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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/08/2025 05:22
Por Federico J. Macciocchi (*) A veces, el Poder Judicial acierta. La sentencia que resolvió el caso Trabichet c/ MRQZPABAR Desarrollos S.A. es técnicamente sólida y es justa. La jueza de 28ª Nom. en lo Civ. y Com. entendió el fondo del conflicto y no se dejó engañar por el ropaje contractual con el que la empresa pretendía disfrazar su incumplimiento. Condenó con claridad, con compromiso y con perspectiva de consumidor. En un sistema donde muchas veces se posterga al más débil, hay que decirlo, este fallo merece ser celebrado. Pero no alcanza. Es que lo que preocupa —más allá de este acierto aislado— es la estructura que permite que casos como este se multipliquen a la vista de todos, y pasen desapercibidos por la autoridad de aplicación. ¿Qué está pasando en la Dirección de Defensa del Consumidor que se le escapan elefantes del tamaño de CONOC, Márquez y Asociados, autoplanes, y tantos otros? El caso Trabichet La actora, Trabichet, firmó un contrato con Marquez y Asociados para acceder a una vivienda familiar. Una vez abonado la totalidad del contrato la empresa comenzó una serie de maniobras para evadirse de cumplir con lo convenido. Tras agotar todas las vías, Trabichet demandó la resolución del contrato por incumplimiento, el reintegro de lo abonado y un resarcimiento por daño moral. La defensa intentó escudarse en la letra del contrato. Pero la jueza —con buen tino— no convalidó ese argumento. Aplicó el derecho del consumidor, analizó el contrato como relación de consumo, destacó las prácticas abusivas y la falta de información veraz. La magistrada condenó a la empresa a devolver con intereses todo lo cobrado, más una indemnización por daño moral y aplicó una sanción punitiva por el menoscabo sufrido. El fallo fue claro: no se puede cobrar por una casa invisible y sin fecha, y después escudarse en tecnicismos. ¿Hace falta recordar que el caso CONOC acumuló un sinnúmero de imputaciones por estafa antes de que alguien desde el Estado reaccionara? ¿Que Márquez y Asociados llegó a cosechar más de 300 denuncias sin que se encendiera una sola alerta preventiva? ¿Que las empresas de autoplanes siguen operando con publicidad engañosa, fijación unilateral del precio y contratos incomprensibles, sin que la Dirección los revise? Hay una línea en común: los controles no existen hasta que alguien litiga. Y para litigar, hay que tener tiempo, abogados, recursos y temple. Es decir, el modelo funciona para que ganen siempre los mismos. Y cuando hay un fallo justo —como en Trabichet— la excepción confirma la regla. Como ya dijimos en la nota anterior La industria del silencio, hay jueces que honran su función. Pero mientras la autoridad de aplicación no actúe, el litigio llega tarde. El caso Trabichet es otra muestra: un fallo ejemplar pero cuando el daño ya está hecho. La Ley 24.240 no es un protocolo de buenas intenciones. Impone obligaciones concretas al Estado. Verificar contratos, controlar la publicidad, prevenir abusos, y sancionar para evitar que el daño se generalice. Pero nada de eso pasa. No se revisan cláusulas. No se exige claridad contractual. No se promueven acciones concretas de incidencia desde el Estado. La autoridad de aplicación no aplica nada. O llega tarde. O llega y mira por la ventana. No tiene estadísticas, ni registro de los motivos de las denuncias. Lo poco que se hace no se sistematiza. Y mientras tanto, las víctimas acumulan frustración judicial y miedo económico. Para que se entienda, no es que no se pueda actuar. Es que no se quiere. Porque cuando el negocio está en juego, el silencio se vuelve política pública. La sentencia en el caso Trabichet es valiente. Y vale más porque viene de una jueza que no hace demagogia judicial, que conoce el derecho y que entiende que no hay cláusula contractual que justifique un incumplimiento sistemático. Pero no podemos pedirle a una jueza que haga el trabajo que no hacen los organismos de control. Si el Estado sigue sin prevenir, seguiremos litigando cuando ya no queda nada para reparar. Y algún día habrá que decirlo con todas las letras, la pasividad institucional hace la estafa posible. (*) Abogado en causas ambientales de relevancia social. Docente de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental y de Derecho Público Provincial y Municipal (Facultad de Derecho – UNC). Presidente Fundación Club de Derecho.
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