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» Solochaco
Fecha: 09/09/2025 23:01
La primera audiencia preliminar del juicio contra Ramón “Tito” López y parte de su familia estuvo atravesada por denuncias de irregularidades procesales, malas condiciones de detención y un fuerte señalamiento por discriminación. El dirigente social chaqueño está acusado de integrar una estructura delictiva dedicada al lavado de dinero y la apropiación de tierras fiscales. El proceso, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, también involucra a tres hijos de López, su nuera y el esposo de esta. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita y defraudación al Estado. La audiencia, realizada de manera virtual, comenzó con inconvenientes técnicos que alteraron el desarrollo del encuentro. «Todo es por videollamada nomás, ya ni te atienden en persona y la situación así es más difícil», se quejó López quien, además, atribuyó las trabas procesales a «ser pobre y negro «. López, visiblemente molesto, cuestionó la modalidad remota del proceso y denunció trabas judiciales por su condición social. “No es lo mismo enfrentar esto con recursos. A nosotros nos tienen así porque no somos parte del sistema”, dijo en una de sus intervenciones. El abogado defensor, Marcelino Leiva, insistió en que sus defendidos deberían esperar el juicio en libertad, pero los pedidos anteriores ya fueron rechazados. Durante su exposición, el dirigente denunció restricciones graves dentro del penal donde está alojado, incluyendo una huelga de hambre en curso en su pabellón debido a la falta de contacto con el exterior. También aseguró que hay internos enfermos que no reciben la atención adecuada. Sus hijos, también detenidos, sumaron que los controles durante las visitas familiares son excesivos y hasta humillantes. Relataron requisas invasivas y dificultades para recibir alimentos del exterior. Ante la tensión creciente, desde el juzgado se pidió mantener el orden y evitar intercambios personales durante la audiencia. Uno de los ejes principales de la causa gira en torno a la adjudicación de unas 3.000 hectáreas de tierras públicas a nombre de la familia López entre 2017 y 2022. Según la acusación, esos terrenos fueron luego cedidos a través de un fideicomiso a particulares vinculados con el negocio agropecuario, mediante contratos que facilitarían su adquisición a largo plazo. El fiscal de Estado, Roberlo Herlein, sostiene que detrás de la operatoria se oculta un esquema diseñado para beneficiar a terceros mediante la explotación de recursos públicos. Los implicados aseguran que nunca utilizaron las tierras con fines productivos y que eran terrenos abandonados sin valor económico. Sin embargo, otra causa paralela los investiga por la supuesta usurpación de 2.500 hectáreas en la zona rural de Cote Lai, donde se desarrollaban actividades ganaderas. El caso ha despertado gran interés en la provincia por el perfil político de López, referente de organizaciones sociales con fuerte presencia en el Gran Resistencia. López se dirigió brevemente a sus familiares: “Seguimos firmes. Eso es lo importante”. –Por Info Qom–
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