chofer del exfuncionario Baratta- en el séptimo cuaderno. Lo consigna como “Gabriel Taselli”, cuando relató hechos del 2013. Allí, el chofer escribió el 31 de julio a las 13:40: “Los llevo a Baratta y Nelson al Edificio Além (Alem 855). Hablaban de Armando de 'Loxon'. Estacioné en la cochera que decía Albanesi. Ingresan al edificio por ascensor y vuelven con el bolso lleno de dinero”. Y continuaba: “Luego de ahí los llevo hasta Ferrilíneas y pasamos con el auto dos barreras hasta un amarradero de lanchas en un club náutico. Ahí en la playa de auto nos esperaban dos personas. Hablaban de Gabriel Taselli, también de un tal Saggiorato, quienes le dan una caja con dinero pero Baratta se quedó conmigo en el auto y criticaba diciendo que esos dos tipos tenían una pinta de cagadores”. UN ABOGADO QUE AHORA ES MINISTRO El empresario Taselli fue detenido en agosto de 2018 y su abogado entonces fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministerio de Justicia del gobierno de Javier Milei. Aquella vez, el letrado explicó al diario Clarín que la detención respondía la "imputación general" y a las menciones que le atribuyen en los cuadernos. "No es él el que figura en las citas y tampoco el domicilio que le atribuyen", señaló entonces el hoy funcionario. Poco después, el empresario recuperó su libertad y siete años más tarde propone una suma voluminosa de dinero para evitar el juicio. Todos los empresarios que ofrecieron plata para evitar el juicio, son: Roberto Juan Orazi, Jorge Balán, Miguel Marcelino Aznar, Carlos y Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Pablo José Gutiérrez, Adrián y Mauricio Pascucci, Mario Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Sergio Tasselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángel Jorge Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Gerardo Cartellone, Aldo Benito Roggio, Daniel Pitón, Ricardo Antonio Repetti, Jorge Neira, Osvaldo Atenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Pescarnona, Francisco Valenti, Juan Carlos y César De Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Alberto Padoan, Armando Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Gómez y Marcelo Marcuzzi. En tanto, a esa iniciativa se sumaron el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su secretario Hugo Martín Larraburu, el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Walter Rodolfo Fagyas y el exdirector de Energías Renovables de esa cartera, Fabián García Ramón. LA FISCALÍA RECHAZA EL OFRECIMIENTO El 12 de septiembre, la titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal porteños, Fabiana León, opinó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 debe rechazar, “por inadmisibles”, los ofrecimientos de reparación integral efectuados por las defensas de 47 de los empresarios y cuatro de los exfuncionarios imputados. La representante del Ministerio Público Fiscal entendió que no estaban dadas las condiciones para que se aplicara el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. Así, requirió que se mantuviera la fecha de debate -prevista para el próximo 6 de noviembre- y que se ordenara el pronto proveído de las cuestiones pendientes para poder comenzar el juicio. La fiscal destacó las particularidades de la reparación integral, contenido en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal de la Nación como mecanismo de extinción de la acción penal. Así, indicó que “el instituto presupone la existencia de una víctima concreta y un daño que sea reparable en términos mensurables”. Explicó que la extinción prevista por la norma presupone un acuerdo real con la víctima, la conformidad fiscal y la homologación de una reparación integral. “En este caso faltan los tres”, destacó León. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, puntualizó y entendió que “hay un estándar de integralidad”. “Dijimos que se exige plenitud cumplida ex ante restitución, más compensación, más satisfacción, más garantías de no repetición y acuerdo con una víctima individual. Hay un bien que es supraindividual. Se trata de hechos de cohecho activos y pasivos, de dádivas y asociación ilícita”, afirmó León. “El bien protegido es la probidad, es la transparencia, es el orden público. No hay víctima disponible, no hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. No existe una víctima con quien se pudiera transar”, recalcó la fiscalía. La fiscal general continuó su exposición señalando que “el daño no es patrimonializable; el daño erosiona la confianza pública y erosiona la legitimidad del Estado mismo, distorsiona las decisiones administrativas, las adjudicaciones, las prioridades presupuestarias, los controles, afecta la competencia, impide la igualdad de acceso a la contratación pública, frustra los fines penales que son indeclinables para esta fiscal: la verdad, la sanción y la inhabilitación”. Por ello, sostuvo que la reparación patrimonial es diferente de la reparación integral y que “no puede ser el precio de salida”. León insistió en que “pretender la extinción de estas condiciones en una causa de gran corrupción, con funcionarios, con bienes supraindividuales, significa banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. A su entender, “la reparación integral no es un derecho, tampoco es una garantía, es una forma alternativa de solución del conflicto que implica necesariamente disponer de la acción penal, solo para ciertos supuestos y que debe contar con la opinión favorable y vinculante del MPF”. “Hoy las mismas defensas invocan celeridad, años de trámite, la edad de sus asistidos, pero recién en las puertas del debate como argumento para sustituir el juicio por una reparación. Las demoras no son atribuibles al MPF. Invocar ahora la celeridad, después de años de prórrogas, de maniobras paralelas -que hemos desbaratado- es pedirle al tribunal que premie la demora con la extinción del proceso. El juicio está fijado, corresponde juzgar, no comprar tiempo ni mucho menos comprar impunidad”, sintetizó la representante del Ministerio Público Fiscal. Para León “permitir pagar para no ser juzgado quiebra la igualdad. En un sistema como se propone, se beneficia a aquellos que tienen los medios económicos para pagar”, ello por cuanto “viola todo principio de equidad y de igualdad que aquellos que tienen medios para salir, para no enfrentar el proceso, puedan hacerlo y que queden dentro aquellos que no pueden pagarlo. Es un beneficio para ricos. No puede basarse en eso una solución justa”, concluyó. LA CAUSA La causa denominada “Cuadernos de las Coimas” comenzó en 2018, cuando el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, se presentó ante el fiscal federal Carlos Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal -Oscar Centeno- había anotado los movimientos del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y de otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero. En un primer tramo de la investigación, el fiscal Stornelli pidió la elevación a juicio de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación, Julio De Vido, los funcionarios Baratta, Nestor Lazzarte, Claudio Uberti, José Francisco López, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens, Germán Ariel Nivello, los empresarios Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Luis Ferreyra y Oscar Alberto Thomas, junto al chofer Oscar Centeno, en orden al delito de asociación ilícita. Además, pidió que fueran a juicio otros empresarios que habrían pagado sobornos para ser beneficiados con contratos estatales. Luego, el fiscal amplió su acusación respecto a otros empresarios por los delitos de cohecho activo y pasivo, dación y recepción de dádivas, relacionadas con contratos energéticos, de obra pública y transporte, por el que también resultaron imputados funcionarios públicos como el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, del área de Transporte. El CASO EN LA NACIÓN +
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