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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 16/09/2025 21:52
El Gobierno de Entre Ríos reafirmó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su reclamo al Estado nacional por los excedentes de Salto Grande. Con un escrito firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la provincia busca garantizar fondos estratégicos para su desarrollo. El Gobierno de Entre Ríos confirmó este lunes la continuidad del juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes de Salto Grande. La presentación se realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. Ambos ratificaron la vigencia del acuerdo firmado en 1998, que fijó la distribución de los recursos provenientes de la represa binacional. Según datos oficiales, desde entonces la provincia recibió más de 495 millones de dólares, aunque la mayor parte se transfirió hasta 2012. A partir de ese año, un cambio en la metodología de cálculo aplicado por la Nación redujo de manera drástica los envíos. Un reclamo con respaldo normativo La reciente normativa nacional que restituye el sistema original de cálculo de precios energéticos refuerza la posición entrerriana. Para la administración provincial, esta medida constituye un argumento central para sostener la causa en la Justicia. El escrito presentado señala que los fondos reclamados son claves para garantizar obras de infraestructura, políticas de desarrollo productivo y programas sociales en Entre Ríos. La provincia insiste en que los excedentes de Salto Grande representan un derecho adquirido y no una concesión discrecional del Gobierno nacional. Fondos estratégicos para el desarrollo El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que la continuidad de la demanda responde a la necesidad de “defender los intereses de los entrerrianos y asegurar recursos que le corresponden a la provincia”. Por su parte, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes remarcó que el cumplimiento pleno del acuerdo de 1998 “permitiría restituir previsibilidad financiera y sostener proyectos estratégicos en sectores como energía, infraestructura y producción”. El caso permanece en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver sobre un conflicto que lleva más de una década y que impacta directamente en el futuro económico de Entre Ríos.
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