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  • Senado: la oposición aprobó aumentos para las universidades y el Garrahan y Milei se prepara para vetarlos

    » Infodia

    Fecha: 22/08/2025 09:24

    La Cámara Alta también derogó cinco decretos del Ejecutivo y la oposición consolidó su mayoría. “Vienen a romper el Gobierno”, advirtió el jefe de la bancada oficialista. El Senado convirtió en ley este jueves el financiamiento de las universidades nacionales y del Hospital Garrahan, mientras que dejó al presidente Javier Milei al borde de vetar nuevas normas aprobadas por el Parlamento. La ley que eleva los recursos de la educación superior se aprobó con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, y marcó otra jornada adversa para el oficialismo, ya que la oposición también derogó cinco decretos del Poder Ejecutivo. Las senadoras Andrea Cristina y Victoria Huala, junto al salteño Juan Carlos Romero, respaldaron los presupuestos que buscan mejorar los fondos de las universidades nacionales y mostraron nuevamente la capacidad de la oposición de articularse para derrotar por un amplio margen al oficialismo. “Vienen a romper el Gobierno y no les importa nada más”, cerró el debate sobre la Educación Superior el oficialista Ezequiel Atauche, que apuntó sus dardos principalmente a Unión por la Patria (UxP). Sin embargo, los radicales del bloque que preside Eduardo Vischi votaron en concordancia con el peronismo, pese a que son aliados de los libertarios. Un radical en el pasillo aclaró que no buscan “quebrar al Gobierno de Javier Milei”. Además, el resultado expresó un amplio abanico de acompañamiento al proyecto que demostró el trabajo conjunto de UxP, fuerzas provinciales y varios senadores del PRO y de la UCR durante toda la jornada de este jueves. Articularon mayorías, primero en las comisiones, y las continuaron en el recinto. A los votos del peronismo se les sumaron, para juntar 58 votos afirmativos, dos legisladores del PRO, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri, la UCR, Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, Beatriz Ávila de Tucumán, Natalia Gadano y José Carambia de Santa Cruz, Edith Terenzi de Chubut, Lucila Crexell de Neuquèn y los dos senadores por el Frente de la Concordia de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Mientras que los diez rechazos fueron de los libertarios, Carolina Losada de la UCR, Francisco Paoltroni, y dos del Pro, Martín Goerling y Carmen Álvarez Rivero. El radical Maximiliano Abad alertó sobre el debate del financiamiento universitario: “El tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas son un clásico argentino de las últimas décadas. Hoy volvemos a retroceder en lugar de avanzar. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula ni GPS: se avanza a la deriva, sin rumbo claro. La sanción de un Presupuesto es trascendental para la estabilidad institucional, el equilibrio fiscal y el financiamiento de prioridades esenciales, como la educación. Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad”. Otras voces del Senado señalaron: “La educación pública universitaria es una prioridad para este Gobierno y una herramienta importante para toda la sociedad. Cortemos con la hipocresía, se ponen la careta de la educación, pero le recortaron 70 mil millones, empiecen a decir la verdad”, dijo el oficialista Ezequiel Atauche. Por su parte, Martín Lousteau (UCR) afirmó: “No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida, y la de tu descendencia, como la educación universitaria. Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas”. Finalmente, la tucumana Beatriz Ávila sostuvo: “La Universidad Nacional de Tucumán es parte de nuestra identidad, la sentimos cercana y esta falta de financiamiento no solo afecta a docentes y a no docentes, afecta sobremanera a los estudiantes”. En un debate o en otro las mayorías se articularon para darle la espalda al Gobierno nacional. Un ejemplo fue la senadora Natalia Gadano de Por Santa Cruz, una fuerza provincial que no sigue al kirchnerismo, pero la sensibilidad de los proyectos los unió en la votación por la declaración de Emergencia pediátrica y en el financiamiento al Hospital Garrahan. “Un día muy triste que me toca vivir como senadora. Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto. El futuro de la Argentina se construye entre todos y cuidando a los más pequeños”, agregó Gadano. Los proyectos sancionados La ley de Financiamiento Universitario garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina. El Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1 de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1 mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Actualizando esas partidas de forma bimestral, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Los salarios de docentes y no docentes, el Gobierno deberá actualizarlos desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. Mientras que la sancionada ley de Emergencia en Pediatría y Residencias declara por dos años la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales, debido a la crisis que atraviesa el sistema. Uno de sus artículos recoge el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan y de otros hospitales del país. Allí se exige “la recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes”, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), equiparar esas remuneraciones al nivel de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual estimado en $133.433 millones.

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