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Parana » Vorterix
Fecha: 12/09/2025 20:15
En Paraná se detectaron graves anomalías durante las auditorías de pensiones no contributivas por invalidez realizadas entre el 1 y el 8 de agosto por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Entre los hechos más preocupantes figura la aparición de constancias con firmas y sellos de un médico que nunca participó de las revisiones. El caso guarda similitudes con lo ocurrido en Misiones, donde el cardiólogo Leandro Peñaloza denunció que su firma y matrícula fueron utilizadas sin autorización. En la capital entrerriana también se encontraron certificados que llevaban su nombre, pese a que el profesional no intervino en el procedimiento. La presentación judicial Ante esta situación, distintos organismos provinciales y municipales presentaron una denuncia conjunta en la Justicia Federal. La acción fue impulsada por la Defensoría del Pueblo, el Órgano de Revisión de Salud Mental, profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). El planteo busca que se investigue si en Paraná se repitieron las irregularidades ya detectadas en Misiones, con el fin de determinar la existencia de posibles delitos y garantizar los derechos de los beneficiarios. Impacto en los pensionados Las irregularidades generaron gran incertidumbre entre las personas con pensiones no contributivas. Hubo casos de beneficiarios que perdieron el acceso al haber por no concurrir a las auditorías, aunque nunca recibieron la notificación correspondiente. Otros señalaron que carecían de información oficial para saber si debían presentarse o no. A esto se suma la falta de claridad en la organización: los responsables admitieron que no contaban con un padrón de citaciones y que la tarea había sido tercerizada en una consultora contratada por Andis, lo que despertó cuestionamientos sobre la seriedad del proceso. Próximos pasos Profesionales y organismos que participaron como veedores durante las jornadas de revisión remarcaron la necesidad de que la Justicia avance en la investigación. En paralelo, la Asociación de Defensorías del Pueblo gestiona una reunión con las autoridades nacionales de Andis, actualmente intervenida, para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, persisten las dudas respecto de quienes ya sufrieron la suspensión de sus pensiones y esperan una resolución que restituya sus derechos.
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