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La Paz » Politica con vos
Fecha: 03/09/2025 08:50
Se trata de cambios introducidos en normativas que planteaban reformas estructurales en organismos y que buscaban limitar el derecho a huelga. Las medidas fueron rechazadas por el Congreso y el Gobierno se vio obligado a restituir las disposiciones. El Poder Ejecutivo decidió este miércoles restituir la vigencia de varias disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por cinco Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el presidente Javier Milei. Estas medidas fueron aprobadas originalmente gracias a las facultades delegadas que el Congreso otorgó al mandatario con la sanción de la Ley Bases. Sin embargo, en un giro político, el Parlamento rechazó estas disposiciones a mediados de agosto, lo que llevó al Poder Ejecutivo a tomar esta decisión para asegurar su continuidad. Entre las normas que se restablecieron se encuentran aquellas que habían sido modificadas por los decretos 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Estas reformas introducían cambios en áreas clave como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de reestructurar el régimen laboral de la Marina Mercante, con implicaciones sobre el derecho a huelga. La medida busca garantizar la continuidad de políticas estructurales que afectan tanto a organismos nacionales como a sectores laborales clave. Reformas en la Marina Mercante y el Sector del Transporte Uno de los decretos más relevantes de este paquete es el Decreto 628/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta normativa restituye las disposiciones afectadas por el Decreto 340/2025, que había introducido una serie de reformas en la Marina Mercante Nacional. La medida, dictada el 20 de mayo, fue promovida como parte de un esfuerzo por impulsar la competitividad y el desarrollo del sector. Entre las modificaciones más importantes se encontraba la creación de un régimen de excepción para la Marina Mercante, que incluía cambios en los permisos requeridos para los armadores de buques, y reformas en la Ley de la Navegación N° 20.094. El decreto también flexibilizaba las reglas para el servicio de cabotaje por parte de barcos de bandera extranjera, lo cual fue visto como una estrategia para abrir el mercado y aumentar la eficiencia en el transporte. Además, se declaraba de servicio esencial a la navegación por agua, tanto marítima como fluvial, para el transporte comercial de personas, mercaderías y otros servicios conexos. En este marco, en caso de conflictos laborales que afectaran estos servicios esenciales, se imponía la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación del servicio. Restitución de otros decretos y modificaciones El Decreto 627/2025, publicado también este miércoles, restituye la plena vigencia de las disposiciones normativas afectadas por los decretos 461/25, 462/25, 345/25 y 351/25. Entre las reformas introducidas por estos decretos, se destaca la disolución de varias instituciones clave, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que habían sido eliminadas por el decreto 461/25. Además, el Decreto 462/2025 establecía que tanto el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como el INTI pasaran a depender directamente de los Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, respectivamente, lo que generó preocupaciones sobre la posible politización de ambos organismos. Por otro lado, el Decreto 345/25 dispuso la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, para formar una única unidad organizativa. En cuanto al Decreto 351/25, ordenó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que pasó de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Continuidad normativa Con el rechazo del Congreso a las reformas promovidas por los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de tomar medidas para evitar un vacío legal que pudiera afectar el funcionamiento de estas políticas. Las nuevas disposiciones restablecen formalmente las normativas modificadas, ya que, según el gobierno, el rechazo del Parlamento no implica la reactivación automática de las leyes anteriores. (Clarín)
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