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Concordia » El Heraldo
Fecha: 23/08/2025 01:27
1 / 1 La reducción drástica de las transferencias no automáticas (discrecionales) y la eliminación de fondos clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte tienen un impacto significativo en las finanzas provinciales. Estas medidas, sumadas a la política de “obra pública cero”, obligan a los gobiernos subnacionales a buscar nuevas fuentes de ingreso o a priorizar el gasto de manera más rigurosa para mantener el funcionamiento de servicios esenciales y proyectos de infraestructura. Esto se debe a que las transferencias discrecionales solían ser usadas para financiar una variedad de gastos, desde sueldos y subsidios hasta obras públicas. Ads Esta decisión consolidó una política de concentración de recursos en la Nación que intensifica el ya debilitado federalismo argentino, al desplazar el esfuerzo de ajuste hacia los distritos. El impacto se refleja en cifras contundentes que evidencian la creciente asimetría en la distribución de recursos. En 2024, las transferencias discrecionales cayeron un 75 % en términos reales, pasando de 1 % del PBI en 2023 a apenas 0,3 % del PBI, según datos oficiales y de la CTA Autónoma. En el primer cuatrimestre de 2024 la reducción ya alcanzaba el 89,5 %, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso. El mes de enero fue extremo: 98 % de caída y 13 provincias sin recibir un solo peso de estos fondos. La situación no se limitó a los envíos discrecionales. Las transferencias automáticas por coparticipación también se redujeron. En 2024 cayeron un 10 % real en promedio. En mayo de 2025, la caída interanual real fue del 26?% en todas las jurisdicciones. Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirman que los recursos de origen nacional mostraron nueve meses de caída real durante 2024, con sólo tres meses de crecimiento. En lo que va de 2025, se registró una leve mejora en los primeros meses, pero el desplome de mayo volvió a encender alarmas fiscales en las provincias. Este recorte masivo de ingresos obligó a las provincias a un ajuste de gastos incluso más severo. En promedio, las provincias redujeron sus erogaciones un 15 % real entre 2023 y 2024. La contracción afectó principalmente la obra pública, con una baja del 33 % en promedio, y los salarios públicos, que perdieron alrededor del 15 % de poder adquisitivo. Paradójicamente, el ajuste permitió que en 2024 solo cuatro provincias cerraran con déficit fiscal, contra trece del año anterior. Sin embargo, este equilibrio contable se logró a costa de paralizar inversiones, deteriorar servicios esenciales (salud, educación, etc), y profundizar tensiones sociales. Provincias como Chaco, Misiones, Tucumán y Corrientes incluso recurrieron a endeudamiento adicional, con aumentos que oscilaron entre el 14 % y el 46 %. Caso Entre Ríos: un impacto particular Según la consultora ACM, Entre Ríos registró una caída en los envíos automáticos por coparticipación equivalente a $276.648 millones en valores absolutos, lo que la ubicó como la quinta provincia más perjudicada por los recortes. La situación se agrava al observar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la provincia recibió apenas $9.800 millones, cuando de haberse aplicado el criterio de coparticipación le habrían correspondido unos $45.422 millones. En consecuencia, Entre Ríos dejó de percibir $33.622 millones que hubieran aliviado sus cuentas públicas. La dependencia estructural explica la gravedad del impacto: cerca del 80% de los ingresos provinciales provienen de la Nación a través de la coparticipación, y prácticamente ese mismo porcentaje se destina al pago de salarios. Este esquema coloca a la provincia en una situación de alta vulnerabilidad fiscal frente a la caída de la recaudación nacional. La fragilidad se reflejó con claridad en mayo de 2025, cuando la coparticipación sufrió una baja del 40% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial. Para agravar aún más el panorama, la recaudación provincial propia también cayó un 12% en términos reales durante 2024, generando un desfinanciamiento crítico que condiciona el funcionamiento del Estado provincial. Este contexto de extrema fragilidad fiscal ha obligado a la provincia de Entre Ríos a buscar soluciones de financiamiento extraordinario. Se espera que la próxima semana la legislatura entrerriana autorice un crédito por 500 millones de dólares, poniendo como garantía la propia coparticipación y la recaudación provincial. Este endeudamiento tiene como objetivo principal asegurar el financiamiento de erogaciones corrientes y evidencia el profundo debilitamiento fiscal de la provincia, que la lleva a tomar un endeudamiento que será muy difícil de poder pagar. La dependencia del 80% de transferencias nacionales y el creciente endeudamiento dejara a la provincia sin una autonomía fiscal real, condicionando su futuro financiero. La mirada de la Nación sobre las provincias Desde el Gobierno nacional, el discurso oficial sostiene que los gobernadores deben “ordenar sus cuentas” y reducir el gasto político, en línea con el ajuste planteado a nivel central. La Casa Rosada justifica los recortes como parte de una política de equilibrio fiscal indispensable para alcanzar el superávit. Sin embargo, para los gobiernos provinciales —y particularmente para los más dependientes de la coparticipación, como Entre Ríos— esta visión resulta asimétrica y desequilibrada. Si bien la Nación ha concentrado históricamente los ingresos más dinámicos y ha trasladado a las jurisdicciones la responsabilidad de la reducción del gasto, esta situación, que no fue generada por este gobierno, sí ha sido gravemente profundizada. Como resultado, las provincias se ven obligadas a garantizar servicios esenciales como educación, salud, seguridad y obra pública con recursos drásticamente limitados. La tensión es evidente: mientras la administración Milei exhibe el superávit nacional como un logro de gestión, en las provincias el ajuste se traduce en salarios docentes más bajos, transporte más caro, paralización de obras y deterioro de los servicios básicos. En la práctica podemos decir que, gran parte del ordenamiento fiscal de Nación se sostiene con el desfinanciamiento de las provincias. Este choque de perspectivas explica la creciente conflictividad política con los gobernadores, donde la pregunta central es hasta qué punto la Nación puede retener recursos sin desarticular la gobernabilidad de las provincias. La frase “el ajuste lo hacen las provincias” no es una simple consigna política, sino un diagnóstico respaldado con números. El supuesto equilibrio fiscal del gobierno nacional no se basa en un reordenamiento propio, sino que se apoya en la retención de fondos que, constitucionalmente, corresponden a los distritos provinciales. Al trasladar el peso del ajuste fiscal a quienes deben sostener la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura local, el gobierno central genera un desfinanciamiento que las provincias ya no pueden absorber. En este contexto, la conflictividad con los gobernadores no hará más que aumentar, dejando en evidencia que el ordenamiento de las cuentas de la Nación se está construyendo sobre una creciente inestabilidad política y un profundo debilitamiento de los gobiernos provinciales. Ads Ads
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