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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 03/09/2025 04:14
El Arzobispado de Paraná se pronunció sobre el apoderado legal de cuatro escuelas parroquiales de la ciudad que se quedó con una suma aproximada a los $100 millones que distrajo de recursos que giraba el Estado para abonar a la planta docente de esos colegios. “Como es de público conocimiento, y tal como hemos hecho saber en el Encuentro de Equipos Directivos de inicio de año, la justicia se encuentra investigando al señor Víctor Adrián Godoy, quien era representante legal de varias escuelas que dependen de nuestro Arzobispado”, señaló la curia. Y apuntó que la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación, por presuntas adulteraciones en las rendiciones. “El Arzobispado de Paraná se puso desde el inicio a disposición para colaborar con la Justicia. En su momento se constituyó también como querellante”, añadió. Luego, apuntó que a jueza de Garantías de Paraná Paola Firpo, dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado en el marco de la causa por el presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. “Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”, señaló. Este lunes, la jueza de Garantías Paola Firpo habilitó el levantamiento de secreto bancario para poder acceder a los movimientos de las cuentas del acusado y así observar más detalladamente la maniobra fraudulenta que se investiga, en particular si hubo otros beneficiarios. Se trata de Víctor Adrián Godoy, quien se desempeñaba como empleado del Arzobispado de Paraná con funciones de administrador y apoderado legal de las escuelas Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima. Cuando finalmente se advirtió el faltante, se radicó la denuncia en Fiscalía. Como se trata de un caso que afectaría tanto a la institución religiosa y sus escuelas como al Estado provincial, quien lleva adelante el legajo de investigación es el fiscal de causas de corrupción, Gonzalo Badano, en tanto que el abogado Leopoldo Lambruschini representa al Arzobispado en calidad de querellante. Según la imputación, Godoy se aprovechó del cargo que ocupaba y, entre el año 2019 y agosto 2024, “sustrajo fondos públicos acreditados por el Consejo General de Educación de la provincia en las cuentas bancarias de las instituciones mencionadas que tenían por destino el pago de sueldos y cargas sociales del personal”, según reflejó Análisis Digital. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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