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» Elterritorio
Fecha: 03/09/2025 04:48
A 24 horas de haberse conocido la decisión de un juez de censurar a los medios que iban a pasar los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se expresó públicamente martes 02 de septiembre de 2025 | 13:05hs. A 24 horas de conocerse la resolución del juez Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión de una serie de audios, que tendrían a Karina Milei como protagonista y habrían sido grabados en Casa Rosada, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo de modo constante, "a todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional", según indican en un comunicado. Agregan que "la reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa". Explican en el documento que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión". Según la Asociación que nuclea a medios de todo el país, "la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto". Sostienen además que "las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública".
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