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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 20/08/2025 02:34
El recuerdo para las víctimas de la Masacre de Fátima La dictadura estaba por cumplir cinco meses en el poder y la represión ilegal estaba en su etapa más intensa cuando la mañana del viernes 20 de agosto de 1976 los diarios argentinos llegaron a los kioscos con la noticia del asesinato, el día anterior, del general Omar Actis, presidente del Ente Autárquico Mundial ’78. El desarrollo de la información que se publicaba no era otra cosa que la versión oficial, que sostenía que el militar había muerto víctima de un atentado de Montoneros. Nada decía de lo que rumoreaban en las redacciones los periodistas bien informados: que el asesinato de Actis había que situarlo en el contexto de la sorda puja entre la Armada y el Ejército por quedarse con la organización – y los negocios – del campeonato mundial de fútbol que se realizaría en el país dos años más tarde. A esas mismas redacciones, la tarde del viernes 20 llegó otro comunicado oficial originado en el Ministerio de Interior comandado por el entonces general Albano Harguindeguy. Decía que esa mañana “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a unas treinta personas, que “habían sido dinamitados”, en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8. El informe de la usina militar decía que el gobierno repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”. La versión de los militares La versión dictatorial sobre esas muertes era tan increíble como la del asesinato de Actis. Ningún periodista que transcribiera el comunicado podía creer que algún grupo guerrillero hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Ese tipo de ejecuciones masivas no existía – ni había existido nunca – en las prácticas de las ya diezmadas organizaciones guerrilleras; en cambio, tenía todas las características de las masacres típicas de los grupos de tareas del terrorismo de Estado. Que eso no se pudiera publicar era otro cantar. La orden era difundir – a veces con cierta cosmética, otras corrigiendo horrores sintácticos – casi al pie de la letra los partes surgidos desde la Casa Rosada o cualquier otra dependencia del gobierno. Las fotos de algunas de las víctimas del crimen de la dictadura Casi al mismo tiempo el parte oficial llegaba a los diarios, camiones de la Municipalidad de Pilar retiraban los restos humanos y los llevaban a la morgue de esa localidad. Eran los restos de 20 hombres y 10 mujeres, todos con orificios de bala, la gran mayoría con las manos atadas por la espalda. En esos días, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, los otros 25 fueron llevados al Cementerio de Derqui, inhumados como NN. Pasarían años hasta que, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se pudiera identificar a la mayoría – no a todos – de los asesinados en lo que hoy se conoce como la Masacre de Fátima. En una tarea que todavía no está terminada -valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos- lograron sumar otros veinte nombres a los cinco que se conocieron desde un primer momento. Los veinticinco identificados son Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019. La noticia en los diarios de la época con la versión de la dictadura La verdad de los hechos Los hechos de Fátima habían ocurrido de manera muy diferente a la que trataba de instalar la versión de la dictadura. Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas la madrugada de ese viernes del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad. Allí funcionaba un centro clandestino de detención donde los integrantes del Grupo de Tareas 2 (GT-2) de la Federal torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros –algunos de ellos ya asesinados– y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, fue el descampado de Fátima. La verdad comenzó a salir a la luz poco después de la recuperación de la democracia, en el marco del trabajo que realizaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) creada por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, cuando algunos sobrevivientes de las mazmorras del GT-2 que habían estado detenidos desaparecidos junto con las víctimas de Fátima se presentaron para ofrecer sus testimonios. A partir de esas declaraciones, el 6 de abril de 1984, directivos de la Conadep fueron a las instalaciones de la Federal en calle Moreno junto a los sobrevivientes Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, quienes fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976. Ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y ex dirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles del “traslado”, algo que nunca pudo hacer en sede judicial porque es uno de los 30.000 desaparecidos por la dictadura. Ellos confirmaron que los veinte hombres y las diez mujeres que fueron dinamitados a las 4.30 del 20 de agosto estaban detenidos ilegalmente en la jefatura de policía. Otro testimonio decisivo fue el que brindó el ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta 30”, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio. “Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Dio también los nombres de los policías al mando: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi. La foto del lugar donde se hallaron los restos de los 30 fusilados y dinamitados por la dictadura En su declaración a la Conadep, Luchina también confirmó lo que se sabía desde el primer momento, que la masacre era “una represalia” al atentado realizado por un comando montonero del mediodía del 2 de julio de aquel 1976 contra el comedor del edificio de Moreno 1417, cuando estalló una bomba que mató a 23 policías. Otros testimonios recibidos por la Conadep revelaron que la Masacre de Fátima no fue el único hecho de venganza perpetrado con los desaparecidos en las entrañas de la sede de la jefatura de la Federal. Varios sobrevivientes contaron que unos 50 miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado del comedor. Una foto, 6 años después El 5 de octubre de 1982, cuando la dictadura ya estaba en franca retirada, los organismos de Derechos Humanos organizaron la Marcha por la Vida, que debía terminar con la llegada de los manifestantes a la Plaza de Mayo. La policía intentó impedir que ingresaran y uno de los uniformados – alto, de físico intimidante – puso el cuerpo delante de las Madres y cuando una de ellas, Susana Leguía, lo increpó, la atrajo hacia su pecho para neutralizarla. Dos fotógrafos que cubrían la marcha, Marcelo Ranea, de la agencia DyN, y Jorge Sánchez, de la estatal Télam, dispararon sus cámaras y tomaron varias fotos de la escena. Una de ellas, tomada por Ranea, fue portada de uno de los diarios del día siguiente, que la ancló con el título “Pacífica concentración en el centro”. Las tomas de Sánchez nunca fueron publicadas. La propaganda dictatorial – con el auxilio de no pocos medios de comunicación – aprovechó para mostrar esa imagen como un “abrazo” que simbolizaba la “reconciliación de los argentinos”. “La fotografía tuvo inmediata trascendencia mediática y se utilizó para sostener una supuesta política de reconciliación entre las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas represivas que, en los hechos, jamás existió”, escribió en un análisis la investigadora fotográfica Cora Gamarnik. La realidad había sido muy diferente. Eso es lo que mostraba una de las fotos tomadas por Sánchez, que la dictadura impidió publicar. En la foto del reportero gráfico de Télam, además del supuesto “abrazo” se veía como otra Madre, Nora Cortiñas, increpaba al policía que trataba de impedirles el paso. Muchos años después, Sánchez la compartió con un texto que decía: “Esta imagen la comparto hoy después que fue censurada en aquel mismo día por el presidente de la agencia Télam, el coronel (Rafael) De Piano cuando, detrás de su escritorio, sin mediar dialogo se escuchó con voz de mando: ‘Esto de acá no tiene que salir publicado por su bien y retírese’”. Sánchez fue secuestrado dos días después y fue sometido a intimidaciones, maltratos físicos y verbales hasta que lo liberaron horas más tarde. Lo que nadie sabía ese día – ni las dos Madres de Plaza de Mayo ni los fotógrafos – es quién era el policía de la foto. Se sabría recién muchos años después, cuando se lo identificó como uno de los responsables de la Masacre de Fátima, Carlos Gallone, señalado por el ex cabo Luchina como uno de los oficiales de la Federal que daban las órdenes. Las imágenes tomadas durante la Marcha de la Vida en el final de la dictadura Décadas de impunidad Hubo que esperar casi 38 años para que se hiciera parcialmente justicia por la Masacre de Fátima. En julio de 2008, tras un juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las 30 víctimas de Pilar. Lapuyole era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF. El policía del falso “abrazo” a la Madre de Plaza de Mayo murió en mayo de 2021 cuando cumplía prisión domiciliaria debido a una insuficiencia respiratoria provocada por el Covid. En cambio, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había declarado ante la Conadep en 1984. Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros” pero, aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de Videla no llegó a escuchar la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año. En cuanto al asesinato de Actis – la otra noticia relevante de esos días de agosto de 1976 – nunca se pudo identificar a sus autores materiales ni tampoco a quiénes habían dado la orden de matarlo. Lo cierto es que después de su muerte, la presidencia del Ente Autárquico Mundial 1978 quedó a cargo del general Antonio Luis Merlo, pero en los hechos la organización y los negocios montados alrededor del campeonato pasaron a manos de la Armada, manejados por el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, uno de los hombres de mayor confianza del dictador Emilio Eduardo Massera.
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