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» Voxpopuli
Fecha: 18/08/2025 08:45
La escalada de precios, impulsada por las medidas del gobierno, ha convertido el pago de la energía en una carga insoportable. En noviembre de 2023, la jubilación mínima era de $110.558 y el gasto en luz representaba el 4,72% de ese ingreso. Hoy, con una jubilación mínima de $309.293, la misma factura se lleva casi el 15% de lo que el jubilado recibe. Para aquellos con consumos más bajos, el porcentaje también se duplicó o triplicó, demostrando que el aumento de tarifas no distingue entre niveles de consumo. Ajuste y saqueo: La inflación y las jubilaciones La situación es aún más alarmante si se observa el aumento de las jubilaciones. El gobierno anunció un incremento del 1,9% para septiembre, un valor que se basa en la inflación de julio y que no compensa la pérdida acumulada de poder adquisitivo. Este aumento irrisorio llega días después de que el presidente ultraderechista vetara una ley del Congreso que buscaba mejorar los haberes, demostrando que para el gobierno de Milei, la prioridad no es el bienestar de los adultos mayores, sino el equilibrio fiscal a cualquier costo. Mientras el valor de la jubilación mínima sube a $320.220,69, el gasto en servicios sigue disparándose, perpetuando el saqueo a las pensiones y la vida digna de quienes trabajaron toda su vida. Según el informe, para el jubilado con un consumo promedio de 500 kWh, la factura de luz hoy es de unos $43.670, un monto que en 2023 era de apenas $5.219. Esta diferencia abismal ilustra la desproporción entre los ingresos y los costos de vida, obligando a los jubilados a elegir entre comer o pagar los servicios, en un escenario de ajuste salvaje que no tiene precedentes en la historia reciente. El gobierno libertario ha optado por un camino que castiga a quienes no tienen capacidad de defensa, demostrando una total falta de empatía. El veto a la ley jubilatoria y el ajuste por inflación a la baja consolidan la idea de que este sector es una variable de ajuste más en su plan fiscal. Las movilizaciones y protestas que continúan son un grito de auxilio que la administración de Milei parece decidida a ignorar.
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