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» Elterritorio
Fecha: 04/09/2025 22:57
En el escrito de elevación a juicio, la querella pidió la detención de los implicados. “Es una falta de respeto que tengamos a estas tres personas trabajando para la Policía de Misiones, lo que pone en riesgo no sólo a la víctima y a su familia, sino también a la comunidad toda”, alertó el abogado Rafael Núñez jueves 04 de septiembre de 2025 | 19:14hs. La querella que representa los intereses de la familia de Agustín Ramírez (27), el joven obereño que padece una incapacidad del 80 por ciento a raíz de las secuelas de un accidente propiciado por una persecución policial, solicitó la elevación a juicio del expediente penal y la inmediata detención de los tres policías imputados. La presentación fue realizada esta mañana ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá por parte del abogado Rafael Núñez, quien patrocina a Carlos Ramírez y Alicia Fiege, los padres de la víctima. Para esta parte, el accionar de los policías constituye los delitos de “abandono de persona agravado por la calidad de funcionarios públicos, lesiones gravísimas calificadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello en concurso real”, por lo que podría corresponder penas de hasta más de 20 años de cárcel. “Con esta imputación tan grave y las sobradas pruebas que existen en el expediente, es una falta de respeto que tengamos a estas tres personas trabajando para la Policía de Misiones, lo que pone en riesgo no sólo a la víctima y a su familia, sino también a la comunidad toda”, alertó Núñez en diálogo con El Territorio. Los imputados con el oficial subayudante Nicolás Maximiliano Skripchuk (27), el sargento primero Ariel David Canteros (47) -quien conducía la patrulla- y la agente Camila Betiana Canteros (26). Tras permanecer dos meses detenidos y luego dos años y medio apartados de la fuerza, en febrero pasado la Jefatura de Policía levantó la disponibilidad de los tres citados y desde entonces prestan servicio en jurisdicción de Leandro N. Alem. Pericias claves El siniestro vial que se investiga, se registró el 16 de agosto de 2022, alrededor de las 21.10, sobre calle Catamarca, entre Urquiza y Quintana, en Villa Vick de Oberá. Ramírez volvía en moto de trabajar en una frutería y fue interceptado por un móvil policial, supuestamente porque tenía la luz trasera quemada, tras lo cual se inició una persecución que concluyó con el despiste del rodado menor, mientras la patrulla continúo su marcha y abandonó la escena con el joven agonizando. En el expediente está probado que el móvil del Comando Sur persiguió al motociclista sin encender la sirena, por lo que tal vez la víctima nunca supo que eran policías, lo que seguirá siendo una incógnita por su estado de discapacidad mental permanente. “En sus declaraciones indagatorias, los imputados lo único que hicieron fue tratar de entorpecer y desviar la investigación con mentiras, que después con las pericias quedaron desacreditadas. Dijeron que sólo vieron la moto pasar, cuando las pericias establecen que hubo una persecución a más de 70 kilómetros por hora”, detalló el abogado. En tanto, destacó la labor realizada por peritos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic). Al respecto, indicó: “La pericia de la Saic estableció que hubo una persecución por más de ocho cuadras, que el patrullero se estacionó al lado de la moto y que después el patrullero dio reversa y se fue, con la víctima tendida en el suelo”. “Fue una persecución totalmente ilegal” En su escrito de pedido de elevación a juicio oral y público, Núñez citó una serie de pruebas, como ser el aporte de testigos presenciales, testigos indirectos, pericias accidentológicas y otras, por lo que consideró que la instrucción está concluida. “En el expediente está acreditado que existió una persecución ilícita, maliciosa contra Agustín Ramírez por parte de un patrullero en el cual se movilizaban los tres imputados, lo cual desencadenó un accidente que le produjo lesiones gravísimas y una incapacidad superior al 80 por ciento”, indicó. En el expediente se destaca la declaración de G. O., un menor que fue testigo director del hecho. En sede judicial, contó que momentos previos su mamá le pidió que fuera a comprar a un kiosco del barrio. Fue así que vio lo que pasó: “(…) la policía venía atrás, venía cerca de la moto y la moto cayó, chocó contra un cordón y la moto voló y el chico cayó. Cuando cayó el muchacho de la moto, la policía estaba cerquita de la moto y dio marcha atrás y se fue por la derecha, por la calle Quintana. Estaba solo yo viendo cuando pasó todo, y ahí le avisé a un vecino que llame a la ambulancia”. Núñez remarcó que la patrulla “iba sin las sirenas, incumpliendo la reglamentación. Los policías reconocieron que la persecución se inició porque aparentemente le faltaba una luz trasera a la moto. No era un delito, ni estado de flagrancia, pero igual iniciaron una persecución que fue totalmente ilegal”. Además, indicó que el pedido de inmediata detención se funda en la gravedad de la imputación y la expectativa de pena, el riesgo cierto de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la causa, como ser amedrentar testigos.
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