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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 14/09/2025 10:03
El Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, analizó en diálogo con EL ARGENTINO el estado actual de los reclamos judiciales y administrativos que la provincia sostiene frente a la Nación. Repasó la situación de la coparticipación, el Pacto Fiscal, y otros conflictos. Domingo, 14 de Septiembre de 2025, 6:27 Por Mónica Farabello En busca del Déficit Cero, el Gobierno de Javier Milei dejó de girar fondos que pertenecen histórica y legalmente a las provincias. Desde Entre Ríos, y de la mano del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se hicieron los reclamos pertinentes. Al referirse al estado de la coparticipación federal, Rodríguez Signes fue categórico: “De coparticipación, estrictamente coparticipación, es decir, la Ley 23.548, hoy no tenemos reclamos pendientes. Lo que sí está pendiente es el tema del cumplimiento de los acuerdos por la Caja de Jubilaciones, el Pacto Fiscal del 2017, que fue un pacto de la coparticipación, y también el reclamo que hicimos por los fondos de Salto Grande”. El funcionario explicó en diálogo con EL ARGENTINO cómo se originó el conflicto con la ANSES: “En la década del 90, la provincia de Entre Ríos y todas las provincias argentinas cedieron a la Nación un 15% de la coparticipación para financiar a la ANSES. En aquel momento se había creado el régimen de las AFJP, el régimen de capitalización, por lo tanto el ANSES quedó desfinanciado y el Gobierno Nacional le pidió a las provincias que aporten el 15% de la coparticipación para financiar la ANSES”. “A cambio de eso, las provincias podían transferir a la Nación las cajas de jubilaciones y las que no las transfirieran, la Nación se obligaba a financiar el déficit de las cajas de jubilación provincial. Algunas provincias transfirieron las cajas, otras no transferimos las cajas, como en el caso de Entre Ríos”. Con los años, los compromisos se prorrogaron unilateralmente: “Llegado el vencimiento del pacto fiscal de la década del 90, el Gobierno Nacional los prorrogó por ley unilateralmente, por ley nacional, y esas prórrogas fueron declaradas inconstitucionales y se llega al pacto fiscal de 2017 por el cual la Argentina, se obliga a restituir el 15% de la coparticipación y a financiar el déficit de las cajas provisionales”. Pero la obligación no se cumple en la práctica: “Nación, esa parte del convenio no la viene cumpliendo. La verdad es que no la viene cumpliendo desde el 2017, está en deuda parcial con eso, la viene cumpliendo muy a cuenta gotas, y eso hizo que en abril del 2024 el gobierno de Entre Ríos planteara la acción de cobro de pesos ante la Corte”. Actualmente, la causa está en instancia de conciliación. Y aunque no haya fecha para plantear el diálogo, Rodríguez Signes explicó que “hoy está con un pedido de audiencia de conciliación por parte de la provincia de Entre Ríos para intentar llegar a un acuerdo y que sin esperar una sentencia -que va a ser larga- se cumpla con ese pacto y se le pague a la provincia esa deuda. En un principio se calculó alrededor de 150 mil y 200 mil millones de pesos”. Los excedentes de Salto Grande Otro punto de reclamo tiene que ver con la represa de Salto Grande. Se trata de uno de los reclamos históricos que mantiene la provincia. Según Rodríguez Signes, plantearon “una demanda porque Entre Ríos, Corrientes, Misiones y el gobierno nacional hacen un acuerdo en el 1998, por el cual la Nación se obliga a transferirle a estas tres provincias los excedentes de Salto Grande. El 67,5% de los excedentes a la provincia de Entre Ríos”. “Es bastante complejo determinar qué significa excedentes, lo cierto es que a lo largo del tiempo hubo un comportamiento muy irregular de los envíos, porque entre el año 1998 y el año 2012, la Nación nos transfirió un promedio de 27 millones de dólares por año. A partir de esa fecha, a partir de 2013, cae vertiginosamente el flujo y el promedio que nos da la Nación entre 2013 y 2025 es de alrededor de seis millones de dólares”. Pero ¿A qué se debió esa caída? Según el Fiscal de Estado, “se debe a que la Nación unilateralmente modificó el precio de la energía que vende Salto Grande y modificó el cuadro regulatorio previsto en la ley 24.065. En el convenio entre, Entre Ríos y Nación, hizo en perjuicio de la provincia, cayendo a menos de un cuarto el promedio. Pero Entre Ríos llegó a recibir casi 80 millones de dólares en un momento y luego de eso cae estrepitosamente, llegamos a recibir el año pasado 638 mil dólares; menos de un millón”. Frente a esa situación, Entre Ríos mantiene su demanda en la Corte Suprema: “Planteamos con la demanda ante la Corte. La Corte hace poco nos preguntó si manteníamos interés en el pleito, porque a todo esto la Nación dictó el decreto 969, por el cual invitó a la provincia a adherirse a un sistema de cancelación de obligaciones y créditos recíprocos. Nosotros manifestamos que manteníamos el interés, el gobernador manifestó ante la Corte el interés en proseguir con el juicio, dado que hasta hoy no hay un acuerdo con la Nación. También de la misma manera que con el ANSES solicitamos una audiencia de conciliación en la Corte para intentar una instancia intermedia. En definitiva estamos muy firmes en nuestro plan”. Obra pública y relación institucional Más allá de los litigios, Rodríguez Signes se refirió al vínculo político con el Ejecutivo nacional y aseguró que “el Gobernador dio la instrucción a Fiscalía de Estado de promover las demandas cuando nosotros entendíamos que estaba el derecho del lado de la provincia, es decir, que había un incumplimiento de la Nación. Después tenemos toda una cantidad de reclamos en materia de obra pública, que también son reclamos que hizo la provincia y que se está en permanente negociación”. “Se trata de obras públicas que habían sido financiadas, contratadas por la provincia, pero financiadas por programas específicos de la Nación, programas de financiamiento. En esas obras se canceló el financiamiento; entonces la provincia reclamó, en eso se está negociando, pero ahí administrativamente, no judicial”, dijo a EL ARGENTINO. Estas obras, que incluyen a algunas de Gualeguaychú, forman parte de un listado de más de ochenta. “La circunvalación de Gualeguaychú estaba incluida. Respecto a eso, hay una permanente negociación entre las autoridades de provincial y nacional”. De todos modos, advirtió que la situación es compleja: “Yo aviso lo que se va a seguir siendo conflictivo porque hay muchos temas que resolver, cada vez aparecen más problemas que soluciones, entonces si no hay una conciliación lo veo complicado”. El caso Amarras Finalmente, Rodríguez Signes habló sobre el conflicto ambiental por el emprendimiento Amarras, en Pueblo Belgrano. El punto de inflexión fue la muerte de Julio Majul, quien se presentaba como la cabeza del litigio. Con la muerte de Majul, todo se tornó más complejo. El Fiscal explicó que “Mónica Carmona, es la fiscal que va a dialogar con la gente de Amarras, con Fiscalía de Estado, con la Municipalidad de Pueblo Belgrano y con la Municipalidad de Gualeguaychú, con todas las partes y ella representa un poco la parte del actor. No es el actor, ella lo dejó en claro, pero representa un poco el interés de la comunidad”. “El lugar que va a ocupar Carmona es una figura un poco novedosa. Es incorporar al Ministerio Público Fiscal en un amparo ambiental, pero es la solución que encontró el Superior Tribunal de Justicia para intentar resolver el caso que lleva muchos años”.
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