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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 09/09/2025 14:38
El juez federal Sebastian Casanello El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas de prueba clave en la investigación por la presunta filtración de información confidencial vinculada a un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre la empresa ZEFICO S.A., que involucra a personal del BBVA Banco Francés y a la Unidad de Información Financiera (UIF). La decisión, adoptada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 porteño, responde a la denuncia presentada por la propia UIF tras la publicación de una nota en el diario La Nación que reveló detalles reservados del ROS N° 626808089, fechado el 30 de julio de 2025. El expediente, caratulado “N.N. s/ violación de secretos”, se centra en la posible comisión de los delitos de violación de secreto particular e infracción al artículo 157 bis inciso 1 del Código Penal, que sanciona la divulgación indebida de información protegida por la Ley N° 25.246 de prevención de lavado de activos. El conflicto central de la causa radica en determinar cómo y por quién se filtró el contenido del ROS, un documento que, por ley, debe permanecer bajo estricta confidencialidad. Cómo se disparó la investigación La investigación se disparó cuando el titular de la Unidad de Información Financiera detectó que la nota periodística publicada en La Nación bajo el título “La UIF recibió un reporte por sospecha de lavado de dinero de la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado” contenía datos precisos sobre el reporte, incluyendo nombres, montos de transferencias y detalles internos de la operatoria. Según la denuncia, “...el funcionario, luego de ingresar al sistema de inteligencia financiera de UIF (Tramix), pudo verificar que efectivamente, con total certeza, la persona de marras, ZEFICO SA era sujeto de un reporte de operación sospechosa, por una operación financiera, desarrollada como cliente del banco BBVA Argentina SA, el día 30-07-2025...”. El fiscal interviniente, tras recibir las actuaciones remitidas por la UIF y constatar que las transferencias que motivaron el ROS se habrían realizado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, consideró que existían elementos de sospecha suficientes respecto a la posibilidad de que personal del BBVA podría haber sido quien divulgó a terceros la información relativa al ROS N.º 626808089 (amparada por el secreto previsto en la ley 25.246). El dictamen fiscal subrayó que la nota periodística contenía información que solo podía provenir de quienes tuvieron acceso directo al reporte, lo que motivó el pedido de medidas urgentes para preservar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables. Las órdenes del juez Unidad de Información Financiera (UIF) En respuesta, Casanello autorizó órdenes de presentación simultáneas para este martes por la mañana en las sucursales 133 y 325 del BBVA Banco Francés en Pilar y en la Casa Central de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gerentes generales y responsables de cada sede deberán entregar al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina la siguiente documentación: copia íntegra del ROS N.º 626808089, todas las actuaciones y antecedentes internos relacionados, nómina de personas que intervinieron en la confección del ROS y de quienes tuvieron acceso al mismo o a los sistemas informáticos por los que circuló, nómina de los integrantes del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo vigente a la fecha del reporte, y copia de la normativa interna sobre la instrumentación y resguardo del secreto de los ROS. El juez dispuso que, en caso de no obtener la colaboración inmediata y completa de la entidad bancaria, el personal policial queda autorizado a proceder al allanamiento de las oficinas, con habilitación de día y horario y uso de la fuerza pública si resultara estrictamente necesario. La resolución enfatiza que “la negativa de la persona no obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas”, en referencia a la obligación de firmar el acta del procedimiento, y que toda la documentación obtenida deberá ser remitida a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la investigación. El expediente revela que la firma ZEFICO S.A. fue constituida en Presidente Derqui, partido de Pilar, y que las transferencias bajo sospecha se originaron en esa jurisdicción, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pilar para ejecutar las órdenes en las sucursales locales del banco. La causa, que aún no tiene imputados individualizados, se encuentra en una etapa inicial orientada a reconstruir la cadena de acceso y custodia de la información confidencial, con el objetivo de determinar si existió una filtración dolosa desde el banco o la UIF. El juez Casanello remarcó que “las medidas solicitadas se vinculan de manera directa con el objeto procesal de la pesquisa”, y que la investigación debe cumplirse “en un todo con las disposiciones legales vigentes en los Capítulos II y III del Título III del Libro Segundo del Código Procesal Penal de la Nación”. La resolución judicial, notificada formalmente al fiscal Franco Picardi y a las autoridades del BBVA, marca un avance significativo en una causa de alto impacto institucional, donde el resguardo del secreto financiero y la integridad de los sistemas de prevención de lavado de activos quedan en el centro del debate judicial.
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