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» Diario Cordoba
Fecha: 22/08/2025 17:45
“Es una ley que está en vigor y las leyes han de cumplirse”, de esta manera contunde respondió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la intención de Baleares de recurrir ante el Tribunal Supremo y pedir la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias. “Es una ley que está en vigor y las leyes han de cumplirse y solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina, que hasta la fecha no se ha producido y que espero que no se produzca”, ahondó Bolaños cuando se le cuestionó sobre esta decision de Baleares. Una decisión que, segun justificó el portavoz del Ejecutivo de Prohens, Antoni Costa, "no responde a un problema de dinero", sino a un problema de espacios y de profesionales. "No entendemos como le cuesta tanto al Gobierno de España entender la situación dramática que vive Baleares. La ministra igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma", expuso el portavoz balear. El empleado por Bolaños fue un tono distinto al de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que llegó a hablar de “racismo” en la posición defendida por el Gobierno que preside la popular Marga Prohens. El titular de Presidencia dejó bien claro que el Ejecutivo no va a dejar pasar este órdago insular. Consideró “esencial” que ante la “presión migratoria que pueden tener algunos territorios fronterizos”, entre los que citó a las propias Illes Baleares, hay que actuar siendo “solidarios” y “poder repartir esa presión migratoria entre todos para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas, sobre todo niños y niñas que llegan a nuestro país”. Esa "insolidaridad" a la que apunta Bolaños es la misma que le afeó el gobierno canario que preside Fernando Clavijo a Baleares nada más conocerse su intención de no participar en el reparto de menores. Choque de declaraciones Precisamente, Canarias bien sabe que la cuestión migratoria, especialmente en lo que concierne a los menores, es un asunto que genera polémica política. Ahora está Baleares inmersa en ella con un cruce de acusaciones entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el Ejecutivo que lidera Marga Prohens con reproches de "racismo", "hipocresía" y falta de "solidaridad". Las costas baleares han aumentado su presión migratoria. La llegada de personas se ha multiplicado en las últimas semanas. "Estamos ante una situación nunca antes vista. Baleares se ha convertido en la principal entrada de la inmigración irregular de toda Europa", llegó a verbalizar la presidenta Prohens tras la reunión de urgencia con los cuatro presidentes de los consells insulares porque, añadió, "en lo que llevamos de año han llegado más de 4.700 migrantes, el doble de los que llegaron el año pasado a estas alturas. En estas últimas dos semanas han sido 1.500, una cifra nunca antes vista”. Esta situación ha llevado al Ejecutivo insular a avisar de que recurrirá ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas. Pero este anuncio tuvo rápida contestación por parte de Canarias tachando de “un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad” esa intención de Baleares y recordando que “no es cierto” que en estos momentos Baleares “sea la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes de África”, como apuntan desde el gobierno balear. Un paso más en la crítica a esa decisión vino de la mano de la ministra Rego, quién defendió que la actuación de Baleares "no es falta de medios, es racismo", tras recordar que el Govern que encabeza Prohens "ni siquiera acudió" a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y que tuvo que ser cancelada por falta de quorum, ante el plante de las comunidades presididas por el Partido Popular, entre las que está Baleares. Las palabras de Rego tuvieron su respuesta por parte del portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, denunciando la "hipocresía absoluta" del Gobierno Central. "Igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma", apuntó Costa, al tiempo que afirmó que el Gabinete de Pedro Sánchez "no se está preocupando por la situación de estos menores" que están llegando a las islas. "Sorprende que el Gobierno de España y una ministra que les da igual las condiciones en las que se encuentran los menores que llegan a las islas acusen de racista a nadie", denunció. En este suma y sigue de la tensión política, el ministro de Presidencia criticó la intención de Baleares de no acoger menores llegados a otras partes del territorio apelando a la Justicia. “Hay una ley que está en vigor que establece un sistema de solidaridad, de reparto de de menores migrantes en nuestro país”, recordó Bolaños, antes de puntualizar que “esa solidaridad entre territorios es lo que establece la ley, que los menores se hayan de repartir con criterios objetivos entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país”. Suscríbete para seguir leyendo
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